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Jugar con dos barajas

Al poder, mariachis no le faltan, pero no puede aspirar a que todos nos convirtamos en palmeros.

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El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, impulsó la Ley Mordaza. EFE

Tres son los anhelos del poder que aspira a la totalidad y aquí se me vienen a las mientes tres palabras. Omnipotente. Omnisciente. Omnímodo. Del primero baste decir que no basta querer, sino que se requiere saber y poder. Afortunadamente, por estos dos atributos últimos no ha conseguido lo que pretende. Del omnisciente, callado está dicho y mejor correr un tupido velo por caridad cristiana. Queda el carácter omnímodo y glotón, plenamente conseguido hace tiempo.

Om es la palabra que representa el sonido del universo. Es un mantra, una palabra que engloba todas las palabras y contiene una vocal que, al pronunciarse, engloba todas las vocales. Om es la Totalidad.

Todo poder aspira al om, pero a un om no metafísico, sino tenebroso: ocupar todos los espacios: el suyo y el de los demás. El poder político hace tiempo que canibalizó a Montesquieu. El poder judicial es un reflejo distorsionado, por no hablar del legislativo que repta por los pasillos ministeriales. Esta ansia por ocuparlo todo y dirigirlo todo es una de las más graves enfermedades que aquejan a nuestra sociedad: no poder confiar en la justicia y sufrir el desprecio al Parlamento, que somos todos, como muy bien ha evidenciado el ministro Guindos, a quien el Parlamento llama y él, con toda la chulería vaticana de la que es capaz, no va.

Pero hay otro campo que el poder político va invadiendo paulatinamente. Y es el campo de los derechos. De estos se habla mucho, pero se dice poco realmente. Esta conquista de la humanidad lleva camino de convertirse en un frigopié en una playa del Mediterráneo. Los derechos humanos, vaya por delante, son derechos creados para defenderse del poder, no para que el poder los utilice. El derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, no fue creado para que Puigdemont, en su calidad de president, se manifestara, sino para defenderse de los Puigdemont de esta vida (y cito a este como podría citar a todos los demás).

La manera en que el poder reclama y ejerce el derecho a la expresión, que no le está reconocido a las administraciones públicas y sí a las personas, es noticia un día sí y otro también, pero nunca se cuestiona el ejercicio de ese supuesto derecho. Uno puede pronunciarse a título individual pero como representante político o como grupo político o como administración, ciertos pronunciamientos ha de guardárselos en el coleto.

Pongo un ejemplo. Las declaraciones de 'persona no grata' que han realizado varios ayuntamientos en un supuesto ejercicio a la libertad de expresión de las corporaciones son ilegales de principio a fin. Y no lo digo yo. Lo ha dicho por sentencia el Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque una administración no puede ampararse en la libertad de expresión.

Más ejemplos. El reparto sectario de publicidad institucional y no el reparto proporcional y equitativo conculca la libertad de expresión de los ciudadanos. El autobombo político, ídem de ídem (sentencia del Supremo contra la Generalitat por el reparto de 600.000 folletos sobre sus logros en Sanidad). La publicidad política, salvo en campaña electoral, está prohibida. Y sin embargo, ¿cuándo no cae en nuestras manos un folleto, no vemos anuncios de partidos publicados de manera franca o soterrada, cuándo no se estrangula un medio de comunicación díscolo?

Una de las características de nuestra sociedad es el miedo. Miedo a expresarse, miedo a significarse, miedo a perder el puesto de trabajo, miedo a ser denunciado, a ser anatemizado por el poder, miedo a caer en desgracia.

De la libertad de expresión, recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay dos variantes: la libertad de opinión y la libertad de información. Los límites a estas libertadas están recogidos en la propia Constitución y... en el Código Penal (y en los códigos deontológicos, no se nos olvide). De la libertad de información puede decirse que su gran principio rector es la veracidad (como verán, no digo verdad, que es un concepto imposible de alcanzar por definición) y de la libertad de opinión, el límite se ha puesto en los artículos 578 y 510 del Código Penal (relativos al enaltecimiento del terrorismo y la incitación al odio), así como en la propia Constitución, que limita la expresión atentatoria contra los símbolos del Estado, entre otros extremos.

El mal gusto no está penado y el insulto, según y cómo, porque todo esto es subjetivo y hay quien se siente insultado por la mera existencia de un 'otro'. Hay jurisprudencia al respecto, pero muy variada, porque hay que valorar cada caso en su contexto y de manera individualizada para dictaminar si ha habido un ejercicio 'excesivo' de la libertad de expresión. Toda limitación es restrictiva, pero más allá de los límites, cuestionables en algunos casos, puede decirse que no existe en democracia el delito de opinión. Es más, la democracia es sobre todo información y es sobre todo opinión y, ante la duda, hay que aplicar un concepto amplio y no restrictivo de las leyes.

Que al poder no le gustan las opiniones que le son contrarias, no extraña a nadie. Que al poder le gustaría cercenar la libertad de opinión e información, no me cabe duda. Que el poder se atribuye la libertad de opinión cuando se la regatea a los ciudadanos, hay ejemplos como para llenar un vagón de tren. La comodidad política o personal no es un bien protegible jurídicamente. No estamos aquí para que el poder se sienta cómodo. Al poder, mariachis no le faltan, pero no puede aspirar a que todos nos convirtamos en palmeros. Esto es lo que hay y lo que hay es una lucha continua en defensa de las libertades, una lucha con sus zigzags, con sus buenos y malos momentos, pero continua.

Días atrás, en el seno de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, surgió este tema y todos los juristas allí presentes (letrados del Constitucional, catedráticos de Derecho, etc.) coincidieron en que las administraciones tienen garantizado una serie de derechos y garantías, pero no les compete lo que es patrimonio conquistado arduamente por los ciudadanos de a pie: expresar libremente opiniones aunque no gusten. Ha de protegerse la libertad de expresión contra las injerencias omnímodas de todo gobierno.

Tan acostumbrado está el poder a jugar con dos barajas, la suya y la de los demás, que ya no se cuestiona este comportamiento de tahúr. Todo lo contrario: las restricciones legales, como la ley 'mordaza', sentencias judiciales durísimas y desproporcionadas, la precariedad que todo lo invade, hace que el ciudadano, pudiendo hacerlo, no ejerza la libertad de expresión.

Y aquí está otra de las características de nuestra sociedad: el miedo. Miedo a expresarse, miedo a significarse, miedo a perder el puesto de trabajo, miedo a ser denunciado, a ser anatemizado por el poder, miedo a caer en desgracia. Y ese miedo, que se revela con esplendor en la autocensura, ese desaliento al ejercicio de la libertad de expresión, en expresión que recoge la doctrina de la Corte Europea de los Derechos Humanos, es un efecto propio de una sociedad agobiada.

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