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El Gobierno de Cantabria solo interpuso 20 sanciones a pisos turísticos en 2023 pese a los anuncios de mayor control

Un edificio con pisos turísticos.

Javier Fernández Rubio

Santander —

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El Gobierno de Cantabria solo interpuso en 2023 una veintena de sanciones a pisos turísticos ilegales, según ha informado el Ejecutivo autonómico al Parlamento de Cantabria, en respuesta a una pregunta del PRC, y pese a las reiterados anuncios de mayor control de un sector que ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Del total de estas multas por incumplir la regulación en la materia, siete se pusieron en Santander, prácticamente un 1% del total de viviendas que ese año quisieron poner en el mercado del alquiler turístico sus propietarios.

El número de declaraciones de actividad turística se “desmadraron”, en palabras del Gobierno de Cantabria, en 2023, alcanzando las 2.031, un 128% más que un año antes. Ante esta tesitura, la Consejería de Turismo ha anunciado un decreto regulador más restrictivo y recabar la colaboración de los ayuntamientos para controlar el mercado. También, dotarse de más personal para controlarlo: ahora dispone de cinco inspectores, pero se requieren “muchos más”.

En todo caso, el número de sanciones es ostensiblemente menor a la escalada de declaraciones de propietarios que manifiestan ante el Ejecutivo que quieren poner una de sus viviendas para uso turístico. Solo en Santander, el pasado año se registraron 775 declaraciones responsables para este tipo de alquiler. Por contra, la segunda ciudad de Cantabria, Torrelavega, ofertó 26 nuevas viviendas, una cifra igual a la de Santillana del Mar, por poner un ejemplo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) cifraba las viviendas turísticas que había en Cantabria, en agosto de 2023, en 6.920, con un incremento sobre el año anterior del 10,17%. Solo en Santander el número de pisos turísticos se calculaba en 5.000. Los municipios en que más oferta se está generando son obviamente los más turísticos: Tras Santander, están Suances (98), Ribamontán al Mar (87), Piélagos (60) y Noja (58).

Las administraciones cántabras han anunciado reiteradamente en los últimos meses que pretenden endurecer la regulación de este tipo de viviendas. El decreto autonómico es 'laxo' y la intención no solo es que afloren los pisos que operan como turísticos, sino que no entren en competencia fiscal con los hoteleros, cuyas tasas, por ejemplo, la del agua, son superiores a las del consumo doméstico.

A la espera de una nueva regulación

La espiral creciente de pisos turísticos se ve inmersa es un debate entre partidos -y también dentro de ellos, como es el caso del propio PP y de su Gobierno-, entre reguladores y desreguladores, con pequeños propietarios que quieren aprovecharse de la alta rentabilidad que ofrecen los alquileres y las grandes empresas del sector hostelero, que ven cómo la oferta de plazas se reduce en el conjunto de una oferta global al alza.

El nuevo decreto regulador y las medidas de endurecimiento de la inspección todavía no han cuajado y no lo harán antes del verano. En una reciente entrevista entre la consejera Eva Guillermina Fernández (PP), y la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), hubo acuerdo en ordenar mejor el parque de viviendas turísticas, que según el INE alcanza las 5.000 solo en la capital.

Sin embargo, Cantabria no estrenará decreto para regular los alquileres turísticos en el verano de 2024. La nueva normativa que prepara el Gobierno autonómico no llegará a tiempo para poder aplicarse en el periodo estival de este año, pese a los anuncios de la consejera de Turismo. En este sentido, Eva Guillermina Fernández ha estimado que el nuevo decreto se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) a finales de septiembre o principios de octubre.

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