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David Cuesta

Licenciado en Historia y Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna. Actualmente, cursa el grado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha trabajado como redactor en los periódicos La Opinión de Tenerife, El Día y La Gaceta de Canarias. Ahora ocupa el puesto de director de Informativos en la cadena regional Mírame Televisión y colabora con COPE-Canarias y Radio Club Tenerife-Cadena SER.

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Despiertos en Tindaya

“Me dicen que esa documentación no te la podemos dar”. Esta es una de las contestaciones que, con demasiada frecuencia, escuchamos en boca de los responsables de comunicación de las administraciones públicas. Eso cuando hay suerte, porque lo habitual es que recibamos un silencio por respuesta, a sabiendas de que el tiempo siempre juega en contra del periodista. Investigar y llegar al fondo de los asuntos que levantan polémica no es una tarea sencilla. En Despiertos lo hemos sufrido en todos los programas que hemos realizado desde que, hace ya un año, comenzamos en esta aventura. Y en Tindaya, como nos temíamos, las dificultades se han repetido.

En febrero, antes incluso de obtener la financiación para el cuarto capítulo, que conseguimos gracias a una intensa campaña de crowdfunding, comenzamos un trabajo de investigación y documentación periodística para adentrarnos en las entrañas de la montaña más simbólica de Fuerteventura. Hemos invertido incontables horas en hemerotecas, en archivos judiciales, en registros, en hablar con numerosas fuentes, en pedir documentación a las administraciones, en entrevistas con protagonistas… El resultado es un documental que llegará a las salas de cine este fin de semana, porque en Despiertos tenemos claro que el periodismo tiene que estar en contacto directo con la sociedad. 

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Motivos para no estar orgullosos de CEPSA

Suele ocurrir que los medios de comunicación entrevisten a directivos de grandes empresas. Es habitual que los altos cargos aprovechen estos encuentros para difundir las bondades de la entidad privada a la que representan. Si el invitado se siente cómodo, si no tiene que enfrentarse a sus contradicciones, lo normal es que termine por distorsionar la realidad. En estos casos, el ejercicio periodístico se transforma en una publicidad encubierta que el consumidor se traga con la nariz tapada.

Con la nariz tapada hay que leer la entrevista a José Manuel Fernández Sabugo, uno de los jefazos de CEPSA en Canarias, que el pasado 31 de mayo publicó Diario de Avisos. Y eso que los antecedentes prometían un desenlace distinto. El periódico que más ha informado de la contaminación de la refinería de Santa Cruz de Tenerife pregunta a uno de los máximos responsables de la petrolera. Contra todo pronóstico, el resultado es un paseo por un mundo paralelo donde nunca huele a azufre y los ciudadanos tenemos que dar palmas a la pata coja ante las constantes muestras de generosidad de la empresa. El titular es todo un acierto porque resume lo que nos vamos a encontrar si seguimos con la lectura: “CEPSA debería ser motivo de orgullo para los ciudadanos”. 

Es importante que nos adentremos en la profundidad del relato que nos brinda el entrevistado. A Fernández Sabugo le llama la atención que exista un rechazo social a la actividad de su empresa, aunque se esfuerza en asegurar que es menor de lo que puede parecer. A nadie se le escapa que una refinería en medio de una ciudad no es un generador de felicidad. CEPSA siempre lo ha sabido. Por eso ha hecho un esfuerzo ingente durante años en publicitar cualquier acto de masas. Desde patrocinar a un equipo de fútbol a ser la marca puntera del Carnaval. Es la única manera de intentar disfrazar el daño que su actividad causa al medio ambiente, patrimonio de todos, y a la salud de los seres vivos que habitan en sus alrededores. Pero la publicidad engañosa, incluidas las numerosas campañas en los medios de comunicación, no deja de ser eso, un disfraz.

No es cierto que CEPSA se plantee abandonar la capital tinerfeña porque hay un Gobierno autonómico muy malo que persigue a la compañía. Al contrario, la petrolera debería estar eternamente agradecida por el hecho de que el Ejecutivo regional históricamente haya mirado para otro lado ante los continuos incumplimientos de la refinería, que en varias ocasiones ha superado los límites legales a partir de los cuales la contaminación comienza a tener una afección directa en la salud de las personas. La Administración estaba obligada a avisar a la población, pero nunca lo hizo.

Si el Gobierno de Canarias decidió un día cerrar el puño ante CEPSA fue porque vio los dientes a los juzgados. Una denuncia de los exconcejales Guillermo Guigou y Ángel Isidro Guimerá, de Ciudadanos de Santa Cruz, desencadenó que la Fiscalía Provincial hiciera lo propio y provocase la apertura de una causa penal en la que se investiga un supuesto delito sobre el medio ambiente, con efectos en la salud humana, a raíz de las emisiones de la refinería. El miedo se instaló en el seno de la Consejería, que se puso las pilas y sacó adelante un plan para exigir a la compañía que redujese el dióxido de azufre que salía por sus chimeneas. 

