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Periodismo a pesar de todo

Héctor Juanatey Ferreiro

Periodista. He trabajado en La Voz de Galicia, Público y La Sexta.

¿Existe Resistencia Galega o es un bulo de Gobierno?

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Una imagen del juicio a supuestos miembros de Resistencia Galega.

El 12 de septiembre de 2013, la sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a cuatro personas a penas de entre 10 y 18 años de prisión con una sentencia que, por vez primera, establecía como hecho probado que todas ellas pertenecían a una organización terrorista a la que se llamó "Resistencia Galega". 

Según el fallo, basado en informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el objetivo de esta supuesta banda armada sería el de "lograr la independencia del territorio histórico de Galicia respecto de España, subvirtiendo para ello el orden institucional, a fin de establecer unas señas de identidad gallega, en la defensa de la tierra y del medio ambiente; para lo cual justifican el empleo de la violencia contra las personas y los bienes como único medio de lograr sus propósitos".

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"Casi todos hemos caído en la trampa del miedo, del o estás conmigo o contra mí"

Aitor Merino, director de Asier ETA biok

Aitor Merino y Asier Aranguren se conocieron en 1986 en una ikastola en Pamplona cuando ambos contaban doce años. Aquel año, uno después del atentado en Hipercor, ETA había matado a 41 personas y el GAL estaba a pleno rendimiento. Asier y Aitor fueron inseparables hasta los 16 años, momento en el que se distanciaron y siguieron caminos distintos. Aitor cambió Pamplona por Madrid, donde hizo carrera como actor ( Historias del Kronen, Te doy mis ojos, etc). Asier, por su parte, continuó un camino de lucha y reivindicación política en Pamplona. Retomaron el contacto con 20 años, cuando Asier llamó a Aitor para que él y otros actores mostraran su apoyo al movimiento insumiso. Tiempo después, en marzo de 2002, Asier desapareció. Se había integrado en ETA. Fue detenido en mayo de 2003 y pasó los siguientes ocho años en prisión.


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Fotoperiodistas alertan del aumento de la represión policial contra su trabajo en las movilizaciones

Concentración de fotógrafos por la detención de un compañero (septiembre de 2010 / Juan Luis Sánchez)

"Esto parece un aviso a navegantes para los trabajadores de la información". Son cerca de las 19.00 horas de la tarde del miércoles 22 de mayo y el que habla es Rafa Mayoral, conocido por su labor como abogado en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ejerce en esta ocasión de defensor del fotoperiodista Raúl Capín, detenido este miércoles en su domicilio en Madrid, acusado de "agresión a agentes de policía" durante las protestas del pasado 23 de febrero y el 25 de abril. También ha sido detenido su compañero Adolfo Luján, acusado además de "calumnias contra los órganos públicos".

Mayoral, que no tendrá acceso a los atestados hasta este jueves, día en el que el fotoperiodista pasará a disposición judicial, asegura, no obstante, que de las preguntas que la Policía le ha hecho a su cliente "se deduce que la detención se debe a su trabajo como periodista". De hecho, prosigue, "una de las preguntas que le han hecho ha sido directamente si era periodista".

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Cañete se niega a escuchar a la pesca artesanal y sostenible

Rueda de prensa en el Arctic Sunrise, barco de Greenpeace. / Markel Redondo / Greenpeace.

Rumania, Bulgaria, Grecia, Croacia, Eslovenia, Italia, España, Francia y Reino Unido. Estos nueve países tienen en común, además de pertenecer a la Unión Europea, haber sido los lugares escogidos por Greenpeace para realizar su campaña de apoyo a la pesca sostenible que desde el pasado mes de febrero inició a bordo de uno de sus barcos, el Arctic Sunrise, en un tour que terminará en Londres el 8 de junio. 

Ocho de estos países, o sus gobiernos, para ser más exactos, comparten además el haber enviado a sus ministros de Pesca, o secretarios generales, con el fin de que se reunieran con la organización y con pescadores que practican la pesca sostenible y artesanal y de esa forma escuchar sus propuestas. Ocho. Únicamente uno de ellos rechazó, mediante el silencio, toda invitación: España. Ni el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ni cualquier otro responsable en la materia se acercaron a ninguno de los tres puertos en los que ha atracado el Arctic Sunrise en territorio español: Barcelona, Dénia, Bilbao.

