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Fomento anuncia medidas para evitar una “burbuja” con la cascada de licencias que lograrán empresas como Uber

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna (d), y el conseller de Territori de la Generalitat de Cataluña, Josep Rull (i)

EUROPA PRESS

MADRID —

El Ministerio de Fomento articulará medidas normativas para evitar que se genere una “burbuja especulativa” con la posible compraventa de las miles de licencias que las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), como son Uber y Cabify, lograrán próximamente por vía judicial.

Se trata del compromiso que el Departamento que dirige Íñigo de la Serna ha adquirido en la reunión mantenida este martes con comunidades autónomas y ayuntamientos para tratar sobre el conflicto abierto entre los sectores del taxi y las firmas como Uber.

En concreto, Fomento pretende articular una normativa que garantice que la compañía que logre una licencia de VTC la emplee para prestar el servicio y no para comercializarla en función de las condiciones que el mercado presente en cada momento.

De la Serna asegura que les consta que muchas de las licencias que se están otorgando por vía judicial, fruto del vacío legal registrado entre 2009 y 2013, están cayendo en manos de un solo propietario. “Cuesta creer que tenga intención de prestar servicio con todas ellas”, indicó el ministro.

En el encuentro, Fomento, comunidades y ayuntamientos también convinieron en analizar la posibilidad de dar ayudas al taxi tanto para la renovación de sus vehículos como para lanzar plataformas digitales de contratación de servicio 'online', así como en la necesidad de “reforzar las inspecciones y los controles” a ambos sectores.

“Con todo ello, sólo perseguimos garantizar el cumplimiento de la ley por parte de los dos sectores, por el taxi y la VTC”, aseguró el ministro. “Los taxistas tienen todo el derecho a reclamar mayores controles de su sector, dado que es un sector regulado, y el de los VTC tiene todo derecho a prestar servicio siempre que cumpla por la ley”, aseveró, para recordar que el grueso de las competencias en ambos sectores son de las comunidades y los ayuntamientos, y que las de Fomento se reducen al ámbito normativo y de regulación.

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