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UGT acusa a las administraciones de haber alentado la precariedad con Seguridad Integral Canaria

Un Juzgado de lo Mercantil ha admitido a trámite la solicitud de concurso de acreedores presentada por la empresa de Miguel Ángel Ramírez

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Furgón de Seguridad Integral Canaria

Furgón de Seguridad Integral Canaria Flickr Grupo Ralons

UGT ha pedido este jueves a las administraciones públicas que contrataron en toda España a Seguridad Integral Canaria (SIC) que "reflexionen" sobre el "modelo absolutamente dañino" que alentaron al elegir a esta empresa, cuyos bajos costes se basaban en someter a "precariedad" a sus vigilantes.

En un comunicado difundido después de que un Juzgado de lo Mercantil haya admitido a trámite la solicitud de concurso de acreedores presentada por la empresa de Miguel Ángel Ramírez, este sindicato acusa a Seguridad Integral Canaria de haber ganado concursos públicos presentando "bajas temerarias" apoyadas en la reducción de sus salarios y en "prácticas fraudulentas en materia de contrataciones", lo que supone una "competencia desleal de mercado".

Ahora, denuncia, Seguridad Integral "deja de abonar salarios a sus trabajadores y trabajadoras y, por ende, aboca a un número importante de familias prácticamente a la exclusión social", al tiempo que su propietario emprende un concurso de acreedores dirigido, dice, "a que ahora sea la administración quien asuma las deudas que con su comportamiento desleal él mismo ha generado".

UGT critica que varias administraciones y empresas públicas de todo el país, entre las que cita al Gobierno de Canarias y al Metro de Madrid, contrataran los servicios se Seguridad Integral Canaria, "pese a las continuas denuncias formuladas desde las centrales sindicales", por lo que les hace responsables de que haya "proliferado" un modelo "dañino" para el sector y sus trabajadores.

"Este modelo basado en la precariedad y que además de Seguridad Integral Canaria se instaura en empresas como Sinergias, Novosegur merece una reflexión tanto de los propios clientes públicos y privados, así como desde el propio Gobierno de Rajoy", añade.

Por ello, exige a los clientes del sector de seguridad públicos y privados "la rescisión de contratos con empresas como Sinergias, Novosegur y todas aquellas que en forma suficientemente demostrada incumplen sistemáticamente con sus colectivos e incluso tienen la desfachatez de no abonar sus salarios".

Además, emplazan al Gobierno central a tomar medidas que propicien un sector de la seguridad privada que garantice la calidad de los servicios y las condiciones laborales, "totalmente opuesto al creado por Miguel Ángel Ramírez".

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