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Así es la carta que Hacienda envió a los contribuyentes de la lista Falciani

En 2010, la Agencia Tributaria envió una misiva a 659 contribuyentes en la que les invitaba a regularizar su situación tributaria que publica Cinco Días

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Firmas argentinas gestionaron 393 millones de dólares en el banco HSBC en Suiza

Hacienda invitó a los españoles de la lista Falciani a regularizar su situación. EFE

Hacienda envió una carta en junio de 2010 a 659 contribuyentes que aparecían en la lista Falciani y en la que les invitaba a regularizar su situación tributaria en el plazo de diez días. "Según los datos que constan en poder de la AEAT, obtenidos a través del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, usted ha tenido la disponibilidad de fondos situados en Suiza en la/las cuentas del banco HSBC Private Bank Suisse durante el año 2005 y/o siguientes", decía la misiva, que publica Cinco Días. La Organización de Inspectores de Hacienda criticaron la iniciativa, que entendieron como un trato de favor.

Fue en mayo de 2010 cuando el Gobierno recibió la lista Falciani con los nombres de contribuyentes españoles con cuentas opaca en el banco HSBC en Suiza. Hervé Falciani, el empleado de la entidad que había sustraido la información, había enviado la documentación a las autoridades franceses que luego la hizo llegar a España.

Según publica Cinco Días, en un primer momento Hacienda rechazó abrir una inspección o comprobación tributaria y prefirió acudir a un proceso de gestión tributaria de control que implicó informar a los contribuyentes afectados e instarles a regularizar. Si hubiera optado por la inspección, los afectados podrían verse inmersos en un proceso penal por delito fiscal y enfrentarse a penas de cárcel. Sin embargo, el requerimiento que envió la Agencia Tributaria excluía cualquier pena de cárcel si los afectados seguían las instrucciones, regularizaban su situación y presentaban una declaración complementaria. Es el caso de Emilio Botín, expresidente del Banco Santander.

El Partido Popular estaba en la oposición y criticó que el proceso abierto por la Agencia Tributaria suponía una suerte de amnistía fiscal encubierta. El Gobierno justificó su decisión por la urgencia de evitar la prescripción del delito.

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