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Las Cortes exigen vetar el acceso a subvenciones a las entidades locales que no rindan cuentas

Las Cortes Generales han acordado este martes reclamar al Gobierno promover las reformas legales oportunas para que la rendición de cuentas sea un requisito "indispensable" para el acceso por parte de las entidades locales y todos sus entes dependientes a las ayudas y subvenciones públicas, así como a la percepción de su participación en los tributos de otras administraciones.

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Las Cortes exigen vetar el acceso a subvenciones a las entidades locales que no rindan cuentas

Así consta en las propuestas de resolución aprobadas este martes por la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas sobre los informes del órgano fiscalizador respecto al sector público local en los ejercicios 2011 y 2012.

En sus textos, el Tribunal de Cuentas ya sugería vincular el acceso a subvenciones y ayudas por parte de los ayuntamientos a la rendición de cuentas en tiempo y forma, una vez constatada la existencia de retrasos y presentación incompleta de documentación por parte de ayuntamientos, diputaciones, comarcas, mancomunidades, consorcios, cabildos, consejos insulares, áreas metropolitanas y agrupaciones de municipios, entre otros entes locales.

Y es que, aunque señalaba que el nivel de rendición de cuentas en plazo experimenta una "notable mejoría en cada ejercicio", apenas el 40 por ciento de los organismos fiscalizados cumplieron la normativa en 2011 y el 65 por ciento un año más tarde.

De la misma forma, las Cortes han abierto la puerta a estudiar la posibilidad de "homogeneizar" los plazos de rendición de cuentas de las entidades locales para que sean uniformes en todo el país e incluir en ellas a aquellos organismos autónomos que ahora se quedan al margen de este control fiscalizador.

La Comisión Mixta, reunida en el Congreso, también insta a las diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares a "profundizar en el conocimiento y evaluación de las condiciones y circunstancias" en las que los ayuntamientos de población inferior a los 20.000 habitantes prestan sus servicios.

En este sentido, para la contratación administrativa desarrollada por los ayuntamientos, establece que, sin perjuicio de otras consideraciones, se primen las "mayores bajas" en la valoración de los precios de las ofertas; además de establecer los criterios de adjudicación "con claridad y precisión", acreditar la necesidad pública de las inversiones y dotar de "un mayor rigor en la elaboración, supervisión y replanteo de los proyectos de obras" para evitar la "proliferación de modificación en los contratos".

ELEVADO RECURSO A LA PRÓRROGA PRESUPUESTARIA

Otro aspecto en el que incidió el Tribunal de Cuentas fue el elevado recurso a la prórroga presupuestaria al que acudían las administraciones locales. En concreto, utilizaron este mecanismo un 88 por ciento de entidades en 2011 y un 87 por ciento en 2012, algo que el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda achacó a "una cultura de la gestión municipal no escrupulosa con el cumplimiento de los principios y normas".

Las Cortes han destacado este hecho en una de las resoluciones aprobadas, a propuesta de CiU, y han señalado que refleja la "compleja planificación presupuestaria que padecen" las entidades locales, dependientes en parte de las asignaciones que perciben de otras administraciones.

Además, a iniciativa del PP, las Cortes han emplazado a revisar la actual normativa en lo relativo a aquellas entidades cuyas cuentas no son aprobadas en el Pleno municipal por bloqueo de la oposición y han instado a las entidades locales a establecer medidas "de carácter estructural" para garantizar su suficiencia financiera, "evitando situaciones permanentes de desequilibrio financiero que den lugar a un incremento del endeudamiento".

Por último, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha conseguido el apoyo del resto de grupos parlamentarios para pedir que el Tribunal de Cuentas elabore un informe anual en el que ofrezca una visión global de la actividad económico-financiera de las administraciones públicas, "para conocer todas las cuentas de dichas administraciones durante el mismo ejercicio económico y sus interrelaciones financieras".

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