Rumania, Bulgaria, Grecia, Croacia, Eslovenia, Italia, España, Francia y Reino Unido. Estos nueve países tienen en común, además de pertenecer a la Unión Europea, haber sido los lugares escogidos por Greenpeace para realizar su campaña de apoyo a la pesca sostenible que desde el pasado mes de febrero inició a bordo de uno de sus barcos, el Arctic Sunrise, en un tour que terminará en Londres el 8 de junio. 

Ocho de estos países, o sus gobiernos, para ser más exactos, comparten además el haber enviado a sus ministros de Pesca, o secretarios generales, con el fin de que se reunieran con la organización y con pescadores que practican la pesca sostenible y artesanal y de esa forma escuchar sus propuestas. Ocho. Únicamente uno de ellos rechazó, mediante el silencio, toda invitación: España. Ni el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ni cualquier otro responsable en la materia se acercaron a ninguno de los tres puertos en los que ha atracado el Arctic Sunrise en territorio español: Barcelona, Dénia, Bilbao.

¿Por qué este silencio, este rechazo a escuchar la posición de estos pescadores? Elvira Jiménez y Celia Ojeda, responsables de esta campaña de Greenpeace en España, están seguras de que se debe "a la vinculación", no solo de Cañete, sino del Gobierno, con el  lobby pesquero. “Desde el Gobierno siempre nos han dicho que ellos están en permanente contacto con la gran industria pesquera en España, y que esa industria abarca a todos los pescadores", explica Jiménez, "pero con este tour hemos demostrado que no es así, que estos pescadores se quejan de que no se les escucha ni se les tiene en cuenta”. 

Segundo, que practica la pesca artesanal, cree que esto, la ría de Muros-Noia frente a Gándara, es solo un recuncho [un lugar pequeño, una pizca] de Galicia, pero, aun siendo cierto, este lunes se han concentrado ahí más de medio centenar de embarcaciones pesqueras para reclamar una reforma de la Política Pesquera Común (PPC) que respete la pesca sostenible.

La concentración, promovida por Greenpeace, se enmarca en el tour que el barco de la organización Arctic Sunrise realiza por nueve países de Europa para visibilizar, apoyar y defender la pesca sostenible. En España, la embarcación, antiguamente un pesquero de focas, ya ha estado en Barcelona, Dènia, Muros y el miércoles llegará a Bilbao, donde permanecerá hasta el viernes 17, día en el que partirá hacia Francia.

La protesta, en la que se han exhibido carteles con lemas como "Cañete, no hundas la pesca europea" o "La pesca sostenible es el futuro", ha coincidido además con la reunión en Bruselas de todos los ministros de Pesca de la Unión Europea en la que han abordado los aspectos de la reforma de la PPC. Para Celia Ojeda, responsable de Océanos de Greenpeace, la acción en Galicia era "muy importante debido sobre todo al lobby potente de la Xunta de Galicia, única comunidad de España con oficina en Bruselas, que siempre ha estado del lado de la gran industria pesquera". En el encuentro de los ministros, asegura Ojeda, el ministro español de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, es el más reacio a escuchar las voces de la pesca sostenible. "Ha estado y estará siempre del lado de las grandes industrias", denuncia la responsable de Océanos de Greenpeace.

En el intervalo de seis minutos, han pasado frente a la parada de autobús situada delante del número 98 de la avenida Entrevías de Vallecas, Madrid, al menos tres patrullas de la Policía Nacional. Una escena habitual en este barrio obrero madrileño.

Justo en la parte posterior del bloque del número 98, en el sótano de lo que antes era un colegio, Elena Ortega, Paloma Gregorio y Lola Onieva ultiman los preparativos de la presentación de la Asociación Madres contra la Represión, que será este domingo a las 12.00 horas. Son la presidenta, la secretaria y la vicepresidenta.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no pregunta a la ciudadanía por la monarquía desde octubre de 2011. Entonces, el barómetro de aquel mes reveló que la institución había suspendido, por vez primera, con un 4,89 sobre 10. 0,46 puntos menos que el 5,85 raspado del año anterior. La puntuación hoy, aunque suene a atrevimiento, sería, con toda probabilidad, inferior. ¿Por qué? En octubre de 2011, el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, aún no había sido imputado en el caso Nóos; el rey Juan Carlos no se había fracturado la cadera mientras mataba elefantes en Botsuana; el nombre y las actividades de Corinna zu Sayn-Wittgenstein apenas eran conocidas; y, sobre todo, la infanta Cristina no había sido llamada a declarar como imputada.

