Cuatro de los inmigrantes de la patera que arribó a Gran Canaria alegan ser menores de edad
Cuatro de los tripulantes de la patera que arribó el pasado martes con 40 personas a bordo a la playa de Las Carpinteras, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, han alegado ser menores de edad, por lo que en los próximos días se procederá a realizarles las pruebas para comprobar si esto es cierto o no.
Del total de personas que lograron alcanzar la costa grancanaria, destacó la presencia de una madre y su hija, de unos dos años, y de una mujer embarazada. La menor y la madre se encuentran en estos momentos en un piso de acogida de una oenegé en la capital grancanaria, mientras que la embarazada pasó la noche del martes el reconocimiento médico en el Hospital Universitario Materno Infantil.
Estas tres personas son las únicas que, acogiéndose a la Ley de Extranjería vigente, podrían no ser expulsadas del país. A la madre se le realizarán pruebas de ADN para decretar si la niña de dos años es su hija biológica. Según fuentes de la Fiscalía consultadas por este periódico, en estos casos lo importante es no separar a la madre de sus hijos y buscar un sitio que reúna las condiciones adecuadas.
En el caso de los menores, la Ley de Extranjería presume su residencia legal, por lo que no pueden ser expulsados. Sin embargo, según señalaron las fuentes consultadas por este medio, la menor también podría ser reagrupada con sus familiares y en caso de que la madre tenga que salir del país iría con ella. Otra opción es que si existen parientes en su país de origen, sea remitido a este con las debidas garantías. Así, ahora las autoridades valorarán las circunstancias de este caso concreto prevaleciendo el interés de la menor.
Sobre el resto de ocupantes, y sin contar los cuatro que alegan ser menores, en la jornada de este jueves han sido ingresados en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco, en la capital grancanaria, donde se procederá a su identificación con la intención, entre otras cosas, de conocer la nacionalidad de cada uno. Tras esto, pasarán a disposición judicial, donde probablemente decretarán la expulsión.
En el CIE su internamiento será, como máximo, de 60 días y sin que se pueda acordar un nuevo internamiento. Una vez transcurrido este tiempo, se devolverán a estas personas a su país de origen o se le pone en libertad con una orden de expulsión que se puede ejecutar en cualquier momento.
En cuanto a la mujer embarazada, el Artículo 246 de la Ley de Extranjería recoge que estas no podrán ser devueltas “cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o para la salud de la madre”.
