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Focos

Román Rodríguez

Diputado en el Parlamento de Canarias por parte del parte que preside, Nueva Canarias y ex presidente del Gobierno de Canarias entre 1999 y 2003.

Gobierno en minoría y sin resultados

El recién celebrado debate sobre la nacionalidad canaria ha confirmado que Canarias tiene un Gobierno precario, en minoría, con escaso apoyo parlamentario y social. Con un presidente que acudió al mismo con pocos resultados que mostrar y tuvo que recurrir a la presentación de planes de futuro, casi como si se tratara de una investidura. Con una oposición plural que es hoy mayoría y que, a través de decenas de propuestas de resolución aprobadas, marcó la agenda del Ejecutivo en muy variados asuntos.

El debate confirmó la parálisis en los asuntos que dependen del Gobierno: la sanidad, la educación y los servicios sociales. Lo que llevó hace una semanas a la mayoría del Parlamento, a todos los grupos menos el de CC, a marcarle, a través de una moción, un listado de deberes sobre cómo debe abordarse la grave crisis de la sanidad, con actuaciones concretas sobre mejora de la asistencia sanitaria, propuestas sobre personal del Servicio Canario de la Salud (SCS), planificación, organización y gestión y, especialmente, medidas dirigidas a garantizar la suficiencia financiera.

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Brufau, el imperio contraataca

El comportamiento muy habitual de algunas corporaciones económicas multinacionales les sitúa por encima de los intereses de la mayoría y de los estados donde intervienen. Les coloca, por tanto, por encima de la democracia y de los derechos de los pueblos. Se limitan a extraer beneficios de unos recursos naturales que no les pertenecen y a causar daños medioambientales irreversibles, sin que en muchas ocasiones las poblaciones locales se vean beneficiadas en modo alguno. Tenemos ejemplos de ello en numerosos países de distintas zonas del mundo.

En ese marco, en esa mentalidad, en esa práctica devastadora, en ese nulo respeto a los pueblos y sus instituciones; podemos enmarcar las recientes e insultantes declaraciones del presidente de Repsol Antonio Brufau que, una vez más, han causado un profundo rechazo e indignación en Canarias.

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Sanidad canaria, hay soluciones (y 2)

En un primer artículo analicé los principales problemas que afectan a la sanidad canaria y que concentran las reiteradas quejas de profesionales y usuarios. Asimismo, desarrollé una parte del conjunto de medidas urgentes que Nueva Canarias (NC) ha planteado en el Parlamento para comenzar a revertir la actual situación. Presentada esta semana como moción, incluyendo interesantes aportaciones de otros grupos,  obtuvo el apoyo de PSOE, PP, Podemos y ASG, más de dos tercios de la Cámara. Solo CC se abstuvo. La moción aborda cuatro grandes bloques: mejorar la asistencia sanitaria –ya analizado en la primera toma-, propuestas sobre personal del Servicio Canario de a Salud (SCS), planificación, organización y gestión y, por último, garantizar la suficiencia financiera. 

Respecto al personal del SCS, consideramos esencial actualizar las plantillas orgánicas, incorporando a los más de 2.300 eventuales que se han consolidado en la estructura asistencial en los últimos años y que realizan su tarea en condiciones de precariedad. Su actual situación genera disfunciones en la gestión de los recursos humanos, en los derechos de los trabajadores y en la propia gestión presupuestaria. 

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Sanidad canaria, hay soluciones (1)

La reciente publicación del Barómetro sanitario de 2016 ha vuelto a poner el foco en la difícil situación que atraviesa la sanidad canaria. Este instrumento, elaborado por el Ministerio de Sanidad con la colaboración del CIS, es uno de los más rigurosos a la hora de conocer qué piensan los ciudadanos y ciudadanas del sistema. Sus datos son demoledores. Sólo la ciudad autónoma de Melilla presenta valoraciones más negativas.

