Cómo un intento fallido por terminar con el porno en internet blinda a Airbnb ante la ley

Como la pornografía, Airbnb es un negocio que gira en torno a una fantasía. El porno es un simulacro de una relación sexual; Airbnb, permite que el turista viva como un “lugareño” en una ciudad ajena. Es todo mucho más fácil y hay menos posibilidades de contraer una enfermedad venérea o de pelearse con un vecino. 

O, al menos, es más fácil para los turistas. Sin embargo, muchas ciudades se están percatando de los dolores de cabeza que causa tener visitantes de paso en barrios que hasta ahora eran residenciales y quieren terminar con esta práctica. Si bien las autoridades locales de Reikiavik, Berlín y Barcelona están tomando medidas contra Airbnb, a sus homólogos en Estados Unidos les resulta complicado impulsar normas que sean realmente efectivas.

El lunes pasado Airbnb presentó una demanda contra San Francisco ante un tribunal federal, con el fin de evitar que la ciudad apruebe una ley que pondría a esta empresa –valorada en 26.500 millones de euros– en un aprieto, ya que las casas que se anuncian en su portal podrían no cumplir con la normativa local.

Airbnb tiene su sede en San Francisco y demandar a su ciudad natal ha sido una decisión arriesgada para una empresa cuya marca promueve precisamente un sentimiento de pertenencia. Sin embargo, la mayoría de expertos legales consideran que tiene razón. Muchas normas locales garantizan los derechos de Airbnb así como una ley federal aprobada veinte años atrás y que en un inicio tenía como objetivo deshacerse de la pornografía en internet.

En verano de 1995, cuando se necesitaba al menos una hora para bajar una fotografía de un desnudo que tuviera una calidad mínimamente decente, ya no digamos un video, el senador por Nebraska James Exon pronunció un discurso ante todos los miembros del Senado de Estados Unidos y les habló de “la realidad virtual pero no virtuosa” de la pornografía por internet.

“Dios todopoderoso, señor de la vida, te alabamos por los avances de la comunicación computarizada que podemos disfrutar” indicó, tras lo cual le pidió a Dios que guiara al Senado y lo ayudara a legislar contra el material indecente que circulaba en la red, o, según sus palabras, “estudiar la forma de controlar la contaminación de las comunicaciones computarizadas”. 

La plegaria de Exon dio lugar en 1996 a la Ley de Decencia en las Comunicaciones; una ley que fue muy vilipendiada y criticada por los defensores de la libertad de opinión y por el consejo editorial de The New York Times, y que finalmente fue anulada por el Tribunal Supremo. 

Veinte años más tarde, de ese acto quijotesco de Exon y de sus esfuerzos por tener un ciberespacio divino solo queda el artículo 230 de la ley; que se introdujo en el último minuto y que se ha convertido en una pieza esencial del internet abierto y moderno.  

El artículo 230 señala que los proveedores de “servicios informáticos interactivos” no son responsables del contenido que los usuarios suben al sitio. Eso significa que Yelp no es responsable de los comentarios negativos que los usuarios puedan hacer de tu negocio y que eBay no es responsable si pujas por una gorra de béisbol y es falsa. Estos intermediarios se limitan a mantener la plataforma y sus atractivas cuentas corrientes son intocables. 

El senador Ron Wyden explica a The Guardian que él y Chris Cox, un político republicano que por aquel entonces era congresista por el condado de Orange, en California, redactaron el artículo 230 para “que Internet pudiera crecer y florecer, y evitar demandas que pudieran frenar las nuevas plataformas para el comercio, la educación y el diálogo”.

“En ese momento pensé que ese artículo podía ser útil y podía crear puestos de trabajo, pero no imaginé que podía convertirse en la piedra angular de las leyes de internet y que garantizaría la permanencia de las redes sociales y de muchos otros tipos de negocios en línea”, señala. 

En efecto, los defensores de la Red indican que el artículo 230 ha dado forma al modelo de Internet actual y ha permitido que sea diverso.

“¿Cómo sería internet en un mundo que no tuviera el artículo 230?”, se pregunta Eric Goldman, un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara: “Solo tendría anuncios. Piensen en cómo han mejorado nuestras vidas los negocios por Internet”.

