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Aguirre guarda silencio mientras ultima su declaración de mañana como testigo ante el juez por la trama Gürtel

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, no tiene intención este miércoles de hacer ninguna valoración sobre la detención del que fuera su número dos y expresidente de la Comunidad Ignacio González, mientras se prepara su declaración de mañana como testigo ante el juez en el marco de la trama Gürtel.

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Fuentes próximas a la portavoz del PP en el Consistorio han explicado a Europa Press que Aguirre ha acudido esta mañana al edificio de Grupos, donde tienen los concejales sus despachos, tras conocerse el operativo puesto en marcha por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra la corrupción en el Canal de Isabel II.

La expresidenta madrileña está dedicando el día a ultimar su declaración de mañana. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargado de juzgar a los 37 acusados por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005), escuchará a Aguirre citada a declarar como testigo por el fraccionamiento de las facturas de los servicios prestados por las empresas del 'cabecilla' de la red corrupta, Francisco Correa, cuando ésta dirigía la región.

Aguirre comparecerá bajo la circunstancia de lo que "pueda aportar sobre los hechos" en cuestión y no por su condición política, según subrayó el tribunal en el auto en el que se aceptó esta testifical solicitada por la Fiscalía. La también expresidenta de los 'populares' madrileños aseguró el pasado 27 de marzo que irá a declarar "con muchísimo gusto" y que "dirá todo lo que sabe", al que igual que hizo en 2013 durante la instrucción del caso.

A lo largo del juicio --que comenzó el pasado 4 de octubre en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares-- han sido varios de los acusados y testigos los que han asegurado que la Comunidad de Madrid ordenó a las empresas que organizaron sus eventos, y sobre todo a los que iba a asistir la máxima dirigente de la región, fraccionar los pagos para no superar los 12.000 euros y eludir los requisitos legales de adjudicación de concursos. Esto mismo ha sido constatado por los distintos informes que obran en el sumario de la causa.

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