Los canarios son los que peor valoran la sanidad pública, con una nota de 5,99, por debajo de la media estatal (6,55). Son, además, los que más exigen cambios profundos en el sistema (un 45,5% así lo manifiesta, en el Estado un 28%); un 12,2% va mucho más allá y entiende que el sistema sanitario está tan mal que habría que rehacerlo completamente, frente al 5% estatal. Sólo un 7,8% de la población de las islas considera que la sanidad funciona bien. La cifra se duplica ampliamente en el conjunto del Estado (19,7%). Somos la única comunidad en la que la gente está más preocupada por la sanidad que por el empleo.

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Diversificación económica: solo palabras

La diversificación económica es uno de los mantras del Gobierno de Canarias. No hay discurso en que no se hable de su imperiosa necesidad y se destaque que ya se trabaja en esa línea. El problema, el gran y grave problema, es que de forma reiterada se produce un abismo entre las palabras y los hechos. Lejos de avanzar en la diversificación, el Ejecutivo canario insiste en más de lo mismo: en ocupación del territorio, en más construcción y en más camas turísticas. Lo confirman leyes como la de las islas verdes, el Proyecto de Ley del Suelo o la modificación de la ley turística. 

Los gubernamentales discursos no se ven acompañados, en modo alguno, por actuaciones decididas que modifiquen nuestro retraso en este ámbito. Diáfano en el caso del sector industrial de las Islas. Lejos de crecer, disminuye el peso relativo de la industria en nuestro Producto Interior Bruto (PIB), desaparecen empresas y disminuye el empleo en el sector. Se reducen las empresas de base tecnológica y es muy poco significante la inversión en innovación. 

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Otra vez las pensiones

La intervención del gobernador del Banco de España, Luis Linde, ante la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados ha vuelto a traer las pensiones a la primera línea informativa. Su propuesta es aumentar una vez más la edad de jubilación, que año tras año se va incrementando (en estos momentos está en los 65 años y cinco meses, aunque las jubilaciones anticipadas la rebajan a los 64,1 de media) hasta los 67 años previstos en 2027. Pero Linde quiere dar una vuelta de tuerca más y superar ese tope.

 El gobernador lo justifica en el aumento de la esperanza de vida en España, el retraso en el acceso de los jóvenes al empleo, la mejor salud de nuestros mayores y el carácter menos penoso de muchas de las actividades laborales actuales. Todo eso, a su juicio, obliga a tomar medidas como prolongar la vida laboral y desincentivar la jubilación anticipada.

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Turismo: sin sostenibilidad no hay futuro

El turismo constituye, en el ámbito mundial, uno de los sectores económicos más potentes y en alza. Un sector en el que España y Canarias ocupan lugares privilegiados. En los últimos años con significativos crecimientos del número de visitantes, favorecidos por algunos factores externos. Entre ellos, los bajos precios del petróleo y la grave crisis de seguridad que padecen algunos países del Mediterráneo. Así como una mejora de la situación económica en los países emisores. La Unión Europea viene instando, desde hace varias décadas, a que el turismo se convierta en un aliado del desarrollo sostenible. Algunas de los países, comunidades y ciudades turísticas más importantes de Europa y el mundo están abriendo reflexiones en esta línea. Y tomando decisiones para evitar masificaciones que dañen la calidad de sus respectivos destinos, causen problemas territoriales y medioambientales y deterioren la vida de residentes y visitantes. En Canarias, sin embargo, se pretende andar por un sendero bien distinto. En el que no se produzca la menor intervención de los poderes públicos en defensa del interés general. En el que sea el mercado el único que ejerza el mando sobre asuntos que nos competen a todos los ciudadanos y ciudadanas. Y en el que se deja en un segundo plano la sostenibilidad, la protección de la naturaleza, el equilibrio territorial y el bienestar de las comunidades locales. El más reciente ejemplo lo constituye la propuesta del Gobierno canario de modificación de la Ley de Renovación y Modernización Turística de 2013. Con la que se pretende ofrecer barra libre en la construcción de nuevos establecimientos turísticos, hoteleros y extrahoteleros en suelo calificado. Tribunal Constitucional

