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El PSOE propone un paquete de ayudas públicas para paralizar despidos y desahucios

El PSOE pide excluir del déficit el gasto en inversión,  I+D+i y educación

eldiario.es/agencias

Frenar la sangría del paro y paralizar los desahucios mediante la reestructuración de la deuda de las familias son dos de los objetivos que plantea el PSOE en el Plan para la reactivación de la Economía que su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha analizado hoy con su equipo económico y las direcciones del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, el Senado y el Parlamento europeo.

En materia de empleo, el documento propone un programa extraordinario destinado a alcanzar “una moratoria de los despidos por causas económicas” hasta el año 2015. La forma de conseguirlo pasaría por destinar ayudas a las empresas en dificultades que se comprometiesen a no despedir a sus trabajadores y optaran por una reducción de la jornada, siguiendo el modelo alemán. El sueldo de los trabajadores que se mantuvieran en sus puestos correría a cargo del empresario y el Estado a partes iguales y en el caso de los mayores de 50 años, la aportación del Estado sería del 60 %.

Además, los socialistas plantean ayudas para las empresas que creen empleo que se traducirían en bonificaciones de entre el 100% y el 50% de las cotizaciones sociales de los nuevos contratados durante tres años. El fomento del empleo para jóvenes, con una reforma de los contratos de formación y prácticas o la recuperación de la protección para los mayores de 55 años son otras de las medidas contempladas en este ámbito.

10.000 millones para frenar los desahucios

Además plantea la creación de otro fondo de 10.000 millones de euros para la reestructuración de la deuda hipotecaria para la primera vivienda de las familias, que permita hacer frente a una cartera de hipotecas en riesgo de impago, de forma que se renegocien los plazos, intereses y quitas. “Las eventuales pérdidas se deberían asumir a partes iguales entre el Estado y la entidad que vende el crédito”, señala el documento.

Otro fondo, en este caso de 20.000 millones estaría destinado a facilitar el crédito a la economía real mediante la financiación de las empresas, el fomento del autoempleo, la iniciativa emprendedora y la internacionalización de las empresas.

Los dos fondos procederían de la línea de crédito abierta por el Mecanismo Europeo de Estabilidad por importe de 100.000 millones de euros, de los que quedan 60.000 millones. Dentro de estas medidas de crédito, el borrador propone la creación de una agencia financiera pública que desarrolle y potencie nuevos instrumentos financieros para reducir la dependencia de las pymes de la financiación bancaria.

El PSOE estudia elaborar una estrategia para una economía abierta que permita que crezcan las exportaciones un 50 % en 10 años, estimular la I+D+i y desarrollar el Estatuto de Joven Empresa Innovadora.

Excluir del déficit público el gasto en inversión productiva, I+D+i y educación

En su documento los socialistas reclaman que a la hora de contabilizar el déficit público se excluya el porcentaje de gasto púlbico destinado a inversión productiva, I+D+i y educación. El PSOE justifica esta petición en que “en países que, como España, necesitan incentivar el crecimiento de su economía y cerrar su brecha tecnológica, tales conceptos no se deben incluir en los objetivos de déficit público”.

En materia fiscal, el PSOE propone una reforma que integre en el IRPF la tributación de la rentabilidad de toda la riqueza patrimonial de las personas a partir de un mínimo exento; equiparar la tributación de las rentas de capital con las de trabajo y fijar un mínimo homogéneo para todas las CC.AA en el impuesto de sucesiones y donaciones.

También incrementar la progresividad en el impuesto se sociedades, aumentar la contribución del sector financiero y la creación de una oficina integral de lucha contra el fraude.

Para la lucha contra la pobreza y la exclusión social propone la creación de un Fondo de Emergencia dotado con mil millones que permitiría la creación de 30.000 empleos y beneficiaría a 500.000 familias.

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