Dudas sobre la caída hay pocas. Aunque no haya referencias en el CIS, diferentes sondeos apuntan a su descalabro. Por ejemplo, el sondeo que publicó el diario El País en diciembre de 2011 reflejó que solo un 49% de las personas encuestadas prefería la monarquía parlamentaria como modelo de Estado, 8 puntos menos que en 2010 y 20 menos que en 2007. La misma encuesta reveló que un 37% optaba por la república, el mismo porcentaje que en 2010 y 15 puntos más que en 2007. Algo similar evidenció el diario El Mundo en un sondeo publicado en enero de este año: el 53,8% veía la monarquía como la mejor forma de Estado, seis puntos menos que en 2012, mientras un 41% opinaba lo contrario, ocho puntos más que en el primer mes del año anterior.

Esta mañana, como cada año, habrá una manifestación por las calles de Madrid para conmemorar el 82º aniversario de la proclamación de la II República. El enfoque, sin embargo, no es solo de recuerdo, sino de un impulso real por la llegada de una III República. La pregunta es: ¿es esto posible?

La Delegación del Gobierno en Madrid ha sancionado a 18 personas que participaron en el escrache en la vivienda de la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, promovido por la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH), han informado a eldiario.es fuentes cercanas a la delegada, Cristina Cifuentes.

Tres de las sanciones son graves, cuya multa es de 1.500 euros, y otras quince leves, con multas que oscilarán entre los 200 y los 250 euros.

Según estas fuentes, el pasado viernes la Policía identificó a 30 personas que participaron en el escrache en la casa de Sáenz de Santamaría y realizó un informe particupar de todas ellas que posteriormente envió a la Delegación del Gobierno.

Les voy a contar una historia, una historia breve, no les robará mucho tiempo. De hecho, tampoco es en sí una historia, es más bien la presentación de un caso, un caso real, un caso que me pilla muy de cerca. Hay una mujer y hay un hombre, un maltratador. Un hombre que tenía una orden de alejamiento que, oh, "caducó", o eso le dijeron. Ya no estaba en vigor, vaya. Un hombre que, al "caducar", oh, su orden de alejamiento, se dirigió a la casa de esta mujer a amenazar, a intimidar, a permanecer en un coche cerca del portal esperando a quién sabe qué. O sí. Es la historia, también, de unos policías que, cuando la mujer se acercó a la comisaría a presentar, de nuevo, una denuncia, respondieron: "La orden caducó, solo puede presentar una denuncia por insultos". Por insultos, porque la orden, oh, "caducó". "No podemos hacer nada más hasta que se produzca una agresión". O, añado, hasta que el hombre, finalmente, mate a la mujer.

Nos enteramos hoy de que el Ministerio del Interior dará instrucciones a la Policía para que impida las protestas a menos de 300 metros de las viviendas de los políticos. ¿Y saben lo que me gustaría? Me gustaría llamar a esa mujer y decirle que el Ministerio del Interior ha dado instrucciones a la Policía para que impida que ese hombre se acerque a menos de 300 metros. Me gustaría llamarla y decirle que todos esos policías que custodian la sede de un partido político de unas personas a las que un día echaron de sus casas y que solo querían contar, como aquí, su historia, mantendrían su vivienda protegida. Me gustaría, también, que todos esos policías evitaran las coacciones de los grupos antiabortistas a las mujeres que acuden a clínicas que practican abortos.

Lo peor, lo que duele, lo que cabrea, lo que a veces inclina a uno a dejarse de protestas pacíficas es saber que no lo van a hacer, que todo esto les da igual.

En uno de los vagones del metro que recorre la línea 2, en Madrid, entre las estaciones de Las Rosas y Cuatro Caminos, dos mujeres repasan en un móvil la oferta inmobiliaria:

- Habitación, cocina y baño por 500 euros - dice una de ellas.
- ¿Una habitación, 500 euros? - responde su acompañante, que bufa.

