Juezas y Jueces para la Democracia considera que el exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez no debió perder su escaño tras ser condenado por una patada a un policía en 2014 y considera “desproporcionada” su salida del Congreso. A juicio de la asociación progresista en ese supuesto “no cabe mantener la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo” dado que la pena de prisión fue sustituida por una multa y la inhabilitación especial “es accesoria a las penas de prisión inferiores a 10 años (...) y no a la pena de multa”.
El colectivo subraya, en todo caso, que de mantenerse la pena de inhabilitación especial era para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, “que únicamente priva al penado durante el tiempo de la condena del derecho a ser elegido para cargos públicos”. Y mantiene que no se le impuso en ningún momento la inhabilitación especial para empleo o cargo público “que produciría la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere, aunque sea electivo”. Asimismo, Juezas y Jueces para la Democracia sostiene que la ejecución de la pena de inhabilitación correspondía a la Junta Electoral Central (JEC) y no al Congreso, como así dejaba claro la parte dispositiva de la sentencia, que “obliga a notificarla” a la JEC.
En definitiva, la asociación considera la decisión de retirarle el escaño de “desproporcionada” dado “el contenido de la inhabilitación especial y la poca entidad de la pena, unido a las graves consecuencias de esas decisiones al conllevar la privación a un representante parlamentario de sus derechos políticos como legítimo representante de la soberanía popular”.
Lo cuenta Elena Herrera.