La CICIG asegura que su trabajo promovió “un cambio de paradigma” en Guatemala

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) aseguró que su trabajo en el país centroamericano ha promovido un “cambio de paradigma” en el Estado, al procesar a altos funcionarios implicados en “actividades ilícitas” aplicando la normativa “sin diferencia alguna”.

En un informe que la comisión elaboró para la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia y al que hoy tuvo acceso Efe, el organismo de la ONU relata su actividad desde el año de su creación, en 2007, hasta la fecha.

La instancia coordinadora que recibió el documento es la encargada de elaborar un informe sobre el rendimiento de la CICIG para definir su continuidad o no, ya que su mandato expira en septiembre próximo.

El escrito, que ofrece una visión de lo fue “una experiencia histórica” en Guatemala, asegura que la CICIG es un órgano “de carácter internacional e independiente” que tiene como objetivo “apoyar, fortalecer y coadyuvar” a las instituciones locales encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos cometidos.

La comisión, explica, fue creada para investigar “la estructura y las actividades” de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs) dentro del Estado de Guatemala, por lo que tiene facultades para “recabar, evaluar y sistematizar” información, promover la persecución penal y prestar asesoramiento.

La CICIG está compuesta por 138 funcionarios, de los cuales 66 son guatemaltecos y el resto de distintos países, según la misma fuente, y la mayoría trabaja en el departamento de Investigación y Litigio de la Comisión.

En la nación centroamericana, donde se cometen 16 asesinatos cada día, entre el 70 y 90 por ciento de los delitos registrados no tendrán castigo y quedarán en la impunidad, según datos oficiales.

“Las investigaciones constituyen uno de los pilares del mandato de la CICIG, el cual está vinculado a la desarticulación de los Ciacs”, manifiesta, y añade una breve reseña de algunos casos en los que el ente intervino, como el caso Rosenberg en 2009.

En aquel año, el abogado Rodrigo Rosenberg denunció en un vídeo falsamente actividades ilícitas del presidente de Guatemala en 2009, Álvaro Colom, el que se conoció un día después de ser asesinado, el 10 de mayo de ese año.

La entidad de la ONU confirmó meses después que Rosenberg ordenó su propio asesinato con una banda de sicarios.

La CICIG defiende que durante estos años ha desarrollado una cantidad “significativa” de investigaciones sobre fenómenos de “criminalidad compleja”, que han permitido identificar, procesar y desarticular estructuras delictivas importantes.

Para la comisión, hay cinco fenómenos criminales “prioritarios” en la investigación desde 2013: el contrabando y defraudación tributaria, la corrupción administrativa, la financiación electoral ilícita, la corrupción judicial y el narcotráfico y el lavado de activos.

Además de las investigaciones, abunda el escrito, la CICIG ha apoyado un proceso de “fortalecimiento” del Sistema de Justicia, a través de la presentación de propuestas legislativas para promover la lucha contra la impunidad, como la reforma de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, incluyendo la figura del “colaborador eficaz”.

Esta figura tiene su propia naturaleza jurídica y se rige bajo siete principios para garantizar la lucha contra el crimen organizado: eficacia, oportunidad, proporcionalidad, comprobación, formalidad, control judicial y revocabilidad.

Con todo el trabajo desarrollado, la CICIG se ha convertido en “la principal y eficaz herramienta” de trabajo en aquellos casos que, por el manejo mediático, la complejidad de sus elementos o las estructuras criminales implicadas, desarrollan “cierto grado de dificultad”.

En las conclusiones, la CICIG reconoce la coordinación existente con el Ministerio Público y la especial colaboración con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), de la que dice que ha demostrado “la calidad de su trabajo”, respaldado por un porcentaje “de alta efectividad”.

Además, la comisión, desde la reorientación del plan de trabajo en el año 2013, realiza una trasferencia “activa” de capacidades a funcionarios de diferentes instituciones para alcanzar, concluye, un sistema institucional “dinámico y continuo” y que por sus complejidades y deficiencias “aún no finaliza”.