Anulan el juicio a 73 policías condenados por la matanza en la cárcel de Carandirú

Un tribunal brasileño anuló hoy el juicio que resultó en la condena de 73 policías por la matanza carcelaria de Carandirú, ocurrida en 1992 y en la que fueron asesinados 111 reclusos, informaron fuentes oficiales.

La cuarta sala penal del Tribunal de Justicia de Sao Paulo anuló todo el proceso porque consideró que no se logró responsabilizar de forma individual a los autores de cada una de las muertes, según informó la corte.

La decisión supondrá que el juicio tendrá que volver a comenzar desde el principio, aunque cabe la posibilidad de que la Fiscalía presente un recurso.

Los 73 policías fueron juzgados y condenados en cinco procesos diferentes que tuvieron lugar entre 2013 y 2014, pero todos ellos permanecían en libertad a la espera del resultado de la apelación.

La Justicia responsabilizó a todos los policías por los homicidios ocurridos en los sectores de la cárcel donde se encontraba cada uno de ellos y la acusación sólo presentó cargos contra los que dispararon aquel día.

En todos los casos el juez aplicó la mínima sentencia, de seis años por cada asesinato y otros seis por considerar que las víctimas no tenían oportunidad de defenderse.

Las condenas impuestas por la Justicia varían de 48 a 624 años de cárcel a cada uno de los 73 policías condenados, algunos de los cuales continúan en actividad.

Durante el juicio, la acusación argumentó que era imposible individualizar conductas porque la policía borró pruebas durante los 21 años que se arrastró el proceso y porque se trató de una matanza “colectiva”, en la que cada una de las víctimas fue acribillada por numerosos tiros procedentes de armas distintas.

El caso de Carandiru se ha convertido en un emblema de la impunidad judicial en Brasil, por la larga demora en llevar el caso a los tribunales y porque ninguno de los presuntos responsables ha sido encarcelado.

La matanza se remonta al 2 de octubre de 1992 y se inició por un motín en el pabellón nueve de este presidio, el mayor de Brasil en la época, que albergaba a cerca de 8.000 internos hacinados y en condiciones insalubres.

La Policía reprimió el motín con una violencia extrema, disparando a los reclusos cuando muchos de ellos estaban encerrados en sus respectivas celdas.

El responsable de la operación, el coronel de policía Ubiratan Guimarães, fue condenado en 2001 por el uso excesivo de la fuerza, pero tampoco llegó a entrar en prisión y resultó absuelto en una apelación en 2006, pocos meses antes de fallecer asesinado.

La conmoción que produjo la matanza llevó a las autoridades brasileñas a clausurar Carandirú en 2002, y posteriormente se ordenó su demolición para dar lugar a un parque.