Continúa el incumplimiento de la Ley de Dependencia por el gobierno central y los autonómicos

En absoluto ha disminuido el despecho más escandaloso hacia la Ley de Dependencia desde que el PP llegó al Gobierno Central. Y asimismo, por las Autonomías. Esta ley ha sido despreciada tan flagrantemente por el Gobierno del PP y sus adláteres autonómicos, tan cristianos y devotos católicos en gran parte de ellos. Como reza el proverbio: “A Dios rogando y con…” Prefieren otorgarles sustanciosas subvenciones gratuitas, sin que lo dicte ninguna ley, por afinidad y simpatías o presiones de la santa madre iglesia, a entes ultracatólicos como los que hemos visto recientemente con la denigrada guagua de color naranja de Hazte Oír, con sus antiguallas conceptos.

O bien, destinan dineros a las tantas fundaciones de nuestro país (en total existen 18 fundaciones políticas, recibiendo solo el Pp y Psoe, más de 14 millones; y entre todas tienen 145.000 empleados que en ellas trabajan). Son gratificaciones sin control del dinero público. Estos capitales los podían destinar a paliar los sufrimientos de tantos enfermos dependientes, en vez de hacer proselitismo y desviar esas donaciones a otras causas menos sociales y nada solidarias.

Los pacientes dependientes, además del derecho legal que les asiste, y que tanto necesitan de la solidaridad de la sociedad a la que pertenecen y a la que han contribuido con su trabajo y obligaciones con sus tributos, a que sean atendidos en su insufrible padecer. Y en tantos casos con enfermedades irreversibles. Los dependientes son pacientes que malamente sobrellevan una vida inmisericorde; y para más inri, son apaleados por el Estado, pesimamente que les atiende; o tanto miles que no son socorridos en su enfermedad. Requieren de una atención continuada para pervivir en su malograda vivencia en un permanente padecer y agonizante sinvivir.

Es incomprensible que un Gobierno, una vez llegado al poder transitorio, otorgado en las urnas por cuatro años, no asuma en su integridad o la desprecie vilmente, una Ley que fue aprobada en las Cortes. Ley que olímpicamente o con la mayor de las inquinas no la cumple (como también ocurre con el Ley de Memoria Histórica). Este es un comportamiento inhumano, antidemocrático y muy autoritario, burlando cualquier ley que no les guste, por decretada que haya sido anteriormente por el consenso estatal del Parlamento. Simplemente se trata de otro de los modos y maneras aprendidos de sus antecesores de los cuarenta años, y que el PP los practica firmemente. El país –piensan y actúan–, es su heredado reino de Taifas.

Con la llegada a los mandos del Gobierno español del PP, se han reducido las partidas destinada, por ley, a los dependientes de una manera desorbitada; así como otras colaboraciones caritativas internacionales. Si bien es verdad, que también han llegado por los recortes presupuestarios por la crisis y la menor aportación a las arcas del Estado, en los gravámenes del rendimiento del trabajo en la precariedad laboral y menos impuestos añadidos por el comercio en general. Pero nunca han demostrado un ápice de buena disposición para esta urgente y demandada necesidad por tantos sufridos dependientes, para ser atendidos en sus agónicas enfermedades y en sus derechos inalienables.

La solidaria atención de las 1.200.000 personas enfermas, supondrá que tengan trabajo remunerado unas 100.000 personas, en las diferentes profesiones sanitarias.

Es muy penoso que cada día mueran 90 enfermos dependientes sin recibir las prestaciones a las que tienen total legitimidad, por lo que 350.000 pacientes dependientes no reciben ninguna atención a su sufrida enfermedad, en los diez años que ha cumplido esta ley desde su aprobación por decreto. Únicamente son atendidos, con grandes esfuerzos, físicos, económicos y psíquicos, por sus sacrificados familiares. Y mueren los dependientes con el doble padecer: por la propia enfermedad y de ser vilipendiados en sus derechos, por la avaricia del vil metal de quienes manejan el dinero de todos.

Tampoco se vislumbra para los presupuestos del presente año 2017, que vayan a atenderse a los dependientes que están en la larga lista de espera. Los verá el presidente del gobierno, con su pertinaz mudez y pasividad manifiesta, mientas lee el Marca, con su puro habano; y hablar de las bondades económicas que vive el país gracias a su gobierno, irse con la desgracia de la insolidaridad de su gobiernos central y autonómicos. Seguirán siendo abandonados a su infortunada suerte y a la malograda forma de incumplir las leyes por este intolerante gobierno.

En Canarias se ha mejorado ligeramente la ley, pero se continúa con este derecho a la atención de los enfermos, con las prestaciones más bajas de todo el Estado. Además de ser la Autonomía que tiene el mayor número de dependientes en lista de espera, ocupa el vergonzante farolillo rojo, con solo un 4’4% en el computo de beneficiarios dependientes. El Gobierno autonómico se preocupa más de destinar el presupuesto a la tv autonómica (con grandes inversiones e indecorosas actividades y programaciones) y a otros asuntos baladís, que a los derechos y solidaridad con los enfermos que tanto necesitan de la colaboración gubernamental.

Cierto es también, que el gobierno central ha disminuido las recientes partidas al Gobierno canario. El Estado ha dejado de otorgar a Canarias, en los últimos cuatro años,  58,4 millones de euros de financiación para esta Ley de Dependencia. En el último año, el Gobierno estatal no le sufragó al Archipiélago 12,5 millones para este derecho. Una partida con la que se habría conseguido que 1.850 enfermos fueran atendidos, que a la par, crearían 400 puestos de trabajo.

El Diputado del Común de Canarias, afirmó que una ligerísima mejora en prestaciones, no vitupera la “catastrófica y caótica” Ley de Dependencia de Canarias. Ni con las urgentes actuaciones que pretende la Consejera del gobierno autonómico, se subsanará este atropello a los enfermos y sus abnegados familiares.