Después de años de impunidad, CEPSA se enfrentó a una situación para la que no estaba preparada. La reacción de la petrolera fue echar un pulso al Gobierno, bajo el pretexto de que sus exigencias eran imposibles de cumplir, y cesó la actividad de refino, principal motivo de la contaminación. La realidad es que la empresa, si quisiera, podría cumplir la nueva normativa. Para ello solo tendría que invertir en la renovación de sus instalaciones, que se han quedado obsoletas. No olvidemos que la refinería de Tenerife fue la primera planta de estas características que la entidad puso en marcha en España, hace ya 87 años. Ha llovido mucho azufre desde entonces. Tanto como para colocar a Santa Cruz de Tenerife en el mapa de las ciudades más contaminadas de Europa.  

Fernández Sabugo reconoce parte de esta realidad cuando admite que, si encienden la maquinaria, incumplirían la normativa, algo que en el pasado no les importó mucho. Acierta también en que se ha recurrido la decisión y la cosa está pendiente de que falle la Justicia. Es llamativa la capacidad que tenemos las personas para acordarnos solo de la parte que nos interesa de una historia. Al directivo de CEPSA, por ejemplo, le resulta muy fácil hablar del contencioso abierto, pero guarda un sospechoso silencio sobre el procedimiento penal, aunque también es verdad que nadie se lo recuerda.

Tampoco es cierto que el tráfico contamine más que la refinería, a pesar de que esta afirmación se repite tanto en la pregunta como en la respuesta de Fernández Sabugo. “Si nosotros ponemos todos los coches en una esquina y la refinería en otra, yo no le tengo que decir hacia dónde se inclinaría la balanza”, afirma el entrevistado. La respuesta también está en la hemeroteca: un estudio achaca a CEPSA el 78% del azufre que respira Santa Cruz. La balanza casi tocaría el suelo por el lado de la refinería. Si le queda alguna duda al directivo de la empresa de la que todos deberíamos estar orgullosos, con la nariz tapada, la realidad demuestra que, en los dos años en que la instalación ha dejado de refinar, las emisiones de este contaminante se han reducido en el 50%.

Claro que siempre es más fácil culpar al ciudadano de la contaminación, que obviamente tiene su parte de responsabilidad, antes que cuestionar a una gran empresa que invierte mucho dinero en publicidad. Y que genera empleo estable, otro de los principales argumentos de los que intentan tapar las vergüenzas de la petrolera bajo la riqueza de su actividad. Es incuestionable que CEPSA ha sido la principal industria de Tenerife y uno de los motores del desarrollo económico de la capital. Pero hay cosas que el dinero no puede comprar.

Varios estudios científicos vinculan la contaminación de la refinería con daños a la salud de las personas, como el aumento de la mortalidad por enfermedades cardiorrespiratorias. Es muy cruel obviar este hecho, pero resulta peor el intento de enfrentar a los trabajadores con los ciudadanos que se preocupan por los efectos que provoca una actividad contaminante. No podemos vivir con la nariz tapada para evitar que el azufre se cuele en nuestro organismo.

CEPSA ha superado en numerosas ocasiones el límite horario de dióxido de azufre que se considera dañino para la salud. La barrera de por sí es bastante conservadora si se compara con las recomendaciones de la OMS, mucho más exigentes. Lo ha hecho con la complicidad de las administraciones públicas y nunca ha sido capaz de reconocer sus excesos. Las responsabilidades penales, si las hay, tendrán que ser asumidas por la petrolera ante la Justicia, pero la falta de sensibilidad social que ha demostrado la compañía es imperdonable. No, por mucho que le pese al señor Fernández Sabugo, no tenemos ningún motivo para estar orgullosos de la refinería. Por muchos equipos de fútbol y galas del Carnaval que patrocine.

De lo que debemos sentirnos orgullosos los ciudadanos es de que hayan existido políticos capaces de llevar a un gigante de la publicidad como CEPSa ante los tribunales. O de una fiscal como Inmaculada Violán, que denunció la contaminación de la refinería y se mantuvo firme cuando el juzgado archivó la causa sin haber practicado ni una sola prueba. La Audiencia Provincial aceptó su recurso y ha obligado, tras tirarle de las orejas a la jueza de turno, a que se investigue hasta el fondo el posible delito cometido por la petrolera. O de periodistas y directores de medios que rompieron la censura que rodeaba a la industria para informar de lo que era un asunto tabú. Esaú Hernández y Vicente Pérez hicieron sudar la gota gorda durante años a técnicos y asesores de comunicación de CEPSA. 