¿Por qué este silencio, este rechazo a escuchar la posición de estos pescadores? Elvira Jiménez y Celia Ojeda, responsables de esta campaña de Greenpeace en España, están seguras de que se debe "a la vinculación", no solo de Cañete, sino del Gobierno, con el  lobby pesquero. “Desde el Gobierno siempre nos han dicho que ellos están en permanente contacto con la gran industria pesquera en España, y que esa industria abarca a todos los pescadores", explica Jiménez, "pero con este tour hemos demostrado que no es así, que estos pescadores se quejan de que no se les escucha ni se les tiene en cuenta”. 

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Más de 50 barcos en manifestación contra la política pesquera europea

Concentración de barcos convocada por Greenpeace frente a la costa gallega (Markel Redondo / Greenpeace)

Segundo, que practica la pesca artesanal, cree que esto, la ría de Muros-Noia frente a Gándara, es solo un recuncho [un lugar pequeño, una pizca] de Galicia, pero, aun siendo cierto, este lunes se han concentrado ahí más de medio centenar de embarcaciones pesqueras para reclamar una reforma de la Política Pesquera Común (PPC) que respete la pesca sostenible.

La concentración, promovida por Greenpeace, se enmarca en el tour que el barco de la organización Arctic Sunrise realiza por nueve países de Europa para visibilizar, apoyar y defender la pesca sostenible. En España, la embarcación, antiguamente un pesquero de focas, ya ha estado en Barcelona, Dènia, Muros y el miércoles llegará a Bilbao, donde permanecerá hasta el viernes 17, día en el que partirá hacia Francia.

La protesta, en la que se han exhibido carteles con lemas como "Cañete, no hundas la pesca europea" o "La pesca sostenible es el futuro", ha coincidido además con la reunión en Bruselas de todos los ministros de Pesca de la Unión Europea en la que han abordado los aspectos de la reforma de la PPC. Para Celia Ojeda, responsable de Océanos de Greenpeace, la acción en Galicia era "muy importante debido sobre todo al lobby potente de la Xunta de Galicia, única comunidad de España con oficina en Bruselas, que siempre ha estado del lado de la gran industria pesquera". En el encuentro de los ministros, asegura Ojeda, el ministro español de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, es el más reacio a escuchar las voces de la pesca sostenible. "Ha estado y estará siempre del lado de las grandes industrias", denuncia la responsable de Océanos de Greenpeace.

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"La rabia y el coraje de una madre son la mayor fuerza que hay"

De izquierda a derecha: Lola Onieva, Elena Ortega y Paloma Gregorio. / H.J.

En el intervalo de seis minutos, han pasado frente a la parada de autobús situada delante del número 98 de la avenida Entrevías de Vallecas, Madrid, al menos tres patrullas de la Policía Nacional. Una escena habitual en este barrio obrero madrileño.

Justo en la parte posterior del bloque del número 98, en el sótano de lo que antes era un colegio, Elena Ortega, Paloma Gregorio y Lola Onieva ultiman los preparativos de la presentación de la Asociación Madres contra la Represión, que será este domingo a las 12.00 horas. Son la presidenta, la secretaria y la vicepresidenta.

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¿Hay camino para la III República?

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Un joven ondea la bandera republicana durante una manifestación convacada en abril de 2010 en Madrid por la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo / KOTE RODRIGO (EFE)

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no pregunta a la ciudadanía por la monarquía desde octubre de 2011. Entonces, el barómetro de aquel mes reveló que la institución había suspendido, por vez primera, con un 4,89 sobre 10. 0,46 puntos menos que el 5,85 raspado del año anterior. La puntuación hoy, aunque suene a atrevimiento, sería, con toda probabilidad, inferior. ¿Por qué? En octubre de 2011, el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, aún no había sido imputado en el caso Nóos; el rey Juan Carlos no se había fracturado la cadera mientras mataba elefantes en Botsuana; el nombre y las actividades de Corinna zu Sayn-Wittgenstein apenas eran conocidas; y, sobre todo, la infanta Cristina no había sido llamada a declarar como imputada.

