La ampliación del “cheque familiar” costará 545 millones a las arcas públicas

La ampliación de los beneficiarios de la deducción fiscal de 1.200 euros anuales, el llamado “cheque familiar”, tendrá un coste para las arcas públicas de 545 millones de euros al año, según el análisis sobre el impacto económico y presupuestario del Real Decreto de segunda oportunidad.

Según el texto, al que ha tenido acceso Efe, la mayor parte del importe de este impacto será el correspondiente a la ampliación de la citada deducción a las 186.448 familias monoparentales con dos hijos a cargo, que ascenderá a 224 millones de euros.

A continuación está la ampliación de la deducción a los 177.183 contribuyentes que perciben prestaciones por desempleo y que sustenten familias numerosas, monoparentales con dos hijos, o estén a cargo de ascendientes o descendientes discapacitados, que supondrá un coste de 213 millones de euros.

También pueden pedir este “cheque familiar” los 89.773 perceptores de pensiones públicas que se encuentren en cualquiera de las anteriores situaciones (familias numerosas, monoparentales o con ascendientes o descendientes discapacitados), lo que tendrá un impacto de 108 millones de euros.

En la memoria se precisa que, dado que el IRPF es un tributo parcialmente cedido a las administraciones territoriales, el 50 % del impacto será atribuible a las comunidades autónomas (272,5 millones), el 49 % al Estado (267,05 millones) y el 1 % a las entidades locales (5,45 millones).

Además del “cheque familiar”, la memoria indica que hay otras dos medidas del Real Decreto que supondrán “cierta pérdida recaudatoria”, si bien señala que “no dispone de información” para cuantificar su coste.

Se trata de la exención de las rentas obtenidas por los deudores como consecuencia de las quitas y daciones en pago de las deudas, y de la exclusión de la obligación de declarar de las entidades parcialmente exentas del Impuesto de Sociedades cuyos ingresos no excedan los 50.000 euros anuales.

Respecto a la bonificación para los trabajadores autónomos que se acojan a reducciones de jornada para conciliar su vida profesional y familiar y contraten a una persona para que les sustituya, la memoria cuantifica un impacto de 16 millones de euros si se aplica sobre los 5.700 autónomos personas físicas sin asalariados.

Si se tiene en cuenta el número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que no tienen asalariados, unas 11.400 personas, el coste recaudatorio sería de 32 millones.

No obstante, destaca que el impacto recaudatorio de esta medida para autónomos sería positivo, ya que está condicionada a la contratación de un trabajador por cuenta ajena.

En cuanto a la medida que permitirá que los primeros 500 euros del salario de los nuevos contratos indefinidos no paguen la cotización a la Seguridad Social durante dos años, la memoria apunta que “el impacto presupuestario anual sobre las cuentas públicas resultaría neutral”.

Así, indica que la reducción de ingresos por cotizaciones que se producirá con la puesta en marcha de esta medida quedaría compensada por la creación de empleo adicional y su consiguiente incremento de recaudación por cotizaciones y otros ingresos tributarios, como IVA, IRPF o Impuesto de Sociedades.

La memoria también calcula el impacto en las exenciones de las tasas judiciales, que en el caso de las personas físicas supondría una minoración de los ingresos del 21 %, hasta los 65,1 millones de euros.

No obstante, esta medida repercutirá en un incremento de actividad para los abogados y procuradores, con su consiguiente aumento de recaudación por IVA, IRPF o Impuesto de Sociedades.

Respecto a las modificaciones en materia de segunda oportunidad, establece que “no generarán incremento de las dotaciones, retribuciones ni costes de personal al servicio del sector público y serán asumidas con los recursos existentes”.