Taxistas y autobuses presionan para que Fomento endurezca el control sobre el transporte alternativo

Madrid y otras capitales europeas, como Londres, se enfrentan hoy a un paro de taxistas. La razón de su protesta: exigir la prohibición de plataformas que ponen en contacto conductores y viajeros como Uber. Bruselas ya ha expresado su reticencia en vetar este tipo de plataformas y el gremio de taxistas quieren hacer presión en cada uno de sus países para que se regule el uso de estas plataformas. En el caso de España, aunque los taxistas se rigen por muchos preceptos y licencias municipales, la regulación del Transporte Terrestre es competencia de Fomento. Además, el paro es patronal porque los dueños de las licencias son empresarios autónomos.

Precisamente, el Ministerio de Ana Pastor, emitió el lunes por la tarde una nota que pretendía aplacar los ánimos de los profesionales afectados y que ha causado el efecto contrario. En una nota de prensa, el departamento de Ana Pastor recordaba que el transporte por cuenta ajena en el que media retribución económica con lucra debe tener una licencia administrativa. En un primer momento saltaron todas las alarmas ante la posibilidad de que el aviso de Fomento no fuera solo sobre Uber sino también sobre otras plataformas de consumo colaborativo como BlaBlaCar. Sin embargo, desde el ministerio aclararaban posteriormente que los gastos compartidos no se incluían como retribución económica, por lo que el uso de estos servicios que son de encuentro pero desinteresados no se verían implicados.

Aunque los usuarios de este tipo de servicios de coche con gastos compartidos respiraron con la aclaración, la ambigüedad del aviso ha hecho saltar las alarmas en los implicados: taxistas y empresas de transporte de viajeros por carretera. Ambos colectivos, afectados por estas nuevas plataformas, creen que Fomento debe ir más allá con su advertencia.

El comunicado de Fomento se queda corto para la federación profesional de taxis de Madrid: “Nos gustaría que dijera que se prohíbe que opere tal y como está funcionando ahora”, señala Jesús Fernández, vicepresidente de la asociación. Concretamente se refieren a la aplicación Uber, que pone en contacto a conductores y viajeros para realizar trayectos. “No es solo que el taxi madrileño o español se ponga en huelga. Ya ha habido manifestaciones en Europa y en Estados Unidos, en ciudades como Seattle”, añade. Entre las razones que aducen para que se prohíba el funcionamiento de esta aplicación lista los requisitos necesarios para que un taxista pueda operar: licencia, seguro de responsabilidad civil, seguro del vehículo a todo riesgo, pasar la ITV cada seis meses, cotizar a Hacienda y a la Seguridad Social.

En Barcelona, Uber ya está disponible y los taxistas de la ciudad se muestran totalmente contrarios a su funcionamiento. Luis Berbel, presidente del Sindicato del Taxi de Catalunya (STAC) explica que su objetivo es que se elimine y desaparezca. “Estamos pidiendo la ilegalización”, señala. Berbel explica que ya existe un expediente abierto por la Generalitat para esta aplicación, pero pide que se vaya más allá. Hasta ahora, dice, si se descubre que un vehículo está prestando un servicio “ilegal” se abre un acta que se envía al departamento de transporte que es quien envía la sanción. “Queremos que se vaya más allá, que la forma de actuar sea inmovilizar el vehículo hasta que se pague la sanción”, apunta.

A última hora de la tarde, la Generalitat anunció que requerirá el cese inmediato de actividad de la aplicación móvil de transporte Uber y anunció en un comunicado la apertura de un procedimiento sancionador contra la aplicación y los conductores que prestan servicios irregulares de transporte.

Agencias de viaje clandestinas

Por su parte, Fenebus, hacía una lectura positiva sobre la nota de Fomento. La patronal de los autocares plantearon en enero una queja a Fomento por competencia desleal por Blablacar. Desde la patronal no han recibido una respuesta oficial pero interpretan que la nota del lunes es una suerte de contestación en la que se les da la razón. Desde el ministerio descartan que esto sea así y recuerdan que una queja administrativa se resuelve con una contestación administrativa.

