Podemos y PSOE pactan la Ley de Garantías pero no los presupuestos

El Gobierno de Castilla-La Mancha y el Grupo Parlamentario de Podemos han anunciado la creación de una Comisión formal para el estudio de la redacción de la Ley de Garantías para la ciudadanía de Castilla-La Mancha. En ella habrá miembros de la Junta y de los grupos parlamentarios socialista y Podemos, así como catedráticos de la UCLM de Derecho y Economía y miembros de Podemos de la secretaría de Economía estatal.

José García Molina, diputado de Podemos, ha señalado que en esta primera reunión se ha acordado seguir avanzando en dicha legislación que “debe ser la garantía de que en esta región nadie se queda sin casa, sin suministros”, así como que para que esas casas sean habitables y con una renta que permita llevar una “vida digna”. Ha explicado así que lo que se debe trabajar por políticas integrales y no sectoriales.

Para Podemos los problemas de vivienda, renta y suministro no pueden estar “desconectados” ya que la vida se debe “garantizar en su conjunto”. Por eso, abogan por crear “sinergias” entre ellos pensando también en el conjunto de la región. Molina ha vuelto a repetir que si se dedican los planes de empleo a la rehabilitación de instalaciones y viviendas públicas esto logrará convertir la acción pública en inversión para la región, en vez de gasto.

Garantías sí, pero presupuestos todavía no

Por su parte, José Luis Guijarro, vicepresidente de la Comunidad Autónoma, ha explicado que los socialistas comparten la propuesta de elevar el documento a rango de Ley para que tenga “garantía legal” y poder desarrollarlo así con “mayor plenitud” y un plantamiento de “serenidad”. Además, trabajarán en que la ley tenga un reflejo presupuestario en 2017, por lo que se trabajará paralelamente en esta ley y la de presupuestos. “Hemos incorporado ya muchas de estas cuestiones de garantía”, en la ley de cuentas, aseguró.

Y es que, explicó que hacer ley sin presupuesto “no tendría sentido”, una sentencia en la que ambos partidos están de acuerdo. “Debe tener respaldo presupuestario para cambiar sistemas y procedimientos de gestión, para dar agilidad a la aplicación de la ley y eso se debe potenciar desde el principio”, aseveró. El objetivo del grupo es que se puedan tener operativos los presupuestos en el primer trimestre de 2017, al igual que el proyecto de ley para que pueda ser tramitado en las Cortes.

En este sentido, ha adelantado que las cuantías que se dedicarán superan ya los 100 millones de euros. Sin embargo, Podemos ha querido advertir de que este acuerdo no se traslada automáticamente a los presupuestos. “Primero las garantías, luego los presupuestos”, afirmó Molina, quien recordó que esta Ley era condición “necesaria pero no suficiente”. “Los presupuestos deben ser garantistas de las cuestiones que trazamos y que consideramos prioritarias”, concluyó.