El Gobierno portugués aprueba intervenir la TAP para evitar una huelga masiva

El Gobierno luso aprobó hoy en consejo de ministros la “intervención civil” de la aerolínea TAP, una medida extraordinaria que no se aplicaba desde 2005 y con la que se pretende impedir que la huelga convocada para finales de año deje sin servicio a la compañía.

El ministro de Economía, António Pires de Lima, justificó esta postura por el elevado número de emigrantes portugueses que depende de la TAP para regresar a su país por Navidades, así como por los perjuicios para el sector turístico nacional, que sufriría “un daño en términos de imagen irreparable”.

En términos prácticos, el recurso a la “intervención civil” supondrá que el 70 % de los empleados del grupo estén obligados a presentarse en su puesto de trabajo, bajo castigo penal si deciden no hacerlo, de acuerdo con la información facilitada por el Ejecutivo.

“Una situación excepcional exige tomar medidas excepcionales”, defendió Pires de Lima, quien insistió en que “los servicios públicos tienen que prevalecer sobre los intereses particulares”, por lo que harán “todo lo posible” para contrarrestar los efectos del paro previsto para los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre.

La huelga fue convocada la semana pasada por una plataforma de once sindicatos de la compañía aérea como señal de protesta al relanzamiento de la privatización de TAP que ya prepara el Ejecutivo, venta que se prevé cerrar en los próximos meses.

La aerolínea ya recibió la petición de más de 20.000 de los cerca de 130.000 pasajeros que tiene programado transportar en esos cuatro días para cambiar de vuelo o directamente cancelar su viaje.

El consejo de administración de la compañía advirtió del impacto financiero de este paro y recordó que en cada una de las cinco jornadas de huelga registradas en los últimos meses, las pérdidas ascendieron a cinco millones de euros por día, lo que perjudicará su cuenta de resultados.

En este contexto, el Gobierno liderado por el primer ministro Pedro Passos Coelho optó por accionar la “intervención civil”, un mecanismo recogido en la ley portuguesa y al que sólo se ha recurrido tres veces en los últimos veinte años.

Esta medida permite castigar penalmente a los empleados que no acudan a su puesto de trabajo, ya fue utilizada en huelgas convocadas en la TAP (1991), el metro de Lisboa (2004) y en el sector de la Justicia (2005), y sólo puede ser usada en situaciones de emergencia o cuando están en cuestión servicios de interés público esenciales.

El Ejecutivo luso confirmó que con el 70 % de los trabajadores será posible operar los 1.141 vuelos programados durante esos cuatro días.

El titular de Economía se mostró confiado en que esta “intervención civil” será respetada por los empleados de TAP, y advirtió de que se tomarán medidas en caso de cualquier tipo de incumplimiento.

“Hay una amplísima mayoría de portugueses que no comprenden esta huelga, sobre todo en un momento como éste”, afirmó Pires de Lima en referencia a su coincidencia con la época navideña.

El ministro calculó en “cientos de millones de euros” el impacto para el sector turístico luso de un paro como el que pretendían organizar los sindicatos de TAP.

Recordó, además, el elevado número de vuelos de esta compañía que conectan la zona continental del país con las regiones autónomas de Madeira y Azores -ambos archipiélagos-, lo que en su opinión refuerza la idea de que se trata de una cuestión de interés público.