Sin embargo, desde la patronal de autobuses, Fenebus, señalan que lo que denuncian es la “habitualidad” de los conductores que estarían ofreciendo unos servicios “ilegales” tanto para prestar como para cobrar. “Nada tenemos que objetar con que unos amigos se pongan de acuerdo para hacer un viaje”, apunta José Luis Pertierra, director de Fenebus que cree sin embargo que si hay habitualidad sí se trata de un servicio profesional encubierto. Es en esta cotidianidad donde le pueden buscar las cosquillas a la plataforma. En opinión de Pertierra, la Guardia Civil y Fomento deberían controlar este tipo de situaciones como se hizo en el pasado con los autobuses “piratas”.

eldiario.es ha hablado con un alto directivo de una empresa de autobuses que hace una interpretación matizada a la de la patronal sobre la legalidad de BlaBlaCar y las otras plataformas. En opinión de este profesional, que prefiere no revelar su nombre, el uso de un coche particular con gastos compartidos no implica ningún tipo de ilegalidad. Incluso si se han contactado por internet. Pero, la sombra que ve este ejecutivo es en la intermediación entre el viajero y el conductor. Si esa intermediación se cobra, en opinión de este profesional es que sí se estaría en una sombra de legalidad debido al lucro que se está lllevando la plataforma.

Además, desde los autocares dicen que BlaBlacar está ejerciendo como Agencia de Viajes sin serlo por lo cual también incurriría en una ilegalidad. eldiario.es se ha puesto en contacto con la patronal de agencias de viaje (CEAV) que han declinado hacer ningún comentario sobre este supuesto intrusismo.

En España, el uso de BlaBlaCar es gratuito dado que se encuentran en un periodo de lanzamiento. Sin embargo, en Francia, de donde son originarios, ofertan ya un servicio de reserva online donde sí cobran y la plataforma se lleva una comisión del 10%. Al preguntarles si cuando este modelo se implante en España podrían estar incurriendo en una ilegalidad, aseguran que no porque seguiría sin existir un beneficio para quien oferta la plaza libre. Añaden que el servicio de Blablacar es “otra realidad” diferente de a lo que se refiere Fomento. “Se establece el precio en base al kilometraje y a los peajes”, aseveran y por tanto, dicen, quien ofrece el sitio libre no estaría haciendo un negocio.

Por eso, aseguran que la advertencia del ministerio de Fomento no les afecta ya que los conductores que publican sus viajes en la plataforma no ofertan un sistema de transporte. “Publican sus viaje porque tiene asientos libres y quieren ahorrar costes compartiendo gastos”, aseguran en un comunicado de prensa.

Los consumidores piden regulación

La forma y el contexto del comunicado de Fomento no han sido “claros” para el portavoz de la asociación de usuarios FACUA, pero explica que un usuario que comparta un vehículo y los gastos del viaje no debe tener miedo de hacer algo ilegal. “Si te estás convirtiendo en un taxista o en un chófer sin licencia sí que sería ilegal”, matiza. Sánchez apunta que habría que ver cuál es la cantidad que cobra un usuario por hacer un trayecto en plataformas como Blablacar porque no es lo mismo cobrar 90 euros para un trayecto Madrid Valencia, que 30 euros. En cualquier caso, donde asegura que reside su preocupación es en cómo presta los servicios la plataforma. “La empresa no puede decir que es una mera intermediaria, es una prestataria y hay ánimo de lucro. Deberían clarificarse las obligaciones que debe complir una empresa que presta este tipo de servicios”, señala.

Dentro del apartado de transportes también se encuentra el car sharing. En este tipo de servicios, un propietario de un vehículo que no está siendo utilizado pone su anuncio en una plataforma y alguien interesado en utilizarlo lo reserva. Existe un beneficio y la plataforma se llevaría una comisión por la gestión. Es un servicio similar al que ofrecen en el sector del alojamiento plataformas como Airbnb. Dentro de este tipo de servicios, hay plataformas como Avancar que tienen la flota en propiedad y otras como Social Car donde los usuarios son quienes ofrecen sus vehículos. “El caso de Avancar sería diferente al de otras plataformas porque ellos tienen la flota en propiedad”, explica Albert Cañigueral, creador de la web consumocolaborativo.com. “Ni ellos, ni social car deberían entrar en esta categoría porque a nivel legal funcionan como un operador de coches”, apunta.

Desde el departamento de comunicación de Social Car explican que no tienen nada que ver con lo que menciona Fomento en su advertencia. “Nuestro servicio cumple con la legislación. No se alquila ningún coche que no disponga del seguro que exige la legilslació. Cumplimos con toda la legislación laboral y con la normativa fiscal porque emitimos factura e incluimos el IVA”, asegura. Areavan es un tipo más específico de car sharing porque su plataforma de intercambio se dedica únicamente a vehículos de viaje: caravanas, autocaravanas y furgonetas camper. “Nos crea cierta incertidumbre lo que ha dicho Fomento porque entendemos que en nuestra plataforma sí que existe un beneficio para quien alquila”, señala Borja Urreta, cofundador y CEO de la compañía. “Necesitamos una regulación de todo esto”, añade.