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El ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán detenido por blanqueo de dinero

Le acusan de un delito de blanqueo de dinero y de alzamiento de bienes. El empresario Ángel del Cabo, actual dueño del grupo Marsans y de Nueva Rumasa, también ha sido detenido.

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La Audiencia Nacional juzgará en febrero a Díaz Ferrán por fraude fiscal

El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. EFE

El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha sido detenido en Madrid acusado de un delito de blanqueo de dinero y de alzamiento de bienes dentro de una operación denominada 'Crucero' en la que se han producido más detenciones.

Díaz Ferrán fue presidente de la patronal desde 2007 a 2010. Todo su mandato estuvo salpicado por la polémica, ya que los problemas en sus negocios privados interfirieron en su liderazgo de los empresarios españoles. La quiebra de la agencia de viajes Marsans, de la que era copropietario junto a su socio Gonzalo Pascual, destapó sus prácticas irregulares.

Han tenido lugar al menos ocho registros en distintos puntos de España relacionados con los delitos de ocultación de bienes y blanqueo de capitales. La operación está siendo dirigida por el juez Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y el fiscal Daniel Campos.

Precisamente, entre los detenidos se encuentra también el empresario valenciano Ángel del Cabo, actual dueño del grupo Marsans y de Nueva Rumasa, y consejero delegado de Nueva Rumasa, Iván Losada. El resto de nombres son los de Susana Mora, quien actuaba como secretaria de Losada según fuentes de la investigación, su cuñado Teodoro Garrido y los testaferros de De Cabo, Rafael Tormo, Antonio García, Carmelo José E. G.; Antonio G.E., y José Enrique P.M.

La detención del expresidente de la CEOE se ha producido en su domicilio de Madrid y está relacionada, según las fuentes consultadas, con la investigación iniciada a partir de la querella presentada por AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia contra los antiguos propietarios de la agencia de viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual; su nuevo dueño, Ángel de Cabo y su empresa Possibilitum por la comisión de delitos de alzamiento de bienes y ocultación apresurada de sus bienes personales.

El pasado julio la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez Velasco asumir esta causa. La Audiencia resolvía de este modo el conflicto de competencia que había planteado el propio juez, que consideraba que la causa debía recaer en otro Juzgado, el número 1, del que es titular el juez Santiago Pedraz y que ya investiga a Marsans, en este caso por la apropiación indebida de los depósitos realizados por los clientes de la agencia para la reserva de viajes.

Las compañías hoteleras denunciaron a los tres empresarios al considerar que estaban ocultando a los acreedores de Marsans bienes de la agencia de viajes y personales para evitar así hacer efectiva la deuda contraída con ellas, que asciende a 45 millones de euros.

10.000 acreedores

En el auto de la Sección Segunda, al que tuvo acceso Europa Press, los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y Enrique López reproducían el informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre esta causa en el que se desvelaba que "un número de acreedores superior a 10.000" habrían resultado perjudicados por la falta de pago de Marsans, que se declaró en concurso de acreedores en el año 2010.

La Fiscalía también defendía que debía ser el juez Velasco el que asumiera la instrucción al considerar que la unión de esta investigación con la ya iniciada "podría perjudicar" el esclarecimiento de las conductas de los denunciados. La Sección Segunda dio la razón al Ministerio Público y aseguró que "los hechos deben de seguir siendo investigados por cada uno de los Juzgados que conocen de los mismos en este momento".

Implicado en varias causas judiciales

Díaz Ferrán está implicado en varias causas judiciales, entre otras, por la concesión de un crédito de 26 millones de euros que le dió Caja Madrid y por la quiebra de Marsans.

Tenía pendiente una citación judicial este miércoles para declarar por la primera de estas causas: el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid había llamado a declarar como imputados tanto a él como al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa por la aprobación del crédito de 26,6 millones de euros que la entidad financiera concedió al empresario.

La resolución judicial señala que tanto Blesa como Díaz Ferrán podrían ser indiciariamente autores de delitos societarios y falsedad documental.

La Audiencia Nacional también iba a juzgar a finales de febrero al expresidente de la CEOE y al expresidente de Air Comet Antonio Mata por un presunto delito contra la Hacienda Pública tras comprar Aerolíneas Argentinas en 2001. Según informaron a Efe fuentes jurídicas, el Juzgado Central de lo Penal será el encargado de juzgar a partir del 26 de febrero a ambos acusados, para los que la Fiscalía pide una pena de dos años y cuatro meses de prisión y el pago de una indemnización de 99 millones de euros.

En el banquillo de los acusados no podrá sentarse el empresario Gonzalo Pascual, que estaba acusado junto a Díaz Ferrán y Mata y que falleció en junio pasado tras sufrir un infarto.

La causa se remonta a 2001, cuando el Gobierno español vendió Aerolíneas Argentinas a Air Comet, que no declaró supuestamente los beneficios obtenidos con la operación.

En concreto, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vendió el 92% de las acciones en Interinvest (la propietaria del 92,1 % de Aerolíneas Argentinas) a Air Comet, entonces presidida por Antonio Mata, por un dólar a cambio de aportar 300 millones de dólares para satisfacer pagos a los acreedores de la sociedad.

Air Comet utilizó ese dinero, no para pagar a los acreedores, sino para subrogarse en su posición en el proceso de suspensión de pagos, lo que le permitió posteriormente recuperar el 40% de lo invertido gracias al convenio aprobado por Aerolíneas Argentinas para saldar sus deudas.

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