Las dos vienen de una asamblea de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la plaza de Alonso Martínez, cerca de la sede del Partido Popular en la calle Génova. Una asamblea que tenía previsto realizarse en las puertas de la propia sede, pero que la Policía, que identificó a la mayoría de participantes, impidió al cortar completamente la vía.

La Comisión Legal de Acampada Sol, Madrid, ha presentado la segunda denuncia en ocho meses contra la sistemática falta de identificación de agentes de la Policía Nacional. Tras una primera delación en mayo de 2012, los abogados del 15M han reiterado la acusación al estimar que "ni los responsables políticos ni policiales han hecho nada para cambiar esta situación y mucho menos iniciado un procedimiento disciplinario alguno contra ningún agente de Policía por estos hechos". El objetivo, el mismo: sancionar a los agentes de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado que en las distintas movilizaciones de los últimos meses han actuado sin identificarse y también a sus responsables directos, que, según Legal Sol, han consentido esta "infracción disciplinaria".

Como ya hicieron la anterior vez, la denuncia se ha acompañado de fotografías de al menos treinta y cinco actuaciones policiales en diferentes días que atestiguan esta falta, "una práctica habitual, reiterada, consentida y conocida por la opinión pública", aplicada de diferentes formas: ausencia de número identificativo, número tachado o borroso, número invertido o número tapado bajo chaleco anti-trauma.

Este incumplimiento de la norma, explican en el texto, "no solo ha supuesto una infracción grave en el ejercicio de sus funciones por parte de dichos funcionarios, sino lo que es más importante, ha impedido, frente a actuaciones que podrían ser constitutivas de delito o falta, la posibilidad de perseguirse, imputarse y sancionarse -como se hace respecto del resto de la ciudadanía- delitos o faltas, quedando por tal motivo impunes y colocando en una situación de absoluta indefensión a la víctima de los mismos".

"La propuesta de ley del PP es una ofensa. No recoge ninguno de los puntos mínimos de la ILP --dación en pago retroactiva, paralización de todos los desahucios y alquiler social-- ni da solución a los problemas. Nos deja francamente escandalizados". La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Ada Colau no vacila: la proposición de ley del Partido Popular, que fusiona el proyecto del inicial del Gobierno con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) hipotecaria, "es un fracaso anunciado".

Para Colau, el PP ha hecho, al final del proceso, "la propuesta del caos". De tres tipos de caos: económico, social y judicial. Económico porque, ha asegurado la portavoz de la PAH, el Gobierno está "demasiado preocupado por lo que dicen las entidades financieras y no se da cuenta de que el país no saldrá de esta situación si condenan a cientos de miles de personas a la exclusión social"; social por la espera de estas cientos de miles de personas afectadas; y judicial porque "si no hay una salida política se buscarán soluciones por la vía judicial, lo que provocará el colapso de los juzgados".

La portavoz de la PAH ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa conjunta con el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio Fernández Toxo, y el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez, con el objetivo de valorar el final de un proceso, el de la ILP hipotecaria, iniciado hace dos años y medio. Un curso en el que, según Colau, "la ciudadanía se ha convertido en pionera en la detención del problema, su visibilización y ha sido la que ha propuesto soluciones, no las administraciones ni el Gobierno, que han preferido dar la espalda".

Dos años después, el colectivo Juventud sin Futuro volverá a manifestarse un 7 de abril. Si en 2011 marcharon contra la precariedad laboral, el paro y la privatización de la educación, el próximo domingo lo harán para denunciar "la situación de exilio forzoso de la juventud precaria", que consideran, según un editorial publicado en su página web hace apenas unas semanas, "un auténtico drama para quien lo emprende, porque está rodeado de falsos mitos y mentiras sobre lo que de verdad supone".

La movilización, aunque sirva para conmemorar los dos años del colectivo, se trata sin embargo de la segunda fase de su campaña "No nos vamos, nos echan". Eduardo Fernández Rubiño, portavoz de Juventud sin Futuro, lo explica: "En un primer momento realizamos el mapa del exilio [cuenta ya con más de 7000 historias] y, una vez hecho, hemos conseguido los contactos suficientes para organizar una movilización global el día 7. La elección del día responde a que el año pasado recibimos muchos mensajes de gente que nos pedía organizar algo el mismo día que hicimos la primera manifestación en 2011. Es una fecha simbólica. Ha quedado muy marcada".