La Comisión Europea señala que regular Uber es competencia de los Estados miembros

La Comisión Europea (CE) señaló hoy que las decisiones relativas a los servicios de transporte compartido no profesional como Uber recaen dentro de las competencias de los Estados miembros, después de que España pidiese a la Unión Europea (UE) que aborde esta cuestión a Veintiocho.

“Esto es una competencia nacional y no tenemos intenciones de revisarlo”, señaló a Efe el portavoz comunitario de Agenda Digital, Ryan Heath. “Los gobiernos nacionales tienen que solucionar esto por sí solos y nuestra opinión es que deberían hacerlo dando la bienvenida a la innovación”, agregó.

Heath aseguró además que la CE por el momento no ha recibido ninguna petición expresa de España de abordar esta cuestión a escala europea.

Fuentes del ministerio español de Fomento dijeron el miércoles que la ministra Ana Pastor había solicitado formalmente a los comisarios europeos de Transporte, Siim Kallas, y de Agenda Digital, Neelie Kroes, que estos nuevos sistemas se traten en el seno de la UE y sean incluidos en la agenda del próximo Consejo de ministros europeos de Transporte.

El portavoz comunitario recordó que cuando las directivas pertinentes fueron discutidas, los Veintiocho dejaron muy claro que querían mantener esta cuestión dentro de sus competencias. “Es algo que los propios Estados miembros pidieron”, subrayó, al tiempo que descartó que en la situación política actual la Comisión vaya a pedir más competencias en este sentido.

“Cuando haya una nueva comisión tendrán que preguntarles si tienen distintas prioridades, pero en este momento no es algo que estemos considerando y desde luego no es parte de nuestra reacción a las protestas de ayer”, afirmó. Heath sí dijo que la CE ha sido muy clara en todo momento al decir que las normas locales y regionales deben cumplirse.

El surgimiento de estas formas de taxi alternativo no profesional, que ponen en contacto a particulares y les ofrecen la posibilidad de compartir los gastos de viaje, ha motivado huelgas en diversas ciudades europeas, entre ellas Madrid y Barcelona.

Los taxistas profesionales consideran que se trata de una actividad ilícita y una forma de competencia desleal puesto que se realiza en la sombra sin pagar impuestos y no ofrece garantías para los consumidores.

En España, el ministerio de Fomento dijo esta semana que velará por el cumplimiento de la legislación y que quienes realicen servicios sin autorización incurrirán en una infracción muy grave sancionable con multas de entre 4.001 y 6.000 euros, que podrían aumentar hasta 18.000 en caso de reiteración.

También pueden ser sancionados los usuarios que contraten los servicios de transportistas no autorizados, con multas de entre 401 y 600 euros.