Defensa asegura que la escolta del barco de Repsol no supuso “sobrecoste al erario público”
Greenpeace ha acusado este martes al Ministerio de Defensa de ocultar cuánto costó al presupuesto público la protección que un buque de la Armada prestó al barco contratado por Repsol para sus sondeos petrolíferos en Canarias para asegurarse de que nadie violaba el perímetro de seguridad.
La organización ecologista hace este reproche después de que el Gobierno haya contestado por escrito a la diputada de CC Ana Oramas que esa operación de vigilancia de la zona de exclusión para la navegación decretada en torno al punto donde se realizaron las prospecciones no supuso “un sobrecoste para el erario público”.
El Gobierno argumenta que los costes del dispositivo, del que formaban parte el buque de acción marítima (BAM) Relámpago y las estaciones de control de tierra, “están incluidos en el presupuesto de operaciones habituales de la Armada en cuanto a Control de Vigilancia Marítima en los espacios de soberanía, no siendo posible su disgregación con respecto del presupuesto anual”.
Greenpeace intentó boicotear el inicio de las prospecciones en el pozo Sandía el 15 de noviembre desde unas lanchas neumáticas que se adentraron en el perímetro excluido con el propósito de desplegar una pancarta de protesta, en un acto que fue impedido por la Armada.
En ese incidente, una activista de la organización resultó herida en una pierna al caer al mar tras chocar una lancha de la Armada con la embarcación neumática en la que se desplazaba.
Greenpeace califica de “escandalosa” esa operación “de protección a los intereses económicos y particulares de Repsol” y se pregunta si se haría lo mismo con otras empresas.
Los ecologistas critican que se diga que el coste de ese dispositivo de la Armada “están incluidos en el presupuesto de operaciones habituales”, porque eso “abre un precedente sin igual”.
“Cualquier empresa de este país podría contar con la escolta del Ejército. Esto significa que dueños de kioscos de prensa, panaderías, supermercados y un largo etcétera podrían tener gratis protección del ministerio de Defensa, como la ha tenido Repsol. O al menos eso es lo que se extrae de las declaraciones de Morenés”, asegura Greenpeace.
