Oriol Pujol estará contra las cuerdas
La familia Pujol Ferrusola está desfilando por la comisión parlamentaria de investigación uno tras otro. Este lunes le toca el turno a los hermanos Marta y Pere, que tendrán que dar explicaciones sobre el dinero que escondieron en Andorra y los contratos que hicieron para los gobiernos del pujolismo, la primera como arquitecta y el segundo como ambientólogo, pero el plato fuerte será Oriol, ex secretario general de Convergencia (CDC) y, hasta el pasado julio, diputado en el parlamento catalán.
Tal y como hizo su hermano mayor, Jordi Pujol Ferrusola, Oriol también podría escudarse en el hecho que tiene un procedimiento judicial abierto, todavía en fase de instrucción, el llamado caso ITV, para esquivar las preguntas más insidiosas lanzadas por los grupos de la oposición, pero quedaría mal que quien comenzó la actual legislatura como diputado, presidente del grupo parlamentario de CiU y secretario general del partido del presidente de la Generalitat se acogiera a excusas de procedimiento judicial para evitar dar explicaciones. Cuando el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona le citó por última vez, en enero pasado, Oriol optó por guardar silencio, pero ninguno de los diputados espera que hoy haga lo mismo en el Parlament, sobre todo cuando sus padres, el expresident Jordi Pujol y Marta Ferrusola, fueron incapaces de tener la boca callada en su comparecencia de hace una semana aunque esta era su intención inicial.
Un antiguo colaborador de Oriol en el partido apunta a que éste aún podría ser más locuaz que su hermano Jordi cuando le pregunten por las tramas del sector de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), pero que lo pondrán en un “compromiso” cuando le interroguen sobre las deslocalizaciones de multinacionales japonesas en Catalunya, precisamente porque en este asunto también figura como imputada su esposa, Anna Vidal, que declarará en la comisión de investigación más adelante.
Coleccionista de imputaciones
Inicialmente, Oriol Pujol estaba imputado por tráfico de influencias, acusado de ejercer presiones políticas y de colocar cargos de su confianza supuestamente para imponer –sin éxito, todo sea dicho– un nuevo mapa de estaciones de ITV. Más tarde se le imputó por un primer delito de cohecho, relacionado con un presunto cobro de los servicios políticos prestados, y posteriormente por un segundo delito de cohecho y falsedad, esta vez por la trama de las deslocalizaciones industriales.
La fiscalía y la jueza instructora consideran que Oriol Pujol cobró cerca de medio millón de euros a través de su esposa, Anna Vidal, mediante supuestas facturas falsas que esta última presentó a Alta Partners, la consultora de Sergi Alsina que intermedió ante la administración para encontrar compradores para las plantas industriales de Sharp, Sony y Yamaha. Sergi Alsina y Oriol Pujol son amigos íntimos desde hace años, hasta el punto que se construyeron segundas residencias contiguas en Urús (Girona) en una alambicada operación inmobiliaria que también es objeto de investigación en una de las ramificaciones del caso ITV.
Acceso a la agenda del presidente
Según la tesis de fiscalía, Oriol Pujol posibilitó que Sergi Alsina tuviera acceso al presidente de la Generalitat, Artur Mas, para culminar las negociaciones por los procesos de deslocalización de multinacionales japonesas. En el caso de Sharp, Sergi Alsina cobró 3,2 millones de euros de esta multinacional para que le ayudara a vender su planta de Sant Cugat al grupo Cirsa, encabezado por el egarense Manuel Lao. En las negociaciones tomó parte el propio Artur Mas. Sergi Alsina recompensó Oriol Pujol a través de su esposa, Anna Vidal, que cobró de Alta Partners unas facturas por importe de 236.000 euros en concepto de “análisis financieros” de la operación de Sharp que, según fiscalía, no se hicieron o no justificaban de ninguna manera estos honorarios. Dos empleados de Alta Partners declararon en el juzgado que no habían visto nunca Anna Vidal.
En un informe demoledor, el fiscal Fernando Maldonado describe cómo, entre 2010 y 2012, con Artur Mas en la presidencia de la Generalitat, Sergi Alsina fue contratado por grandes corporaciones que estaban en procesos de deslocalización. Alsina encargó supuestas asesorías a Anna Vidal, pagadas generosamente, pero el fiscal considera que, en realidad, pagaba “los servicios de Oriol Pujol Ferrusola, que utilizaba sus múltiples influencias políticas en beneficio propio y de los otros dos imputados”.
Previsiblemente, más que por la fracasada operación del mapa de las ITV, los grupos parlamentarios centrarán las preguntas a Oriol Pujol en las tres exitosas operaciones de deslocalización asesoradas por su amigo Sergi Alsina y que reportaron cerca de medio millón de euros de beneficio a su esposa: Sony, Yamaha, Sharp –que es la que requirió contactos al más alto nivel–, así como un proyecto de Seat en Martorell. Sergi Alsina obtuvo más de 11 millones de euros.
Del sumario se desprende que, gracias a sus influencias políticas, Oriol podía conseguir que determinados empresarios accedieran a la agenda del presidente de la Generalitat para que los recibiera o los solucionara problemas. Cuando Mas compareció hace unos días en el Parlament, defendió este papel, el de hablar con empresarios para salvar puestos de trabajo, pero la cuestión es que, segin la fiscalia, la esposa de Oriol Pujol facturaba a la consultora que se encargaba de la intermediación.
La oposición probablemente pondrá Oriol en un trance cuando se le pregunte por algunas conversaciones incorporadas al sumario en las que propone apartar de las negociaciones de Sharp a Germà Gordó, actual consejero de Justicia y en aquellos momentos secretario del gobierno d’Artur Mas; o por las descalificaciones que dedicó al ex consejero de Empresa Francesc Xavier Mena –le dijo “burro” y “desgraciado”– por considerarlo demasiado condescendiente con los sindicatos de Yamaha.
