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De Consejo Consultivo a corte de preferidos
- La elección del Consejo Consultivo de Andalucía por la Junta, unilateral por primera vez en 25 años, es un nuevo y preocupante paso contra la pluralidad y la crítica en la comunidad de 40 años de hegemonía socialista
La renovación de 12 de los 15 miembros del Consejo Consultivo de Andalucía por el Gobierno de Susana Díaz, unilateral por primera vez desde 1993, año en que se creó, es tan grave que urge a la reflexión colectiva y, ojalá, a cambios. Consigno que mi padre, Tomás Iglesias, fue miembro del Consejo desde 1994 a su prematura muerte en 1996. Pero mi convicción sobre el valor del organismo trasciende su ejemplo de rigor y entrega. Como institución a la que el Gobierno andaluz está obligado a consultar cada ley, decreto o norma, antes de aprobarla, es una garantía para la ciudadanía.
Así que no se trata de bucear en las trayectorias de los nombrados, no es ya que Mar Moreno sea senadora socialista y ex consejera de la Junta, como Begoña Álvarez, una de las pocas no cesadas o Fernando Yélamo fuera socio del despacho del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, uno de los 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz que están siendo juzgados por los ERE. Son picos llamativos a los que se ha aferrado un PP sin credibilidad por no atajar su corrupción, patente en los juicios Gürtel o Lezo, al punto de apoyar al ex presidente Camps como “molt honorable” en el Consejo valenciano. El duro golpe para el Consejo andaluz, como institución de control y enmienda, viene del nombramiento de sus miembros a exclusiva preferencia del Gobierno poniendo en riesgo su función.
La decisión llega tras dictámenes que han incomodado al Ejecutivo:
- No sólo un voto particular de Francisco Gutiérrez (nombrado a propuesta del PP y ahora cesado) sobre el decreto para ofrecer peritos y traductores a los órganos judiciales y Fiscalía, según él, socavando la independencia con elecciones a dedo,
- Sino el freno de todo el Consejo, en noviembre, al anteproyecto de Ley de FP que PSOE y Ciudadanos llevan anunciando tres años y ahora, con correcciones a numerosos errores, la consejera Sonia Gaya, admite que tardarán tres años más en sacar,
- Y críticas a no colgar el anteproyecto de presupuestos en el portal de transparencia o a la Ley de Sostenibilidad sanitaria.
Ante ello, el Ejecutivo de Díaz se ha sacado la china del zapato y ha dejado claro a los actuales consejeros cómo actuar para acabar el mandato y renovar. Sin valorar que el Consejo o critica los fallos para que se arreglen y es útil a los ciudadanos, o será una estéril corte de aduladores.
La escandalosa noticia ha sido noticia pero no escándalo lo que es síntoma de la galopante anemia democrática en nuestro cuerpo social: en 40 años de indiscutida hegemonía socialista en el Gobierno de Andalucía, los andaluces parecemos haber interiorizado el modo en que el partido permea toda la sociedad desde la estructura de la Junta. Tanto que ya no sorprende que quiten y pongan de semejante forma.
Pero este status quo es muy nocivo. Nacemos y crecemos a la sombra de una no escrita ley de obediencia debida y en este clima, de control y crítica imposibles, vedados, la pureza de la Administración sería un milagro.
La ventaja de la epidemia de corrupción que cubre España de llagas, desde los Madrid y Valencia de omertá pepera, a la Cataluña pujolista que parecía ajena a bajezas es que ha quedado claro y demostrado qué pudre un sistema hasta que la infección es incontenible y estalla y mancha hasta la Jefatura del Estado: la sensación de impunidad que arraiga y florece allí donde un grupo cerrado manda y sabe que lo hará muchos años, tantos que parecen la eternidad y que, alrededor, el que quiera crecer, deberá callar y obedecer.
Los consejeros recién elegidos, en tanto que juristas de reconocido prestigio, deberían oponerse a que el modo en que se les designa salpique de la menor duda su capacidad y disposición a contradecir al poder del PSOE-Junta exigiendo que los nombramientos sean, al menos, como venían siendo, por consenso entre las fuerzas con representación en el Parlamento, las tres citadas, más Podemos e IU. O, si como a Juan Marín de Ciudadanos eso les parece mercadeo -aunque rige para Supremo, Constitucional, CGPJ, Tribunal de Cuentas, RTVE en su etapa más independiente-, ver alternativas: desde elección con organizaciones profesionales a concurso de méritos. Fórmulas habrá si hay voluntad.
Sigo queriendo creer que hasta en la órbita del poder hay demócratas responsables, comprometidos con sus principios al punto de decir a quien manda que no podemos seguir dando pasos hacia un sistema menos plural, transparente y democrático. Que hay que cambiar el rumbo, entre clientelista y paternalista, para vivificar un sistema que de otro modo se pudre. Pero no me engaño, de momento reina el silencio. Más afán de mantener el favor del cetro que de servicio al pueblo.
