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Jugarse la vida por los derechos humanos en Colombia

Hay muchos países en los que dedicarse a la defensa de los derechos humanos se paga con la vida. Uno de ellos es Colombia y, al contrario de lo que pudiera pensarse, desde que los acuerdos de paz han estado sobre la mesa para su firma y ratificación, las cifras sobre personas defensoras asesinadas ha aumentado. Crímenes que, además, en la mayoría de los casos quedan impunes.

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Desde que los acuerdos de paz han estado sobre la mesa para su firma y ratificación, las cifras sobre personas defensoras asesinadas ha aumentado © Agencia Prensa Rural

Desde que los acuerdos de paz han estado sobre la mesa para su firma y ratificación, las cifras sobre personas defensoras asesinadas ha aumentado © Agencia Prensa Rural

El 11 de septiembre de 2016, el líder afrodescendiente Néstor Iván Martínez murió abatido a tiros por unos atacantes no identificados en el municipio de Chiriguaná, departamento del Cesar. Néstor Iván Martínez participaba activamente en campañas de defensa del medio ambiente y de los derechos sobre las tierras, y también había hecho campaña contra actividades mineras. Él es sólo uno de los muchos defensores y defensoras, líderes sociales y comunitarios que murieron el año pasado y que siguen muriendo en Colombia.

Según consta en la “Declaración de la ONU sobre los Defensores de Derechos Humanos”, del 9 de diciembre de 1998, “toda persona tiene derecho individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.  En Colombia las cifras ponen de manifiesto que las personas no pueden ejercer este derecho ni con libertad ni con garantías.

Paradójicamente, durante el mismo año en el que se firmaron los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno, fueron asesinadas 80 personas defensoras de DD.HH. y otras 49 fueron víctimas de atentados contra su vida. Los datos publicados por la ONG colombiana “Somos Defensores” en su informe anual relativo a 2016, además de ser alarmantes, suponen un incremento del 22% y 29% respectivamente respecto a los de 2015. Este incremento es aún más preocupante si tenemos en cuenta que disminuyeron los homicidios y acciones violentas en términos generales gracias al cese del fuego entre ambas partes, lo que indica que estos crímenes fueron consecuencia de ataques selectivos contra civiles concretos. Especialmente contra líderes comunitarios, activistas ambientales y en favor de los derechos sobre la tierra y contra personas que hacían campaña por la paz, la justicia y contra la impunidad, sobre todo en zonas rurales.

Emilsen Manyoma, lideresa de una comunidad afrodescendiente cuyo cadáver fue hallado junto al de su pareja el 17 de enero en Buenaventura

Emilsen Manyoma, lideresa de una comunidad afrodescendiente cuyo cadáver fue hallado junto al de su pareja el 17 de enero en Buenaventura

Y esa tendencia se mantiene en 2017. Hasta el 30 de enero, 17 nuevos casos de homicidio han sido denunciados, 10 de ellos ya confirmados. Como el de Emilsen Manyoma, lideresa de una comunidad afrodescendiente cuyo cadáver fue hallado junto al de su pareja el 17 de enero en Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca. Emilsen lideraba Conpaz, un proyecto que reúne propuestas de paz desde los territorios, y defendía los derechos de los desplazados por el narcotráfico y los paramilitares.

Los datos hablan por sí solos. En Colombia, a pesar de haberse firmado la paz, la situación de los derechos humanos sigue siendo grave aunque cada vez sea menos visible, e incluso es más preocupante y compleja debido a lo cambiante de la fisionomía de los diferentes conflictos y a los nuevos intereses subyacentes –económicos y transnacionales-. Firmada la paz con uno de los grupos guerrilleros, las FARC, la población civil, y más concretamente los líderes y activistas por los derechos, siguen siendo objeto de múltiples agresiones violentas provenientes de otros actores. En los últimos meses la mayoría de las amenazas se atribuyen a grupos paramilitares que perciben a estas personas como una amenaza para los intereses económicos y políticos de algunas personas y empresas.

En este contexto el gobierno colombiano se ha mostrado hasta ahora incapazde cumplir la obligación de defender y proteger a estas personas que luchan por  los derechos humanos.

Los peligros de ser defensor o defensora

Miembros de CONIPAZ y CIJP © Peace Presence

Miembros de CONIPAZ y CIJP © Peace Presence

Sólo por desarrollar su tarea, en Colombia, estas personas corren el riesgo de sufrir agresiones físicas, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, denuncias falsas, vigilancia o desplazamiento, entre otros peligros. Todo esto en el mejor de los casos, en el peor acaban siendo objeto de desapariciones forzadas y pagando con su vida. Los y las defensoras son los primeros en sufrir las violaciones de los derechos que ellos mismos defienden. Violaciones sistemáticas de derechos perpetradas de manera intencional y premeditada con el objetivo de desintegrar la sociedad, arrebatándole los recursos comunitarios que la estructuran y la empoderan, provocando al mismo tiempo una polarización social.

¿Por qué es importante su trabajo?
Su labor en defensa de pueblos indígenas, población afrodescendiente y comunidades campesinas desafía a poderosas élites políticas, económicas y militares y al mismo gobierno, recordándole sus obligaciones en materia de derechos humanos. Estos activistas locales son una valiosa fuente, a veces la única, de lo que realmente está sucediendo en un país como Colombia ya que son ellos y ellas quienes alertan a ONGs, medios de comunicación e instituciones internacionales sobre las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en zonas remotas.

En Colombia, en este esperanzador momento de construcción de la paz en que se encuentra inmerso todo el país, el papel de los defensores y defensoras -en situación de especial vulnerabilidad- es fundamental para que el proceso concluya con éxito. Sin embargo, parece que el gobierno no conciencia de ello: ni protege sus vidas ni logra llevar ante la justicia a los responsables de los homicidios. Protegerlos, debe ser una prioridad para las autoridades colombianas para que puedan realizar de forma libre, segura, abierta y eficaz su tarea de defensa de los derechos humanos y de representación de los miembros más desprotegidos y excluidos de la sociedad civil.

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