El PSOE y Cataluña desdeñan la décima extra de déficit, que ven insuficiente

La mayor parte de las comunidades gobernadas por el PSOE y Cataluña han desdeñado la décima extra en el déficit autonómico que mañana les planteará el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y han considerado que se trata de una medida insuficiente y arbitraria.

Varias autonomías como Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña han adelantado ya que seguirán oponiéndose a los objetivos de déficit en la reunión de mañana del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que el jueves pasado aprobó la senda de estabilidad para el trienio 2018-2020.

Después de que las siete comunidades gobernadas por el PSOE, Cantabria (donde los socialistas gobiernan en coalición con el PRC) y Cataluña votaran en contra de esas cifras hace sólo una semana, y de que Canarias se abstuviera, Montoro convocó ayer de manera extraordinaria una nueva reunión del CPFF para suavizar los objetivos de 2018 y 2019.

Para 2018, el tope será el 0,4 % del PIB (en vez del 0,3 % aprobado hace una semana), mientras que para 2019 se fijará en el 0,1 %, cuando antes era del 0 %, aplazando el equilibrio presupuestario hasta 2020.

Esta décima supone un margen adicional de unos 1.000 millones cada año para las autonomías, que darán luz verde mañana al cambio incluso aunque siga oponiéndose la mayoría, ya que el Gobierno tiene voto de calidad.

No se ha pronunciado sobre esta flexibilización el Gobierno de Canarias, que se abstuvo hace una semana. El voto de su única diputada en el Congreso, Ana Oramas, es fundamental para que el Gobierno pueda sacar adelante el techo de gasto la próxima semana.

Desde Andalucía, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha dejado escrito en su cuenta de Twitter que “la oferta de Montoro sobre el déficit es claramente insuficiente” y que su comunidad “rechazará toda propuesta que perjudique los servicios públicos”.

Su consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha emplazado a la Administración General del Estado a distribuir las décimas que tiene “de más” y no quitársela a la Seguridad Social. “No se puede desnudar un santo para vestir a otro”, ha advertido, antes de reprochar a Montoro la “arbitrariedad” del reparto.

Tanto Andalucía como otras comunidades son partidarias de que en la distribución se tengan en cuenta “criterios objetivos” como el peso del gasto público.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha confirmado el voto en contra a la nueva propuesta de déficit porque no es razonable ni soluciona la “profunda infrafinanciación” de esta comunidad.

Y aunque el presidente de Aragón, Javier Lambán, dijo ayer que subir una décima el déficit era una “buena noticia”, el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno aragonés, Fernando Gimeno, ha considerado hoy que es “insuficiente” y ha abogado por llegar al 0,5 ó 0,6 %.

Gimeno ha insistido en el hecho de que el déficit debe ser distribuido en relación a la participación en los gastos y por eso opina que debería ser el Estado el que asuma un mayor porcentaje de déficit, y más aún si se reforma el IRPF, porque podría tener efecto en los ingresos de las comunidades.

Baleares también votará en contra de esta flexibilización de una décima, que la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha calificado como “una tomadura de pelo” que no salva a las comunidades si no va acompañada de una relajación de la regla de gasto.

Según Armengol, a quien le preocupa la “improvisación” de Hacienda, Baleares es una comunidad cumplidora “y lo que necesita es poder gastar el dinero que tiene en ingresos”.

El secretario de Economía del Govern catalán, Pere Aragonès, por su parte, tildó ayer de “limosna” la décima extra de déficit, mientras que la vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha reiterado hoy el rechazo del Gobierno regional al reparto del déficit y ha vuelto a pedir que se ajuste al gasto que asumen las distintas administraciones.

Las comunidades gobernadas por el PP, entre tanto, se han mostrado satisfechas con el anuncio de Montoro y han reafirmado su compromiso con los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Aunque la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha dicho hoy que es partidaria de mantener la “ortodoxia” con el objetivo de déficit de las comunidades, ha precisado que no se opondrá a la propuesta si se acuerda “por parte de todos”.

Para el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Murcia, Andrés Carrillo, la décima extra “hace más factible la transición hacia el equilibrio” y ayuda a la hora de confeccionar el presupuesto de 2018.