La batalla contra Airbnb

Tal vez internet tiene que seguir el dictado de las leyes federales, pero los usos de un apartamento o de una casa (o de cualquier estructura o terreno) son competencia de las administraciones locales, la mayoría de las cuales prohíben o limitan los alquileres cortos.

En San Francisco, la gran mayoría de los alquileres cortos fueron ilegales hasta 2014, salvo que el anfitrión tuviera una licencia para abrir un “bed and breakfast” tradicional. Incluso después de que la ciudad legalizara los alquileres cortos, que obligaban a los anfitriones a registrarse y a seguir unas reglas determinadas, solo uno de cada cuatro personas (de las aproximadamente 7.000 que anuncian sus casas en el sitio) se inscribieron en el registro de la ciudad. Las leyes de Nueva York prohíben alquilar un apartamento por menos de 30 días, lo que significa que un porcentaje considerable de los alquileres a corto plazo de Airbnb en Nueva York, uno de sus principales mercados, también es ilegal. 

Las ciudades quieren poner fin a este tipo de prácticas y Airbnb tiene mucha información. La compañía sabe quién está alquilando su apartamento, cuándo, y descubre antes que los funcionarios quién está incumpliendo la normativa local. 

“Es lamentable que si bien Airbnb sabe que las ciudades hacen esfuerzos por mantener una política de viviendas asequibles y promueve que los inquilinos se puedan quedar en sus barrios, se niega a colaborar con las ciudades y los estados para que su plataforma no sea utilizada de forma ilegal”, indica Linda Rosenthal, de la Asamblea Estatal de Nueva York. 

 

El hecho de que Airbnb tenga la capacidad de hacer de intermediaria de la administración no significa que deba hacerlo. Como señala Lee Tien, un abogado de la Electronic Frontier Foundation.

“Siempre hemos tenido intermediarios. Mucho antes de que existiera internet, teníamos la compañía telefónica y allí era donde la policía y los reguladores intentaban obtener información”, explica Tien. 

“Imagínense qué habría pasado si la empresa hubiese sido legalmente responsable de todo lo que decían los usuarios del servicio. La salvaguarda de los intermediarios es vital para garantizar nuestro derecho a la intimidad”.

Airbnb no es la primera plataforma de internet que gana dinero con una actividad que puede llegar a ser ilegal, para consternación de los funcionarios locales. Algunos Estados han intentado poner fin a los anuncios de prostitución o la reventa de entradas en internet, y han tropezado con el artículo 230. 

“StubHub ha sido demandado un millón de veces y son muchas las personas que opinan que este portal ayuda a burlar las leyes que prohíben la reventa de entradas”, dice Tien: “Sospecho que el porcentaje de transacciones a través de StubHub que son contrarias a la ley que prohíbe la reventa de entradas es muy elevado pero no importa, ya que están protegidas por el artículo 230”. 

“La Ley de Decencia en las Comunicaciones no deja sin efecto todas las leyes relativas a los negocios por el simple hecho que estos operen en internet”, indica Matt Dorsey, responsable de prensa del fiscal de la ciudad de San Francisco, que abogará por el cumplimiento de la normativa local en una audiencia judicial que se celebrará el próximo 1 de agosto. 

Las leyes contra los negocios por internet

Mientras San Francisco se prepara para defender su ley ante un tribunal, otras ciudades intentan salir de este atolladero legal. 

El Consejo de la ciudad de Los Angeles está sopesando la aprobación de normas que obliguen a Airbnb a garantizar que las transacciones de sus usuarios sean legales. Si el juez rechaza las peticiones de la ciudad de San Francisco, muchas otras ciudades tendrán que idear otra estrategia. 

Tien señala que esta situación se repite cada vez que nace un nuevo negocio en internet. Primero sus acciones se dirigen contra la plataforma y después, cuando se percatan de que el artículo 230 los ata de pies y manos, buscan otra estrategia.

“Espero que en este caso también sea así y queden intactos aquellos valores que el artículo 230 quiere proteger”, afirma.

Traducción de Emma Reverter