Egüés, un precedente para forzar la investigación de fosas
El Ayuntamiento del municipio navarro del Valle de Egüés pasará la factura deb la exhumación de tres fusilados en 1938 al Gobierno de Navarra. El presupuesto reservado por las arcas municipales para este fin asciende a un máximo de 5.000 euros. El alcalde, Alfonso Etxeberria (Geroa Bai), confirma que pese a que el Consistorio se ha hecho cargo de esta financiación, ahora exigirá al Ejecutivo de la Comunidad Foral que cumpla la ley de Memoria Histórica, que precisamente contempla que los presupuestos forales asuman el coste de este tipo investigaciones. Una vez finalicen los trabajos, ahora en el laboratorio (una operación que, se calcula, puede alargarse algo más de un mes), y con las facturas correspondientes, el Consistorio llamará a la puerta del Ejecutivo para que asuma el coste. De esta forma, Egüés inicia un camino, el de presionar al Gobierno de Navarra para que financie estas exhumaciones, que puede ser seguido por otros consistorios. En función, eso sí, de su disponibilidad económica.
En el caso de Egüés, los trabajos mencionados, desarrollados por la Sociedad de Ciencias Aranzadi con la colaboración de la asociación Txinparta, tuvieron lugar durante este arranque de 2015. El sábado, 2 de enero, se empleó maquinaria para investigar la fosa y, un día después, se pudo extraer a los tres cadáveres: dos de ellos se localizaron juntos y otro, a unos seis metros de distancia. Para lograrlo, finalmente resultó clave el testimonio de un vecino que señaló el punto exacto en el que los tres prisioneros del antiguo Fuerte de San Cristóbal fueron fusilados. El hallazgo ha confirmado, por el momento, que los tres fallecidos recibieron un disparo en la cabeza.
Esta investigación ha sido posible precisamente por el testimonio de vecinos de la zona, que apuntaban a este punto del polígono de Elía, en el Valle de Egüés. Los tres cuerpos corresponden, según estos indicios, a tres de los prisioneros fugados durante la huida masiva del fuerte que tuvo lugar el 22 de mayo de 1938, y que afectó 795 reos. Unos 207 fueron después ejecutados, muchos de ellos allí donde fueron interceptados, como en este caso, algo que dificulta encontrar sus restos.
La investigación en torno al Fuerte de San Cristóbal, una prisión conocida por sus problemas de salubridad y que más adelante fue utilizada como sanatorio, ya permitió descubrir hechos como el cementerio de las botellas, donde se enterró entre 1942 y 1945 a 45 personas, cuyos datos se introdujeron en botellas, de ahí el nombre del hallazgo. No obstante, el caso de estas exhumaciones en Egüés es novedoso porque ha permitido detectar a fugados del monte Ezkaba más lejos de las instalaciones y porque ha sido financiada por el propio Consistorio.
“Debería ser una prioridad”
Desde asociaciones como affna36, que agrupa a familiares de fusilados de Navarra, ya apuntaron que este caso demuestra que cumplir la ley y permitir nuevas investigaciones es una mera cuestión de “voluntad política” y que este tipo de hallazgos son posibles siempre que se destinen fondos. Sin embargo, según denunciaron, el Gobierno de Navarra únicamente ha ejecutado a la mitad el presupuesto reservado para cuestiones de memoria histórica entre 2011 y 2013.
El caso de Egüés, que un Consistorio adelante el presupuesto y después lo exija al Ejecutivo, puede ahora sentar un precedente. “Yo animo a todos los ayuntamientos a dar a este paso, una investigación así debería asumirse con total naturalidad, y también debería ser una prioridad aclarar todo lo que pasó”, apunta el alcalde, quien recuerda que precisamente tanto UPN como PPN votaron a favor de destinar este dinero a la exhumación dentro de la Casa Consistorial de Egüés.
