Canarias busca la equidad en los comedores escolares en tiempo de crisis

Gráfico de comedores escolares

Enrique Bethencourt

Las Palmas de Gran Canaria —

Los comedores escolares han adquirido en Canarias una dimensión mucho más relevante en medio de esta profunda crisis económica, como demuestra su apertura durante el verano el pasado año, que se repetirá tras finalizar este curso escolar.

Son bastante más que un elemento de conciliación. Su modelo de gestión y sus implicaciones en la calidad del servicio, el empleo y las cuotas que han de abonar los padres y las madres, se encuentra ahora en cuestión tras el debate abierto por los cambios que la Consejería de Educación del Gobierno canario pretende introducir en dos centros de la capital grancanaria. La polémica está servida y, más allá del caso concreto de esos colegios, afecta a miles de comensales y familias.

Una decisión dirigida inicialmente a los colegios Iberia y Alcaravaneras, en Las Palmas de Gran Canaria, y a otro centro en la isla de Tenerife, ha movido las hasta ahora relativamente tranquilas aguas educativas de Canarias. Cierto es que en la legislatura autonómica ha habido distintas movilizaciones y huelgas, pero planteadas contra la LOMCE, las reducciones presupuestarias en las becas y los recortes. Y, también, que en cursos anteriores la plataforma de Comedores Anticrisis ya se movilizó, solicitando la implantación de la cuota cero como respuesta al empobrecimiento de muchas familias de las Islas.

Puede parecer que la consejería, de alguna manera, ha tratado de vestir a un santo desvistiendo otro. Pero el departamento lo niega. La viceconsejera Manuela Armas asegura que lo que intenta es dar respuesta a las necesidades de personal en centros de zonas desfavorecidas, donde se han incrementado las ratios comensales/auxiliares. “La ley de racionalización del gasto nos impide realizar nuevas contrataciones y lo que hacemos es redistribuirlos, Y personal puesto por los catering realizarán la función en esos dos centros”.

Cuota cero

Armas recuerda, por otra parte, que el alumnado con cuota cero ha aumentado de algo más de 6.000 a 11.500 en este curso escolar. Del total de comensales de Canarias (70.676), 37.200 corresponden a las islas orientales y 33.476 a las occidentales

No es cierto, por tanto, que la Consejería quiera cerrar comedores. Otra cosa bien distinta es que la fórmula adoptada sea justa. Y eso está en discusión. Es preciso aclarar que la Consejería otorga una subvención por comensal según la renta familiar y el modelo de gestión del comedor.

Así, en los de gestión directa varía de los 0,35 centimos/día para el tramo de renta 6.610-15.278 euros al año y los 0,87 que se destinan a los que ingresan menos de 6.010. En el caso del servido contratado con vigilantes de la Consejería, la subvención establecida oscila (según el número de comensales) entre los 0,95 y 1,16 para el primer tramo de renta y entre 1,71 y 1,92 para el segundo. Por último, en los de servicio contratado y vigilantes aportados por el catering lo hace entre 1,47 y 1,68 para las rentas más altas y 2,23 y 2,44 para las más bajas.

Cabe discutir, en primer lugar, si deberían pagar cuota familias que ingresan 600 o 700 euros/mes. Y sí, lo hacen. Aunque da la impresión de que están más para recibir ayuda que para abonar cuotas, por pequeñas que sean.

Rentas superiores

Asimismo, quedan excluidas las rentas superiores a 15.278,6 euros anuales. Esto afecta poco a quienes ingresan 40.000 o 50.000 euros al año. Pero sí lo hace a los que están en la parte baja del tramo, con apenas 1.200 euros/mes y que pagan la cuota íntegra del comedor. En un supuesto de dos hijos, en torno a 120 euros mes, el 10% de sus ingresos.

Pero es que, además, este tramo sería el gran sacrificado con el cambio de sistema de auxiliares de la Consejería a auxiliares privatizados pasarían de abonar 120 por sus dos hijos a pagar en torno a 190, es decir, un incremento anual de más de 500 euros.

Para Alicia Reyes, presidenta de la Federación de AMPAs Galdós, “la Consejería se equivoca al no respetar las decisiones de los consejos escolares de los centros. Además, prioriza los criterios de rentabilidad económica frente a los que deben prevalecer, que son los de la mayor calidad del servicio que reciben los niños y niñas, mejor garantizados con la gestión pública, al no estar condicionados por el beneficio empresarial”.

Por último, considera que Educación “debe establecer criterios de equidad entre los distintos tipos de comedor escolar. No es razonable que dos familias con las mismas condiciones económicas paguen cuotas diferentes dependiendo del tipo de gestión del comedor”.

Por su parte, la viceconsejera Manuela Armas se muestra dispuesta a estudiar una posible revisión de los actuales tramos de renta. Pero insiste en que la medida adoptada es la correcta para beneficiar a quienes más necesidades tienen. Y recuerda que desde la dirección del Alcaravaneras se le ha venido reiterando en cursos pasados la petición del cambio de gestión de su comedor. “Va a ser mínima la diferencia en lo que tienen que abonar las familias”, concluye.

Algunas claves

Es cuestionable la existencia de solo tres tramos de renta. ¿Debe recibir el mismo trato la familia con 600 euros de ingresos mensuales que la de 1.200? ¿Y la de 1.300 que la de 3.500?

La decisión del cambio de gestión ha correspondido hasta ahora a los consejos escolares. El incremento del modelo 'privatizador' no puede cargársele exclusivamente a la Consejería.

En función del centro escolar en que estén matriculados los menores las diferencias en las cuotas pueden alcanzar hasta 30 euros/mes.

La cuota cero alcanza actualmente al 11,3% de los comensales de los centros de Canarias.

Nuestras cuotas de comedor son posiblemente las más bajas del Estado; nuestros salarios, también.

Del global que tienen a los auxiliares privatizados, el 58,54% (12.448 comensales) corresponden a las orientales frente al 41,46% (8.815) a las occidentales. En Las Palmas hay 98 centros con auxiliares privatizados; en Santa Cruz de Tenerife, 73.

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