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La CorteIDH concluye sesiones extraordinarias revisando 6 casos de Honduras
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) clausuró hoy en Tegucigalpa su 53 Período Extraordinario de Sesiones con una audiencia privada en la que revisó el cumplimiento de Honduras en seis casos relacionados a los derechos humanos y crímenes contra ambientalistas hondureños.
La CorteIDH recibió este sábado a las partes en una audiencia privada de “supervisión de cumplimiento de las sentencias” en los casos Juan Humberto Sánchez, López Álvarez, Servellón García, Kawas Fernández, Pacheco Teruel y otros, y Luna López.
Según un comunicado del organismo, la CorteIDH recibió por parte del Estado hondureño “información actualizada y detallada sobre el cumplimiento de determinadas medidas de reparación pendientes” en los casos.
También escuchó las observaciones de los representantes de las víctimas y el parecer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según la nota oficial.
Las reparaciones, cuyo cumplimiento fue tratado en la audiencia, se refieren a “condiciones de centros penitenciarios y capacitación de funcionarios y registro de detenidos”.
También se refiere a “protección de defensores de derechos humanos, en particular del medioambiente” y “ obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar las violaciones a derechos humanos ocurridas en dichos casos”.
Durante el período de sesiones, que inició el pasado 24 de agosto, la CorteIDH celebró la audiencia sobre el exsoldado peruano Valdemir Quispialaya Vilcapoma, quien perdió su ojo derecho de un culatazo que supuestamente le propinó un suboficial del Ejército de su país el 23 de enero de 2001 y exige justicia.
También se celebró la audiencia sobre un caso de presunta discriminación en Colombia que tiene que ver con una pareja del mismo sexo, de la que uno murió y el otro, que contrajo el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), reclama una pensión al Estado.
La CorteIDH realizó además dos audiencias judiciales por la supuesta violación del Estado hondureño a los derechos a la propiedad sobre el territorio de las Comunidades Garífunas Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, de acuerdo al comunicado.
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