Dudas sobre la caída hay pocas. Aunque no haya referencias en el CIS, diferentes sondeos apuntan a su descalabro. Por ejemplo, el sondeo que publicó el diario El País en diciembre de 2011 reflejó que solo un 49% de las personas encuestadas prefería la monarquía parlamentaria como modelo de Estado, 8 puntos menos que en 2010 y 20 menos que en 2007. La misma encuesta reveló que un 37% optaba por la república, el mismo porcentaje que en 2010 y 15 puntos más que en 2007. Algo similar evidenció el diario El Mundo en un sondeo publicado en enero de este año: el 53,8% veía la monarquía como la mejor forma de Estado, seis puntos menos que en 2012, mientras un 41% opinaba lo contrario, ocho puntos más que en el primer mes del año anterior.

Esta mañana, como cada año, habrá una manifestación por las calles de Madrid para conmemorar el 82º aniversario de la proclamación de la II República. El enfoque, sin embargo, no es solo de recuerdo, sino de un impulso real por la llegada de una III República. La pregunta es: ¿es esto posible?

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El Gobierno multa a 18 participantes del escrache en la vivienda de Sáenz de Santamaría

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Escrache ante la casa de Sáenz de Santamaría / EFE

La Delegación del Gobierno en Madrid ha sancionado a 18 personas que participaron en el escrache en la vivienda de la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, promovido por la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH), han informado a eldiario.es fuentes cercanas a la delegada, Cristina Cifuentes.

Tres de las sanciones son graves, cuya multa es de 1.500 euros, y otras quince leves, con multas que oscilarán entre los 200 y los 250 euros.

Según estas fuentes, el pasado viernes la Policía identificó a 30 personas que participaron en el escrache en la casa de Sáenz de Santamaría y realizó un informe particupar de todas ellas que posteriormente envió a la Delegación del Gobierno.

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Orden de alejamiento

Les voy a contar una historia, una historia breve, no les robará mucho tiempo. De hecho, tampoco es en sí una historia, es más bien la presentación de un caso, un caso real, un caso que me pilla muy de cerca. Hay una mujer y hay un hombre, un maltratador. Un hombre que tenía una orden de alejamiento que, oh, "caducó", o eso le dijeron. Ya no estaba en vigor, vaya. Un hombre que, al "caducar", oh, su orden de alejamiento, se dirigió a la casa de esta mujer a amenazar, a intimidar, a permanecer en un coche cerca del portal esperando a quién sabe qué. O sí. Es la historia, también, de unos policías que, cuando la mujer se acercó a la comisaría a presentar, de nuevo, una denuncia, respondieron: "La orden caducó, solo puede presentar una denuncia por insultos". Por insultos, porque la orden, oh, "caducó". "No podemos hacer nada más hasta que se produzca una agresión". O, añado, hasta que el hombre, finalmente, mate a la mujer.

Nos enteramos hoy de que el Ministerio del Interior dará instrucciones a la Policía para que impida las protestas a menos de 300 metros de las viviendas de los políticos. ¿Y saben lo que me gustaría? Me gustaría llamar a esa mujer y decirle que el Ministerio del Interior ha dado instrucciones a la Policía para que impida que ese hombre se acerque a menos de 300 metros. Me gustaría llamarla y decirle que todos esos policías que custodian la sede de un partido político de unas personas a las que un día echaron de sus casas y que solo querían contar, como aquí, su historia, mantendrían su vivienda protegida. Me gustaría, también, que todos esos policías evitaran las coacciones de los grupos antiabortistas a las mujeres que acuden a clínicas que practican abortos.

Lo peor, lo que duele, lo que cabrea, lo que a veces inclina a uno a dejarse de protestas pacíficas es saber que no lo van a hacer, que todo esto les da igual.

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La PAH acerca el problema de los desahucios a la sede del PP

Asamblea de la PAH en Alonso Martínez, Madrid / H.J.

En uno de los vagones del metro que recorre la línea 2, en Madrid, entre las estaciones de Las Rosas y Cuatro Caminos, dos mujeres repasan en un móvil la oferta inmobiliaria:

- Habitación, cocina y baño por 500 euros - dice una de ellas.
- ¿Una habitación, 500 euros? - responde su acompañante, que bufa.

Las dos vienen de una asamblea de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la plaza de Alonso Martínez, cerca de la sede del Partido Popular en la calle Génova. Una asamblea que tenía previsto realizarse en las puertas de la propia sede, pero que la Policía, que identificó a la mayoría de participantes, impidió al cortar completamente la vía.

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