Competencia investiga a varias petroleras por posibles prácticas anticompetitivas

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha llevado a cabo esta semana inspecciones en varias compañías operadoras de productos petrolíferos y en una asociación sectorial ante la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas en materia de precios y de distribución de combustibles en las gasolineras.

Según ha indicado hoy el organismo -que no detalla los nombres de las compañías- las inspecciones se han realizado los días 27 y 28 de mayo. La CNC recuerda que estas inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de la supuesta conducta anticompetitiva y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de la entidades inspeccionadas.

El organismo subraya que el sector de las gasolineras ha sido “recurrentemente objeto de interés” y ha tenido un seguimiento constante, lo que se ha reflejado en varios informes en los que se ha puesto de manifiesto un “problema de la falta de competencia”.

En este sentido, Competencia recuerda que se constatado un “incremento significativo” de los carburantes, en un contexto de niveles generales de precios minoristas (antes de impuestos) más elevados que los registrados en países de nuestro entorno.

También recuerda que la Comisión Nacional de Energía (CNE) ha apuntado en sus informes “el alineamiento general de los precios de venta al público de los combustibles de automoción”.

Junto a esto, la CNE ha abierto una investigación para determinar la causa del denominado “efecto lunes”, día en que las estaciones de servicio bajan los precios ya que es cuando se recogen los datos para las estadísticas, y vuelven a subirlos los martes.

El incremento de precios de carburantes también llevó al Gobierno a aprobar una serie de medidas para intentar elevar la competencia en el sector de los hidrocarburos, tanto en el mercado mayorista como en el minorista.

Competencia recuerda que la acreditación de conductas restrictivas de la competencia pueden suponer una multa de hasta el 10 % del volumen de negocios de la empresa infractora.