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PSOE cree que la aplicación de la PAC carece de “suficiente acuerdo” de las comunidades autónomas
Así se ha manifestado en una nota de prensa después de que la Conferencia Sectorial de Agricultura alcanzara un acuerdo sobre este asunto en las reuniones mantenidas esta semana pero que, según Alonso, deja aún “muchas incertidumbres por resolver” dado que “el modelo de aplicación no está cerrado”.
En este sentido, ha subrayado que “”miles de agricultores y ganaderos perderán el 30% de las ayudas“ pese a lo afirmado por el Gobierno, se limitarán los fondos para el Desarrollo rural ya que el Ministerio ”se limitará a poner el 30% de cofinanciación frente al 50% del periodo anterior“, se dejará una definición ”poco exigente“ de 'agricultor activo' o 'actividad agraria', y se aplicará un modelo de regionalización ”opaco“.
ANDALUCÍA, “ESPECIALMENTE MALTRATADA”
Además, el diputado socialista ha criticado que Andalucía resulte “especialmente maltratada” en el modelo y que se haya dejado a las Organizaciones Profesionales Agrarias “totalmente excluidas de la negociación”.
“El Gobierno del PP ha impuesto unas nuevas reglas de juego. El esfuerzo adicional que Arias Cañete exige a las comunidades autónomas es especialmente acusado en el caso de Andalucía que, además de ser la única que baja en dotación FEADER --la parte Europea--, recibe mucho menos del Estado, estimándose una pérdida de 400 millones de euros”, ha señalado.
Por todo ello, el PSOE exige al Ejecutivo que presente públicamente de forma “inmediata” su Plan de Comercialización para que “cada agricultor y ganadero pueda realizar el cálculo de las nuevas ayudas” y también ha anunciado que solicitará la comparecencia del ministro en sede parlamentaria para que “aclare todas las dudas generadas”.
Además, el PSOE registrará una batería de preguntas al Gobierno sobre esta cuestión y solicitará la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Agricultura para “escuchar la valoración de expertos y representantes tanto de las comunidades autónomas como del sector”.
“Es una oportunidad perdida para establecer un modelo de política agraria que dirija las ayudas a los profesionales y a las explotaciones que crean empleo”, ha resumido Alonso, alertando además de que “el nuevo modelo no garantiza que no se produzcan trasvases de fondos entre territorios y entre particulares en el régimen de pago básico”.
