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Montoro dice a Mas que es "ilegal" destinar dinero del FLA a la independencia

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Montoro dice a Mas que es "ilegal" destinar dinero del FLA a la independencia

Montoro dice a Mas que es "ilegal" destinar dinero del FLA a la independencia

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que ha negado que el Gobierno agreda a la Generalitat de Cataluña, ha dicho al presidente de esta comunidad en funciones, Artur Mas, que le guste o no, "en España es ilegal" destinar dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la independencia.

En rueda de prensa para presentar los datos de recaudación y ejecución presupuestaria de las administraciones públicas, Montoro se ha referido así a los nuevos requisitos impuestos a Cataluña para acceder al FLA y a la condición de que no use los 3.038 millones del Fondo para gastos independentistas para que el Gobierno pueda hacer ya el desembolso.

Montoro ha asegurado que "Mas no tiene derecho a utilizar ningún euro público en su programa de independencia" y ha señalado que el Ejecutivo lo va a "exigir" y lo va a "controlar" como es su obligación.

El ministro de Hacienda ha negado las acusaciones de Mas sobre que el Gobierno esté agrediendo a la Generalitat de Cataluña con las nuevas condiciones impuestas para acceder al FLA, y ha dicho que por el contrario lo que hacen es "salvaguardar la prestación de los servicios públicos".

Ha subrayado que no se trata de una "agresión" sino de "transparencia" y "prioridad", ha señalado que "hay quien le gusta hacer política siempre a través del victimismo" porque "esa es su especialidad", en referencia al Gobierno del presidente en funciones Artur Mas, mientras que otros como el Gobierno, hacen política "pagando facturas".

Montoro ha argumentado que el Gobierno lo que hace es "salvaguardar la prestación de los servicios públicos de los catalanes" y es algo que han hecho, según ha asegurado, "con toda naturalidad" desde que comenzó la legislatura.

Ha añadido que lo que "está haciendo el Estado es suplir esa carencia en Cataluña", así como lo ha hecho con el resto de administraciones territoriales que lo han necesitado.

Se ha referido a las "singularidades" de la Generalitat de Cataluña, en el sentido de que "tenía un problema de financiación" y se "agrava hasta el punto de que o está siendo capaz de garantizar la prestación de los servicios públicos básicos de los catalanes".

Por ello, ha insistido en la necesidad de que la Generalitat "atienda a las prestaciones fundamentales y no a otros objetivos políticos".

En este sentido, Montoro ha pedido a Cataluña que pague los servicios públicos, la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales, y ha explicado que no es tan difícil cumplir las exigencias del Gobierno y se ha referido al "registro público de factura electrónica" para avanzar en que los proveedores cobren.

A partir de ese momento, la Intervención General de la Generalitat deberá emitir un certificado relativo al empleo de recursos que se está haciendo en esa administración, ha destacado.

Esas condiciones, según Montoro no suponen una "agresión" sino "transparencia" y "prioridad".

Montoro, ha dicho que se trata de evitar problemas como los del Ayuntamiento de Zaragoza, en relación a cómo se ha contabilizado la obra del tranvía, y ha dicho que "la pelota" está en el tejado de la Generalitat y "no es tan difícil" porque de lo que se trata es de que "se pongan al día y paguen las facturas".

Ha pedido que "se dejen de buscar titulares" y ha remachado que lo que el Ejecutivo pretende es "evitar que se dedique un solo euro a cuestiones independentistas" que, "le gustará más o menos al señor Mas, pero es ilegal.

Preguntado por los 1.300 millones de euros que Cataluña no contabilizó y cuyas consecuencias deberán llegar a Eurostat, Montoro ha dicho que lo lógico es abrir el "comité técnico de cuentas nacionales", ya que corresponde al mismo hacer las investigaciones pertinentes.

A la cuestión sobre la puesta en marcha por el Gobierno de un canal de comunicación con los funcionarios catalanes para que puedan consultar o informar sobre posibles actos ilegales que pudieran cometer las autoridades, en el marco del proceso soberanista, Montoro ha dicho que con ello pretenden "amparar" a los empleados públicos.

Se trata, ha explicado, que aquellos funcionarios que entiendan que están siendo sometidos a algún tipo de incumplimiento de la legalidad lo puedan decir en términos de denuncia administrativa.

Ha recordado que "un funcionario público está sujeto al principio de legalidad" y "en ningún momento puede hacer atisbo siquiera de incumplimiento de la legalidad".

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