El Congreso argentino aprueba la ley de blanqueo para pagar el ajuste de las jubilaciones

El Senado argentino aprobó hoy un proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Mauricio Macri que dispone un reajuste de las jubilaciones para alrededor de 2,5 millones de personas e incluye una propuesta de blanqueo de capitales que se usará para financiarlo.

Tras nueve horas de sesión, los senadores argentinos aprobaron en una sesión especial el denominado oficialmente como Programa Nacional de Reparación Histórica para los Jubilados y pensionados y el Régimen de Sinceramiento Fiscal, que ya había recibido el visto bueno hace dos semanas en la Cámara de Diputados.

La iniciativa legislativa contó con 56 votos a favor -del oficialismo y buena parte de la oposición- y 11 en contra e incluye el pago de las sentencias judiciales por actualización de haberes a jubilados, el blanqueo de capitales y la exención del impuesto a las ganancias en el próximo medio sueldo extraordinario que los empleados argentinos cobran en junio.

“Hay una importancia social y económica”, destacó el senador Julio Cobos, de la Unión Cívica Radical (UCR), aliado de la gobernante Propuesta Republicana (Pro), pues el proyecto declara la emergencia pública “en materia de litigiosidad previsional”.

En Argentina, existen cientos de miles de juicios iniciados en los últimos años por los jubilados para reclamar un reajuste de sus prestaciones en función al coste de vida.

Aunque el presidente del bloque de diputados del kirchnerista Frente para la Victoria (Fpv), Miguel Ángel Pichetto, señaló que “se podrán discutir algunos aspectos del proyecto”, consideró que “indudablemente” esto tiene como finalidad “el pago y compromiso” del presidente Macri de responder “en tiempo y forma” con las 300.000 demandas que tiene el Gobierno con los jubilados.

Pichetto, no obstante, reivindicó al Ejecutivo de la anterior presidenta, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), ya “que permitió incluir a muchos que no tenían los aportes hechos”.

La ley prevé que el Ejecutivo pague tanto a aquellos que ganaron litigios contra el Estado durante los últimos años y aún no cobraron como a quienes se encuentran en trámites judiciales.

“El primer paso es que los jubilados dejen de pasear por los pasillos de tribunales”, consideró Cobos.

El texto también contempla la implementación de una “pensión universal para el adulto mayor” para que todas las personas de más de 65 años de edad que no cuenten con una prestación obtengan un ingreso mensual equivalente al 80 % de la jubilación mínima garantizada.

“La pensión universal al adulto mayor es otro logro de nuestro gobierno”, destacó la senadora Silvia Elías de Pérez, también de la UCR.

La llamada “ley ómnibus” también incluye la ratificación del acuerdo entre el Gobierno nacional y las provincias por la restitución del 15 % de la masa de impuestos coparticipables destinada a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Este reajuste de jubilaciones será financiado con el fondo de garantía de la Seguridad Social argentina y con una propuesta de blanqueo de capitales que ha dividido a los senadores.

Por un lado, el oficialismo considera que “blanqueos y moratorias son instrumentos que se ha utilizado para afrontar situaciones financieras del país”, según las palabras del senador Alfredo Martínez, de la UCR.

Por otro lado, los partidos de oposición han cuestionado duramente la inclusión de otras iniciativas en el mismo proyecto de “reparación histórica” a los jubilados.

“Incluir en esta ley el acuerdo con las provincias es un cinismo perverso contra el federalismo”, cuestionó la senadora Anabel Fernández, del kirchnerismo.

Para el kirchnerista Ruperto Godoy, la inclusión de muchas leyes en un mismo debate es una “maniobra extorsiva” a los legisladores.

“Estamos ante una trampa de varios proyectos en uno: hay uno que seduce y es la vitrina de la ley”, dijo el senador Fernando Solanas, de Proyecto Sur (centroizquierda).

“Ningún blanqueo ha dado resultados”, agregó Jaime Linares, del partido GEN (centroizquierda).

Pese a eso, para lograr incentivar la exteriorización de capitales, el Gobierno argentino impulsará tres opciones: pagar un impuesto especial, suscribir bonos por el monto declarado o hacer inversiones de largo plazo en el país.

La intención del Ejecutivo es recuperar unos 20.000 millones de dólares a través de un blanqueo que no incluye a personas condenadas y procesadas ni a los funcionarios públicos.