Vicente Pérez, por cierto, firma todas las noticias que he enlazado en este artículo. Todas menos la entrevista a Fernández Sabugo. Cuando Diario de Avisos, el periódico en el que trabaja, publicó las declaraciones del directivo de CEPSA, colgó en su perfil de Facebook un comentario en el que desmonta con elegancia todas las mentiras sobre la refinería. Hay compañeros que saben dónde termina su responsabilidad con la empresa que les paga y dónde empieza su deber con la sociedad que los necesita. 

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Apuntalar a los bomberos 

Deténgase un momento a observar la foto que acompaña a este artículo. Imagine ahora que ese edificio reforzado es su lugar de trabajo. Es probable que un cosquilleo de preocupación le recorra el cuerpo. Tranquilo, para eso están ahí esos puntales, para que no le caiga nada en la cabeza. ¿Y si pasara? ¿Y si hubiera algún desprendimiento y usted, por ejemplo, se quedara aislado? Pues vendrían los bomberos a rescatarlo. Pero ¿y si debajo del techo apuntalado están las personas encargadas de salvarlo?

El edificio del parque de bomberos de Santa Cruz de Tenerife tiene problemas desde hace años. Al menos desde 2010, cuando un informe reveló que era necesaria una reforma de peso en el edificio. El proyecto se hizo poco después, pero acabó en el fondo de una gaveta y ahora ha sido necesario tomar medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores. Fíjese de nuevo en la foto. La imagen que tiene delante es el reflejo de la historia de un cuerpo de seguridad que sufre un importante abandono por parte de unas administraciones públicas que, solo cuando ya no queda más remedio, empiezan a apuntalar su actitud negligente.

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Rebelión en la redacción

El político se mira al espejo por última vez, se abrocha el nudo de la corbata y sale de su despacho con la sensación de tenerlo todo controlado. Detrás de la puerta le esperan su jefe de prensa y dos de sus asesores más leales. Los cuatro bajan al mismo compás las escaleras que conducen a la habitación que habitualmente ocupan los periodistas. Al llegar a la planta baja, el asesor A empieza a darse cuenta de que algo no va bien. No se escuchan murmullos. No hay gente por los pasillos. Nada más cruzar la puerta, el peor escenario posible se presenta ante ellos. La sala está vacía.

El político mira a su jefe de prensa, que hace lo propio con el asesor A, que a su vez inclina la cabeza hacia el asesor B, que se hace el distraído con su teléfono móvil como si la situación no fuera con él. “¿Dónde se han metido los periodistas? ¿No enviaste las convocatorias?”, pregunta el importante dirigente municipal, mientras se empieza a desabrochar el nudo de la corbata. “Las envié, por supuesto. En mis 20 años de profesión, nunca había visto algo así”, replica el responsable de comunicación. Poco a poco, la sala comienza a llenarse con más personal de confianza: secretarias, directores generales, gerentes y, por supuesto, más asesores. Nadie sabe qué hacer. 

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La Fiscalía respalda el archivo de la 'telaraña' del presidente del Cabildo de La Gomera

La Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife no recurrirá el sobreseimiento provisional del caso Telaraña, por el que se investiga al presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, y a otras cinco personas. En un escrito presentado en el Juzgado de Instrucción de San Sebastián, al que ha tenido acceso mirametv.com, el Ministerio Público avala la decisión de la jueza María Lourdes Goya y rechaza las pretensiones de la acusación popular, que ha decidido mantener vivo el procedimiento en la Audiencia Provincial.

La jueza sustituta del Juzgado de Instrucción de La Gomera dictó el pasado mes de octubre el archivo provisional de la causa principal que pesa sobre Curbelo, investigado por cuatro presuntos delitos de cohecho. La acusación popular, que impulsa el exconsejero insular Pedro Medina, presentó un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra la decisión de Lourdes Goya, que tendrá que ser resuelto en última instancia por la Audiencia Provincial. En un escrito de once folios redactado por la fiscal María Farnés Martínez, la representante del Ministerio Público da marcha atrás en sus posiciones iniciales y concluye que no existen indicios suficientes para continuar con unas pesquisas que se remontan a 2010, cuando la Guardia Civil presentó la primera denuncia. 

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La mancha

El martes 9 de mayo, un avión comercial se dirigía hacia una de las conocidas como islas afortunadas. Durante la maniobra de aproximación al aeropuerto, justo en el lugar donde el mar abraza la tierra, varios pasajeros contemplaron a través de la ventanilla  algo que despertó su curiosidad. Fueron solo unos segundos, el tiempo que el aparato tardó en atravesar el corazón de Santa Cruz, pero lo suficiente como para generar un distendido debate a bordo.

