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Asociaciones de letrados de la Administración de Justicia piden el cese de Madrigal

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Asociaciones de letrados de la Administración de Justicia piden el cese de Madrigal

Asociaciones de letrados de la Administración de Justicia piden el cese de Madrigal

El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia ha pedido el cese de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, si no rectifica sus declaraciones en las que este colectivo entiende que les achaca el "fracaso" en la revisión de los procedimientos penales.

Por su parte, el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) y la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) han emitido un comunicado conjunto en el que cuestionan la idoneidad para el cargo de Consuelo Madrigal y solicitan su dimisión.

Madrigal ofreció ayer una rueda de prensa para informar de los trabajos de las fiscalías en relación con la entrada en vigor del artículo 324 de la reformada Ley de Enjuiciamiento Criminal que da de plazo hasta el 6 de junio para revisar las causas pendientes en los juzgados a efectos de declararlas más o menos complejas para pedir o no la ampliación del plazo de su instrucción.

Según dijo, los fiscales revisarán en el plazo legal que termina el 6 de junio las causas penales a las que han accedido, tratarán de evitar la impunidad de las que conozcan posteriormente y plantearán una mejora de la reforma de la ley para garantizar que se les dé traslado de todas.

La fiscal general explicó que la ley establece que la dirección de la investigación corresponde a los jueces y que el control de las causas reside en los letrados de la Administración de Justicia.

Añadió que el fiscal sólo puede clasificar las causas de las que haya tenido conocimiento de su existencia, ya que esos procedimientos no están físicamente en las fiscalías sino en las dependencias de los juzgados de instrucción.

Agregó que las actuales aplicaciones informáticas de juzgados y fiscalías, rudimentarias y no interoperables entre sí, no facilitan una información completa. "Los fiscales no respondemos de las causas a las que no hayamos tenido acceso", apostilló.

Durante este tiempo, según explicó Madrigal, el traslado de las causas al fiscal ha dependido solo de la buena disposición, las relaciones o del entendimiento que el personal de los juzgados haga del tenor de la ley y por eso reclamó una instrucción con pautas claras de la Secretaría General del Ministerio de Justicia.

La fiscal general anunció que elevará al Ministerio una propuesta de reforma legislativa para que se dé traslado a los fiscales de las causas pendientes en todos los juzgados "para que puedan tener cabal conocimiento y les permita diseñar en cada caso la estrategia acusatoria que proceda".

El Colegio Nacional reclama "el cese inmediato de la fiscal general del Estado en el caso de que no rectifique su acusación implicando a todo el Cuerpo de letrados de la Administración de Justicia en el fracaso de la revisión de los procedimiento penales, cuya obligación incumbe a los fiscales, sobre la base de una incierta acusación de ocultamiento de causas penales al fiscal".

A juicio del Colegio "si algún letrado de la Administración de Justicia ha llegado a impedir el conocimiento de las causas llevadas en los órganos de instrucción a algún fiscal" lo que tiene que hacer la fiscal general "es promover las actuaciones procesales para la nulidad de lo actuado y en su caso ponerlo en conocimiento del Ministerio de Justicia para que se adopten las medidas oportunas".

Insiste en que "lo que no puede hacer es acusar a todo el Cuerpo de letrados de la Administración de falta de colaboración" y espera "que las asociaciones judiciales reaccionen al haberles acusado a los jueces de instruir a espaldas del fiscal".

Por su parte, SISEJ y UPSJ explican que piden la dimisión de Consuelo Madrigal por "sospechar de la existencia de causas que la Fiscalía no podrá revisar en plazo culpando de ello a los letrados de la administración de justicia" y recuerdan que la revisión "es una tarea encomendada legalmente a la Fiscalía".

Asimismo señalan "la responsabilidad institucional del Ministerio de Justicia en funciones y la falta de una adecuada gestión y previsión desde que entró en vigor la reforma".

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