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La Abogacía del Estado estudia si la apertura de nuevas delegaciones de la Generalitat en el exterior viola la ley

Sáenz de Santamaría avisa a la Generalitat de que no puede invadir la competencia del Gobierno para dirigir la política exterior

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La Abogacía del Estado estudia si la apertura de nuevas delegaciones de la Generalitat en el exterior viola la ley

La Abogacía del Estado estudia si la inminente apertura de dos nuevas delegaciones de la Generalitat en Roma y Viena incumple la Ley de la Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado, y valora a su vez si cabe presentar un recurso de inconstitucionalidad de la ley catalana de la acción exterior, ha confirmado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sainz de Santamaría.

En rueda de prensa al término del Consejo del Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que el análisis de la Abogacía del Estado parte de la "premisa" de que "la dirección de la política exterior corresponde al Gobierno de la Nación".

"Las Comunidades Autónomas, eso el Tribunal Constitucional lo ha dejado claro, pueden tener una acción exterior, pero eso nunca puede suponer la invasión de la atribución que tienen los Estados de asumir esa dirección de la política exterior que además la Ley de la Acción Exterior por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico disciplina oportunamente", ha añadido.

La Ley de la Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado señala los pasos que las Comunidades Autónomas han de seguir cuando decidan abrir delegaciones en el exterior, ha recordado la portavoz del Ejecutivo.

Esa norma obliga a las autonomías a informar con carácter previo al Gobierno de la apertura de delegaciones en el extranjero. El Ejecutivo sostiene que antes de publicar la decisión de crear estas nuevas oficinas en el exterior en su Boletín Oficial, la Generalitat tendría que haber informado con carácter previo al Gobierno.

La citada Ley de la Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado establece en su artículo 12 que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación tiene que pronunciarse sobre si esa propuesta se adecúa a los objetivos de la política exterior española y si cumple con el principio de unidad de acción en el exterior.

UNA SOLUCIÓN MÁS BARATA

También el Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas debe decir si la apertura de esas oficinas está de acuerdo con el principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos así como desde la perspectiva de su adecuación al orden competencial. Es decir, "si hay una solución más barata o más eficiente" para defender los intereses de Cataluña, como instalarse en las dependencias de la Embajada de España, ha simplificado el ministro.

En este sentido, la vicepresidenta ha advertido de que las autoridades catalanas tendrán que dar "explicaciones a los ciudadanos" sobre los costes de abrir nuevas delegaciones en el extranjero cuando tienen la posibilidad de instalarse dentro de las Embajadas de España, como han hecho otras Comunidades Autónomas.

Eso sí, esa acción exterior de las autonomías debe limitarse al marco de sus competencias y no puede pretender asumir "otro tipo de representaciones que solo corresponden a los estados".

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