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Directivos de CCM dicen que avalaron créditos sospechosos al confiar en el dictamen del Área de Riesgos

Los tres miembros de la Comisión Ejecutiva de Caja Castilla La Mancha (CCM) que han declarado este miércoles como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz han asegurado que avalaron créditos sospechosos concedidos por la entidad porque estos contaban con el dictamen favorable del Área de Riesgos y del Comité Superior de Riesgos, según han informado fuentes jurídicas.

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Ruz ha interrogado a lo largo de la mañana Federico Andrés Rodríguez Morata, Tomás Martín-Peñato y Florencio Fernández que ocuparon el cargo en el periodo comprendido entre el mes de julio de 2007 y marzo de 2009 y a los que imputa la comisión de un delito de administración desleal por aprobar "operaciones singulares" que contribuyeron a causar a la entidad un agujero de 267 millones de euros.

Los tres han puesto de manifiesto que carecían de capacidad ejecutiva en la Caja y que cobraban una dieta de 400 euros por cada reunión a la que asistían. Los encuentros tenían una periodicidad semanal, han puesto de manifiesto las mismas fuentes.

El catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha Rodríguez Morata, el que fuera presidente de CCM Martín-Peñato y el alcalde socialista de la localidad de Urda, Fernández, han indicado que en los encuentros la caja les facilitaba informes escuetos de las cuantiosas operaciones que debían estudiar ese mismo día.

Los informes se limitaban a reseñar la cuantía del préstamo, la empresa o particular que lo solicitaba, la valoración del Área de Riesgos y la del Comité Superior de Riesgos, del que formaba parte el exdirector general de la caja Ildefonso Ortega, sin aportar ninguna documentación adjunta.

ENORME VOLUMEN DE ASUNTOS

Los tres imputados han precisado, en respuesta a las preguntas efectuadas por la Fiscalía, que no solían pedir la documentación completa de la operación debido al enorme volumen de asuntos que se trataban en cada reunión de la Comisión Ejecutiva, que superaban habitualmente el centenar.

En la causa, en la que se investigan una veintena de préstamos y operaciones crediticias presuntamente irregulares llevadas a cabo por la Caja, ya se encuentra imputados el expresidente de CCM Juan Pedro Hernández Moltó y Ortega por delitos de administración desleal, estafa y falsedad contable.

Ruz imputó el pasado mes de octubre a estos tres exdirectivos y a otros cuatro miembros de la Comisión --José María Fresneda, Emilio Sanz Sánchez, Carlos Jiménez Morante y José Fernando Sánchez Bódalo-- por su responsabilidad en la aprobación de "operaciones singulares" que contribuyeron a la quiebra de la entidad.

El magistrado tomará declaración mañana a Fresneda, cuyo abogado no ha podido acudir hoy a la declaración, Sanz Sánchez, Jiménez Morante y Sánchez Bódalo. .El juez destacaba en un auto fechado el pasado 15 de octubre que, como administradores de derecho de la sociedad, habrían participado en la toma de decisiones colegiadas sobre las distintas operaciones económicas analizadas que habrían derivado en el ulterior perjuicio patrimonial para la entidad.

OPERACIONES CONTRARIAS A LA NORMATIVA

En otro auto dictado el pasado mes de enero, el juez solicitaba información sobre los créditos que la entidad concedió en 2007 y 2008 a las sociedades Luis Portillo-Inmobiliaria Colonial, Naropa-Fermoselle (Kopan Cartera), T-Solar Global y Renovalia, así como a las empresas del Grupo Lábaro Whitness Investment Group, Residencial Picón, Sersan Integral y Simcar Proyectos.

Todos ellos, según un informe elaborado por peritos del Banco de España, podrían ser "contrarios a la normativa bancaria y mercantil", por lo que su aprobación podría haber causado un "perjuicio" a la entidad financiera.

Ruz comenzó a investigar los hechos tras admitir a trámite una querella presentada por el exfiscal Ignacio Gordillo en representación del PP en el año 2010.

Indicó entonces que el rescate de la Caja evidenció "de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil", así como la existencia de suficientes indicios de un presunto delito defraudatorio contra una "generalidad de personas" afectadas por el "perjuicio patrimonial", como son "los depositantes y los acreedores" de la caja de ahorros.

El Consejo de Ministros aprobó el 29 de marzo de 2009 en una reunión de urgencia la intervención de la caja manchega, que fue la primera en ser nacionalizada con un rescate de 9.000 millones de euros. Moltó y Ortega fueron destituidos de sus cargos por el Banco de España por las presuntas irregularidades derivadas de su gestión.

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