Una empresa de Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal, única aspirante al servicio de limpieza urbana de Alicante

Así lo ha explicado a Europa Press el concejal de Atención Urbana de la capital alicantina, Andrés Llorens, después de que este miércoles se haya procedido a la apertura de plicas. El plazo para la presentación de ofertas por parte de las mercantiles finalizó este pasado martes, y la citada UTE ha sido la única que ha ofertado.

Llorens ha explicado que la contrata contempla un periodo inicial de ocho años para la prestación del servicio, prorrogable otros cuatro, con un tipo de licitación de 35 millones de euros al año. Así, ha indicado que la adjudicación definitiva podría realizarse a partir de la segunda mitad del próximo mayo, ya que la propuesta tiene que ser “analizada” por dos mesas de contratación.

El edil, preguntado sobre su valoración hacia la concurrencia de empresas, ha afirmado que esperaban “más participación”, si bien ha resaltado que se trataba de un pliego “muy ajustado”. “Es lo que hay, no es lo que nos hubiera gustado”, ha añadido.

Igualmente, ha recalcado que las bases de la contrata son “muy interesantes” para el Ayuntamiento de Alicante, y “poco atractivas” para las mercantiles, tras lo que ha incidido en que el consistorio “esperaba” un mayor número de ofertas.

El constructor Enrique Ortiz es uno de los principales imputados en la causa abierta por presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, un caso conocido como Brugal que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ya que también están imputados la alcaldesa de la ciudad y su predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, ambos diputados.