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Cuestionan la capacidad del Gobierno paraguayo para derrotar a la guerrilla

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Cuestionan la capacidad del Gobierno paraguayo para derrotar a la guerrilla

Cuestionan la capacidad del Gobierno paraguayo para derrotar a la guerrilla

El asesinato de un matrimonio alemán a manos del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), del que hoy se cumple una semana, ha acrecentado las críticas y dudas de la oposición sobre la capacidad del Gobierno para acabar con la guerrilla.

Robert Natto, de 60 años, cuya familia se estableció hace 40 años en el norte de Paraguay para dedicarse a la ganadería, y su esposa, Erika Reiser, de 53, fueron secuestrados y asesinados por el EPP el 28 de enero y hoy sus restos mortales fueron enviados a Alemania, donde por deseo de sus familiares serán enterrados.

El EPP ha asesinado a un total de 39 personas desde su creación en 2008, según el recuento oficial.

Pero, en este caso, se trata de las primeros ciudadanos extranjeros asesinados por el EPP, que además mantiene secuestrado a un policía paraguayo desde hace siete meses.

Tras el asesinato del matrimonio han arreciado las críticas al Gobierno de Horacio Cartes por parte de los partidos opositores, medios de comunicación e incluso algún político del gobernante Partido Colorado.

Las censuras son tanto para las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), creadas especialmente por el actual Gobierno para combatir al EPP, como para el ministro del Interior, Francisco de Vargas, cuya dimisión ha sido exigida por algunos miembros de la oposición.

"No hay resultados a pesar de las inversiones económicas. No se captura a los principales líderes y ahora hay muertos extranjeros", dijo a EFE el senador Roberto Acevedo, del opositor Partido Liberal.

El legislador aseguró que desde el Congreso han proveído "todo lo que el Gobierno solicitó" para ayudar en la lucha a la guerrilla, pero todo ha sido en vano.

Según Acevedo, la actual situación requiere de la ayuda de países como los vecinos Brasil y Argentina, pero en especial de Colombia, por su experiencia en el combate a grupos guerrilleros.

Nada más asumir la Presidencia, en agosto de 2013, Cartes decretó una serie de modificaciones de la ley de Defensa Nacional que le otorgan el poder para usar al Ejército en conflictos internos sin necesidad de declarar una emergencia nacional.

La nueva legislación dio como resultado la creación de las FTC, compuesta por militares, policías y agentes especiales para luchar en el terreno contra el EPP, en cuyas filas hay entre 20 y 40 personas, según el Gobierno.

Además, el Ministerio de Defensa aumentó su presupuesto un 28 % en 2014 con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 44,4 millones de dólares, según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

El grupo armado opera en el norte del país, en la encrucijada de tres departamentos: San Pedro, Concepción y Amambay.

Se trata de una de las zonas más pobres de Paraguay, muy cerca de las ciudades fronterizas con Brasil, que son consideradas un bastión del crimen organizado.

Desde que Cartes es presidente de Paraguay, el EPP ha asesinado a 19 personas, siete de ellas civiles, y las Fuerzas de Tarea Conjunta han terminado con la vida de once presuntos guerrilleros.

Cuatro eran miembros del EPP y siete se identificaban con una escisión llamada Asociación Campesina Armada (ACA), que según el Gobierno está integrada por personas mucho más jóvenes e incluso menores de edad.

La guerrilla mantiene secuestrado desde hace siete meses a un policía llamado Edelio Morínigo, por cuya libertad exige un canje por guerrilleros encarcelados.

El secuestro se produjo cuando la guerrilla tenía en su poder a Arlan Fick, hijo de colonos brasileños, que cumplió 17 años durante su cautiverio, que duró nueve meses.

Fick fue liberado las pasadas Navidades, meses después de que su familia pagara un rescate de medio millón de dólares, según anunciaron a los medios.

La falta de resultados en la lucha contra el EPP fue uno de los argumentos esgrimidos por el Partido Colorado y el Partido Liberal para destituir en un juicio parlamentario en junio de 2012 al presidente Fernando Lugo, que tuvo que dejar el poder un año antes de concluir su mandato.

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