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) declara inconstitucionales algunos de los apartados de la ley (los a y c), pero no indica en qué sentido debe ser modificada la normativa. En primer lugar, el Constitucional no discute las competencias autonómicas para legislar en esta materia. Suspende las limitaciones por razones económicas (la necesidad de contar con 5 estrellas o más). No pone en cuestión que puedan establecerse, por motivos medioambientales o urbanísticos, la exigencia de limitaciones para la implantación de nuevos establecimientos. El TC no cuestiona, asimismo, que para mejorar la calidad turística se impulsen políticas de contención capaces de proteger el medio ambiente y la ordenación territorial y urbana. Reconociendo la legalidad del sometimiento a autorización previa “como mecanismo para garantizar un crecimiento controlado de la oferta de establecimientos turísticos que resulte compatible con la protección del medioambiente y de la ordenación del territorio”. Masificación frente a sostenibilidad

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Un difícil acuerdo

La financiación autonómica es un elemento clave en la estructura del modelo descentralizado de Estado que establece el título VIII de la Constitución del 78. Se rige por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), por los respectivos estatutos de autonomía y por los acuerdos que se alcanzan cada cinco años y que se publican como una ley ordinaria; el último, el de 2009. La Lofca recoge que se pretende garantizar “un nivel base equivalente de financiación de los servicios públicos fundamentales” y la corresponsabilidad estatal y de las comunidades respecto a ingresos y gastos públicos. Así como la solidaridad entre las diversas regiones y nacionalidades, y la suficiencia de recursos para el ejercicio de sus competencias.

El actual sistema debió comenzar a revisarse en 2014 pero circunstancias de índole político y económico (junto a incumplimientos del Gobierno del PP) han ido retrasando esa imprescindible actualización. Se abre ahora un proceso de negociación que va a estar marcado por los problemas territoriales, especialmente, las reivindicaciones de Cataluña y por la situación económica, con los nuevos recortes impuestos desde Europa, la subida de los precios del petróleo y una previsión de crecimiento económico menor que en 2016.

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Mejorar la sanidad canaria

Tanto usuarios como profesionales son muy críticos con la negativa evolución que se ha producido en la sanidad canaria en los últimos años. Lo explicitan las reiteradas denuncias de diferentes colectivos vinculados al mundo sanitario. Lo confirman, además, numerosos estudios que nos sitúan a la cola del Estado español en la valoración que los ciudadanos y ciudadanas hacen del sistema sanitario. Frente a ello no cabe la parálisis ni dar por sentado que no se pueden cambiar las cosas. La sanidad pública, con más recursos, con la adecuada planificación, con una organización y gestión eficiente, con participación y transparencia, puede superar su actual y crítica situación.

En primer lugar, urge sacar a la sanidad de la bronca política en la que la ha metido el propio presidente del Gobierno. No es de recibo que se la utilice para ajustar cuentas entre los que hasta hace poco eran socios en el Ejecutivo canario, con filtraciones y graves acusaciones, generando desconfianza entre la población y afectando negativamente a sus profesionales.

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ATI-CC o cambio

El pleno extraordinario del Parlamento de Canarias del pasado jueves confirmó la debilidad del Gobierno y la soledad de su presidente, que no acudió al mismo voluntariamente, sino arrastrado por la oposición. Solo la Agrupación Socialista Gomera (ASG) le prestó, además de su partido, incondicional apoyo. Mientras, los demás grupos fueron extremadamente críticos con su gestión en estos dieciocho meses.

El Gobierno de Canarias ha pasado casi la mitad de la  legislatura en medio de la inestabilidad, los enfrentamientos y las deslealtades internas, liderando su presidente una peligrosa deriva insularista que pone en riesgo el proyecto común de Canarias y generando más desconfianza en la política y en las instituciones. La práctica totalidad de los grupos –PSOE, PP, Podemos y NC, que representan a 675.000 votantes frente a los 165.000 de CC- coincidieron en esas negativas circunstancias y en la responsabilidad directa del presidente.

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