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Bruselas logra nuevos poderes para controlar el cierre de fronteras nacionales por presión migratoria

Los Estados miembros mantienen su plena soberanía para reintroducir controles fronterizos por motivos de seguridad pública

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La Comisión Europea tendrá nuevos poderes para controlar el cierre de fronteras por parte de los Estados miembros de la UE en caso de fuerte presión migratoria, como la llegada masiva de inmigrantes tunecinos a Italia que se produjo al principio de la primavera árabe, según el acuerdo sobre el código de fronteras Schengen alcanzado por la presidencia irlandesa y la Eurocámara.

Los Estados miembros mantendrán su plena soberanía, como ocurre en la actualidad, para reintroducir controles fronterizos por motivos de seguridad pública, por ejemplo en caso de un gran acontecimiento deportivo o de una amenaza terrorista.

No obstante, por primera vez estarán obligados a notificar a posteriori a Bruselas los argumentos para justificar su decisión y el Ejecutivo comunitario podría emitir un dictamen negativo si considera que el cierre no tiene base. El plazo máximo para limitar la libre circulación de personas sigue siendo de seis meses, prorrogables.

Pero la gran novedad de la reforma del código de fronteras es que introduce un segundo mecanismo para decretar la reintroducción de controles en casos que puedan afectar al conjunto del espacio Schengen, como presiones migratorias inesperadas.

En este segundo caso, los Estados miembros ya no podrán cerrar las fronteras unilateralmente, como hizo Francia en 2011 para evitar la entrada de inmigrantes tunecinos desde Italia. "En aquel momento, la decisión de Francia vulneraba el espíritu pero no la letra de la normativa europea. Con esta reforma, hubiera vulnerado el espíritu y la letra", han explicado fuentes comunitarias.

La iniciativa en situaciones como ésta o el descontrol en la frontera entre Grecia y Turquía corresponderá al Ejecutivo comunitario, que deberá realizar análisis de riesgo y recomendar el cierre de fronteras en uno o varios Estados miembros y proponer durante cuánto tiempo se deben mantener los controles. Pero la decisión final estará en manos de los ministros del Interior de los Veintisiete.

Si un Gobierno decide pese a todo reintroducir los controles unilateralmente, estará incumpliendo las nuevas reglas y se enfrentaría a un expediente de Bruselas. No obstante, la Comisión reconoce que "no puede enviar a la policía" al Estado miembro incumplidor y que "habría que discutir y encontrar una solución".

Además, por primera vez será posible que equipos de inspección -formados por expertos de los Estados miembros y de la Comisión- visiten por sorpresa los Estados miembros para verificar si están realizando controles ilegales.

La presidencia y la Eurocámara han cerrado además un acuerdo sobre el nuevo sistema de vigilancia de fronteras 'Eurosur', cuyo objetivo es mejorar el intercambio de datos entre los Estados miembros.

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