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El poder de DISA: adiós a la ayuda al coche eléctrico; hola a la del gas

La compañía petrolífera de los Carceller monta una asociación fantasma para contraprogramar a la de usuarios de coches eléctricos

El Gobierno de Canarias no ha activado todavía las ayudas para los coches eléctricos, que sin embargo mantiene el de España en distribución de los dineros de Europa

La Audiencia Nacional se lava las manos en los incidentes entre la Armada y Greenpeace: archivadas las denuncias cruzadas, no hubo ni piratería de los ecologistas ni agresiones de los militares. La banca gana.

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Coches eléctricos de Limonium y Oceanográfica. (ALEJANDRO RAMOS)

Coches eléctricos de Limonium y Oceanográfica. ALEJANDRO RAMOS

Distribuidora Insular, Sociedad Anónima, DISA en acrónimo, no solo patrocina carreras populares y actividades sociales. También ampara asociaciones fantasmas para la promoción del coche movido por gas con el muy loable objetivo de frenar el auge de los vehículos eléctricos. La compañía de los Carceller despliega mucha influencia y mucho poder alrededor de los organismos públicos y mantiene una suerte de monopolio en la distribución de combustibles fósiles en las Islas Canarias cuyas consecuencias pagamos los consumidores y, cómo no, el medio ambiente. Después de un tiempo de feliz actividad de la Asociación de Usuarios del Vehículo Eléctrico (Auve), legalmente constituida y registrada como mandan los cánones, con actividades sociales de fomento del coche eléctrico en varias islas del Archipiélago, sus promotores están sorprendidos por la irrupción de otra asociación también legalmente constituida, que defiende lo opuesto: la utilización del autogas. Se denomina Asociación de Usuarios de Vehículos de Energías Alternativas (Auvea), que se dedica a desplegar una ofensiva mediática muy curiosa que cuenta con el apoyo de las administraciones, mayormente la autonómica, como saben ferviente defensora de la penetración del gas en las Islas. Lo llamativo del asunto no es que afloren movimientos que defiendan propósitos distintos, incluso contrarios, lo verdaderamente llamativo es que la primera la formen usuarios corrientes y molientes y la segunda tenga un evidente vínculo con DISA que le abre puertas inauditas en medios de comunicación. Eso sí, utilizando informaciones que se contradicen con la realidad e incluso con los datos de la Dirección General de Tráfico. La singularidad de este movimiento a favor del autogas se completa con la inacción del Gobierno de Canarias, que todavía sigue sin publicar las ayudas a los coches eléctricos para el año 2016.

 

 

 

Soria cumple; Clavijo no

No es que el ministro en funciones de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, sea un ecologista converso, pero hay que otorgarle al menos el estricto cumplimiento por parte de su departamento de las directrices comunitarias, que obligan a los estados miembros a consignar unas partidas presupuestarias para el fomento del coche eléctrico por todo lo que supone de ahorro económico y ventajas ambientales por su contaminación cero. Esas medidas se concretan actualmente en todo el territorio español en una subvención de 5.000 euros a cada usuario que adquiera un vehículo de esta categoría a través del Plan Movea. Por ejemplo, el que comercializa la marca Kia, que tiene un precio de venta al público de 28.000 euros (sea diésel, gasolina o eléctrico) tiene para esta última modalidad esa ayuda, lo que reduce el coste a 23.000 euros. Un precio que hasta diciembre pasado contaba con otros 4.000 euros de subvención adicionales de la Comunidad Autónoma que, de momento, han desaparecido de la faz de la tierra. Las primeras impresiones captadas por la asociación Auve apuntan a que el Gobierno de Fernando Clavijo se está haciendo el remolón a la hora de reeditar esas ayudas porque su pretensión es desviarlas a los coches de gas, en estricta aplicación de su doctrina de que es este combustible fósil el que tiene que penetrar en Canarias a mayor gloria de las grandes multinacionales y en detrimento de las verdaderas energías alternativas, de las que el Archipiélago se niega a ser líder mundial. DISA presiona, el Gobierno canario se achanta.

 

Vuelven a mandar los de siempre

Porque tenemos un Gobierno en Canarias que desprecia por completo el medio ambiente. Los anuncios de la Consejería de Política Territorial y Sostenibilidad de crear este año el Observatorio para el Cambio climático han quedado totalmente solapados por otra prioridad, el proyecto de Ley del Suelo que entrega a los ayuntamientos y a los cabildos la potestad máxima y única sobre su planeamiento sin control legal previo y a los empresarios y sus capacidades la posibilidad de volver a los tiempos de la barra libre en el uso del territorio. La sostenibilidad es tan sólo un palabro con el que dar rimbombancia a una acción de gobierno que sólo ha enseñado de momento la patita de la devastación. Y en el aspecto energético, con el renovado empeño de introducir el gas como combustible de transición hacia las renovables, las señales no pueden ser más elocuentes. El interés de DISA por contraprogramar a los usuarios de los coches eléctricos vendiendo las excelencias de los que se mueven a gas no son más que una evidencia de quiénes son los que marcan las políticas estratégicas y vitales de Canarias: los grandes empresarios, las grandes empresas de cada sector.

 

La batalla contra el petróleo

Como las casualidades las carga el diablo, resulta que el mismo día en que nos enteramos de las artimañas de DISA para eclipsar el fomento del coche eléctrico, salta la noticia del archivo en la Audiencia Nacional de las denuncias cruzadas entre la Armada Española y Greenpeace por los incidentes de noviembre de 2014 en aguas de Canarias durante las escaramuzas de la organización ecologista contra los sondeos que José Manuel Soria autorizó hacer a Repsol frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. No es nada saludable que olvidemos aquellos episodios: el ministro (hoy en funciones) de industria autoriza contra todas las instituciones canarias y contra todas las sensibilidades (incluidas las del PP, por mucho que dijeran) unas prospecciones que resultaron fallidas pero que demostraron hasta dónde podían llegar (y llegaron) los intereses del compadre Brufau y el autoritarismo de la autoridad competente. Las imágenes que ha proporcionado Greenpeace para avalar que sufrieron un asalto en toda regla por parte de la Armada española no sirvieron al magistrado de prueba suficiente para abrir diligencias contra el Estado. Optó, a la vista de que la Fiscalía pedía procesar por piratería a los protestantes, por una solución salomónica en la que no hubiera ni vencedores ni vencidos. Al menos en el aspecto puramente judicial, porque desde el punto de vista social y político todos quedaron plenamente retratados: un ministro haciendo valer su poder por encima de los sentimientos de un pueblo y a favor de una petrolera amiga; una Armada que protege en aguas internacionales los intereses de una petrolera con dudosos derechos, y una organización ecologista que hasta ahora no ha dado ninguna muestra de violencia en sus protestas y que era, al menos moralmente, respaldada por los ciudadanos del territorio cercano que se sentían ultrajados ante aquella ofensa institucional. Como para olvidarlo, oye.

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