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El Gobierno retira 3.600 millones de dinero público al sistema eléctrico

La decisión provocará un mayor déficit de tarifa que repercutirá en empresas y consumidores

El PP ha presentado una enmienda a la nueva Ley de Sector Eléctrico por la que se elimina esta aportación

Esto significa que no se producirá el préstamo de 2.200 millones al sistema eléctrico con cargo a los PGE

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Economía/Energía- La Audiencia cuestiona la constitucionalidad de que las eléctricas financien el ahorro y la eficiencia

Las eléctricas dejarán de percibir el préstamo a cargo de los PGE

El PP ha presentado una enmienda a la nueva Ley del Sector Eléctrico que se tramita en el Senado por la que se elimina una aportación al sistema eléctrico de 3.600 millones de euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), indicaron fuentes del sector.

En concreto, el sistema eléctrico dejará de percibir en 2013 los 2.200 millones de euros del préstamo extraordinario con cargo a los PGE, al tiempo que las cuentas públicas tampoco se harán cargo del 50% del sobrecoste de la actividad eléctrica extrapeninsular, valorado en unos 900 millones de euros.

Esto provocará un incremento del déficit de tarifa, lo que repercutirá en empresas y consumidores.

La financiación de estos 900 millones con cargo a las cuentas públicas forma parte de las medidas de la reforma energética aprobada en julio por el Gobierno, en la que se repartieron esfuerzos entre la Administración, las empresas y los consumidores.

Como parte de la reforma, el Gobierno aplicó un subida del 3,2% en la tarifa eléctrica en agosto destinada a elevar en 400 millones de euros los ingresos en el segundo semestre. Tras esta subida, la tarifa acumula incrementos del 8% desde enero de 2012.

La enmienda del PP también elimina el traspaso desde los PGE a la tarifa eléctrica de lo recaudado con el 'céntimo verde', que entró en vigor en enero de este año y que consiste en la eliminación de las exenciones de las que disfrutaban algunos productos como el gas natural. Este gravamen forma parte de los nuevos impuestos eléctricos aprobados en la etapa del anterior secretario de Estado de Energía, Fernando Marti.

No obstante, esta disposición final primera mantiene que el desajuste de 2013 será financiado en un 44% por Endesa, en un 35% por Iberdrola, por un 13% por Gas Natural Fenosa, en un 6% por EDP y en un 1% por E.ON.

De esta forma, el Gobierno da prioridad a la búsqueda del equilibrio en las cuentas públicas frente a la resolución del déficit de tarifa, que en términos acumulados asciende a 26.000 millones de euros.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, indicó este jueves que 2013 será el último año con déficit de tarifa, mientras que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, había pronosticado un día antes en el Senado que cualquier eventual desajuste durante este año se debería solo a desviaciones en la previsión de la demanda o a factores meteorológicos.

La explicación de De Guindos

El ministro de Economía, Luis de Guindos, al ser preguntado por esta cuestión, ha avanzado que el Gobierno está buscando "una alternativa desde el punto de vista de la financiación" que permita subsanar el déficit de tarifa eléctrica sin que tenga un impacto en el déficit público.

De Guindos ha subrayado que esta inyección económica a las eléctricas hubiera impactado en las arcas públicas en un momento en que la prioridad absoluta es la reducción del déficit público.

Por eso, el Ejecutivo de Mariano Rajoy va a buscar vías alternativas de financiación, "como ha ocurrido en los últimos años", que permitan solventar el problema sin que tenga incidencia en el déficit del país.

Reacción de las eléctricas

Las cinco grandes eléctricas, que ahora deberán financiar los 3.600 millones de euros del déficit de tarifa que se producirá en 2013, sienten un "enorme malestar" ante la aparición de este desequilibrio en el sistema.

Las eléctricas consideran que la renuncia del Gobierno a que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) financien este importe supone una quiebra del compromiso asumido en la reforma energética de que la solución al déficit de tarifa sea compartida por la Administración, las empresas y los consumidores.

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