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El expresidente de Pescanova suma una nueva imputación por estafa

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El expresidente de Pescanova suma una nueva imputación por estafa

El expresidente de Pescanova suma una nueva imputación por estafa

La Audiencia Nacional ha ampliado la imputación al expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa Faro, y al exjefe de auditoría, Joaquín Viña Tamargo, por presunto delito de estafa (art.248 y 250 CP) y tendrán que declarar sobre las reuniones mantenidas con miembros del Grupo Cartesian.

Sousa suma una imputación más a las que ya tiene por presuntos delitos de falseamiento de información económico-financiera, y en cuentas anuales, de uso de información relevante, de estafa, un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro societario.

Así figura en el auto de la Audiencia Nacional en el que se admite parcialmente la querella al oponerse la Fiscalía a que se cite a declarar como imputados a NCG Banco, así como a José Luis Pego, Francisco Javier García, Julio Fernández, Mauro Varela, Salvador Fernández, Guillermo Alonso, Alfonso Paz Andrade, Alfonso Zulueta, Gonzalo Ortiz y Pilar Cebrián.

El auto recoge que se amplía la querella ante la existencia de indicios del presunto conocimiento de Sousa y Viñas de la situación real, patrimonial y financiera de Pescanova y de la participación que pudieran haber tenido estos en la venta de acciones a Nocavaixagalicia.

Así como ante los indicios de que pudieran albergar interés en el destino de esas participaciones a través de actuaciones que están siendo investigadas y que pudieran situarse al margen del influjo general ejercido por el mercado.

En este sentido, en la ampliación de la querella se describen hasta cinco reuniones mantenidas por los representantes de la entidad compradora de las acciones, Cartesian, con Sousa y Viñas en los meses previos a su inversión.

El juez entiende que no puede someter a Sousa, Viña, Novacaixagalicia, sus consejeros y sus representantes a un nuevo delito de uso de información relevante, ya que se vincula a la venta de acciones que se produjo en mayo y junio de 2011.

Añade que no existen indicios de que los responsables de la entidad financiera conocieran en aquella fecha la verdadera situación económica de Pescanova ni de que Sousa y Viñas le suministraran esta información, por lo que no se cumplen las exigencias impuestas por el artículo 285 del CP para unos y otros.

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