“Mamá, mierda”, exclamó un niño que iba en uno de los asientos delanteros del avión. “Kevin Yeray, te he dicho varias veces que no digas esas cosas”, le replicó la madre, que levantó entonces la mirada de su revista para acercar la cabeza a la ventanilla. Al divisar la mancha, se apresuró a salir del embrollo. “Eso es chocolate, hijo. ¿No ves esa fábrica que hay detrás? Ahí se preparan las chocolatinas que nos dan las azafatas”. 

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La entrevista

En una época no muy lejana, cuando aún no había políticos condenados por corrupción en Santa Cruz de Tenerife, el director de un periódico cualquiera llama a su despacho al becario de turno para encargarle la entrevista de su vida. “Pibe, quiero que telefonees a Miguel Zerolo y quedes con él para hacerle un par de preguntas. Una fuente me ha soplado que están dando pelotazos en Las Teresitas y los bañistas están cansados de aguantar balonazos”. 

El joven, atrapado por el desconcierto, decide ponerse en contacto con el gabinete de prensa para cerrar la entrevista y, de paso, preguntar si está permitido jugar al fútbol en la playa. “¿Pelotazos? Imposible, hace tiempo que prohibimos usar balones en la arena. Por cierto, ¿usted es nuevo? No lo conozco”. El becario, después de identificarse como mandan los cánones del periodismo, consigue concertar una cita con el alcalde para la mañana siguiente. Desde el Ayuntamiento le explican que a Zerolo le cuesta madrugar, así que acuerdan verse al mediodía.

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La acusación particular pide cuatro años de cárcel para los exconcejales Parejo y Plasencia por el caso La Ninfa

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que preside el magistrado Francisco Javier Mulero, suspendió este lunes el juicio por la construcción del edificio La Ninfa, en Ifara, hasta resolver las cuestiones previas planteadas por las defensas.

En el banquillo se sientan los exconcejales Manuel Parejo y Norberto Plasencia, así como los funcionarios Víctor Reyes y José Tomás Martín. La acusación particular pide para todos ellos cuatro años de cárcel por fraude procesal. También se encuentra encartada la presidenta de la comunidad de vecinos, María Ángeles Carrillo, para quien la abogada denunciante, Rosa Sanz, solicita tres años de prisión. La Fiscalía pide la absolución de los cinco acusados.

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Hoy me acuerdo

Hoy me acuerdo de mucha gente. Personas que decidieron plantar cara a la corrupción sin medir el riesgo que conlleva chocar de frente con el poder político y económico. Sobre todo en un trozo de tierra rodeado por mar como Tenerife. Recuerdo especialmente a los perdedores, que son demasiados cuando unos pocos traman malversaciones millonarias con el dinero de todos. En la arena de Las Teresitas están enterradas tantas historias como nombres propios tiene la mayor ola criminal que se ha formado a estas orillas del Atlántico. 

Hoy me acuerdo del día en que conocí a Lola Rebrow. Su acento alemán hacía aún más apasionante su defensa de San Andrés, donde vive desde hace más de 40 años. No era para menos. Su casa de Montaña Morera desapareció del Registro de la Propiedad después de que la Junta de Compensación se la vendiera a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González en 1998. Desde entonces, no paró de luchar, ni siquiera cuando el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, le cerró la puerta en las narices a ella y al resto de vecinos expoliados de Las Huertas. Era el año 2000 y en la cocina de la Gerencia de Urbanismo se estaba preparando un pelotazo de libro. No estaba el horno como para que unos ciudadanos de segunda vinieran a fastidiar el negocio.

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Los que saben de urbanismo

El pasado viernes, en una foto sin precedentes, la plana mayor de la Administración de Justicia, en representación de todos los trabajadores, ofreció una rueda de prensa para defender que el futuro campus judicial se ubique en el centro administrativo de la capital tinerfeña. La unidad del colectivo sorprendió a propios y extraños, especialmente a los políticos que defienden trasladar la infraestructura al distrito Suroeste de Santa Cruz, a pesar de que hace unos meses esta posibilidad estaba descartada por el propio Gobierno de Canarias, que es el competente. En política hay dos formas de reaccionar a las críticas: o abres la boca para buscar el diálogo o lo haces para ponerte un cuchillo entre los dientes.

Tanto el consejero de Justicia del Gobierno regional, José Miguel Barragán (CC), como el concejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Garcinuño (PP), eligieron la segunda opción. El secretario general de los nacionalistas respondió a las críticas acusando a los trabajadores de los órganos judiciales de secuestrar la legitimidad del Ejecutivo. Jueces, fiscales, procuradores, abogados y el resto de funcionarios no tienen derecho a expresar su opinión, pese a que son los principales afectados, junto a los usuarios, por el traslado de las instalaciones judiciales a la periferia. 

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