Educación reconoce en el juicio que el colegio Sardinero “no cumple con la normativa en materia de accesibilidad”
La Consejería de Educación ha reconocido ante los tribunales que el CEIP Sardinero “no cumple con la normativa en materia de accesibilidad” y que presenta “un grave problema de funcionalidad”, según ha podido confirmar eldiario.es a través del AMPA del centro, que denunció estas “graves deficiencias” el pasado mes de junio mediante un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
Este martes se celebró la primera vista del procedimiento judicial iniciado por el AMPA contra la Consejería que actualmente dirige el socialista Francisco Fernández Mañanes y que entonces lo hacía Ramón Ruiz (PSOE), y contra el Ayuntamiento de Santander (PP), a la espera de una segunda sesión en la que declare el que fuera director general de Innovación y Centros Docentes, Alonso Gutiérrez, a quien “no se le pudo notificar a tiempo” la cita.
Desde el AMPA aseguran a eldiario.es que consideran la declaración de la arquitecta de la Consejería “muy relevante” ya que se trata de la parte demandada que “reconoce los hechos” que denunciaron en su momento. Además, señalan que desde que presentaron el recurso, “ya se han hecho parte de las obras que se han demandado, lo que viene a ser un reconocimiento expreso de que se tenían que hacer”. No obstante, recalcan que aún queda “lo principal”.
Por su parte, desde este colectivo demandante afirman que la jefa del Servicio de Talleres del Ayuntamiento de Santander siguió en su declaración la misma línea argumental que detalló el Consistorio a este medio hace siete meses: llevan a cabo “actuaciones dentro del mantenimiento diario y habitual” que entra en sus competencias. “Defendió que su obligación se limita a eso, pese a ser los propietarios del colegio”, apuntan desde el AMPA.
Responsabilidad mutua
En su momento, ambas administraciones se responsabilizaron mutuamente de “la falta de mantenimiento total del colegio”. La presidenta de la asociación, Alejandra Gándara, señaló que todas las deficiencias “incumplen la normativa del Gobierno de Cantabria”. “Con esto no queremos decir que queramos el colegio más bonito de Santander, sino que cumpla con la normativa que el propio Ejecutivo ha estipulado”, recalcó.
Hizo referencia a “mal estado” de determinados elementos existentes en el colegio, así como a la “ausencia” de ciertas instalaciones ineludibles para la correcta función académica“, entre las que destacó la existencia de ”numerosas barreras arquitectónicas“ que dificultan el desplazamiento de los niños. Concluyó dejando claro que la demanda era contra ambas administraciones públicas por ”dejadez de funciones“, independientemente de que ”una sea de un partido político y otra de otro“.
Izquierda Unida presentó una moción al pleno para exigir “un plan de actuaciones entre Ayuntamiento y Consejería” y Santander Sí Puede hizo lo propio para solicitar al Consistorio que se hiciera cargo de las reformas del centro escolar y ambas fueron desestimadas.
