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España dona 164.000 dólares a la Comisión contra la Impunidad de Guatemala

El Gobierno de España ha donado 164.473 dólares (150.000 euros) a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para que continúe con la lucha contra la corrupción e impunidad en el país.

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España dona 164.000 dólares a la Comisión contra la Impunidad de Guatemala

España viene apoyando a la CICIG desde su fundación, en el año 2008, y con esta nueva donación la aportación española a la Comisión alcanza ya cerca de 10 millones de dólares (7,3 millones de euros), según ha recordado el embajador español en Guatemala, Alfonso Portabales.

"La cifra puede ser fría, lo que no es frío es el compromiso y el apoyo que el Sistema de Naciones Unidas y la CICIG han recibido de parte de España, y hoy ratificamos con la firma de este adendum al acuerdo que tenemos desde el 2008 (..). Estamos muy satisfechos de honrar los compromisos asumidos desde el comienzo de la CICIG", ha aseverado el diplomático.

El documento para la aportación española fue firmado este jueves, 12 de noviembre, por el embajador de España en Guatemala, Alfonso Portabales; Valerie Julliand, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala; e Iván Velásquez Gómez, jefe de la CICIG.

Como invitada de honor participó Ofelia González, secretaria privada del Ministerio Público guatemalteco, quien lo hizo en representación de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana.

El comisionado Iván Velásquez ha agradecido el apoyo del Gobierno español: "Si bien la obtención de los fondos es indispensable para el cumplimiento de nuestra labor, el respaldo que refleja esa donación que nos da España significa políticamente mucho más en cuanto demuestra que comparte los objetivos que la CICIG viene impulsando y por lo que viene luchando con el Ministerio Público --que son los objetivos de Guatemala-- en el fortalecimiento de sus instituciones y principalmente del sector justicia".

Según ha resaltado, aparte de los resultados positivos que la CICIG, junto con el Ministerio Público, ha presentado, también ha sido "fundamental" la movilización ciudadana que está reclamando que las instituciones nacionales actúen con decisión en esa lucha contra la impunidad.

Por su parte, Valerie Julliand ha señalado que para continuar con el trabajo de la lucha contra la corrupción e impunidad se necesita el apoyo de la comunidad internacional, tal como lo ha proporcionado desde la creación de la CICIG, y ha destacado la solidaridad que ha manifestado la comunidad internacional con Guatemala, ya que pese a las crisis que viven algunos países de Europa, siguen apoyando a los guatemaltecos.

Ha agregado que el trabajo de la CICIG no sería posible sin la participación de las instituciones del Estado como el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y Organismo Judicial, y también ha resaltado la participación ciudadana que se ha manifestado en los últimos acontecimientos que ha vivido el país.

"El trabajo que realiza CICIG con el Ministerio Público y otras instituciones está dentro del objetivo #16 de los objetivos del desarrollo sostenible que promueve sociedades justas, especialmente en el tema de la justicia", ha concluido.

¿QUÉ ES LA CICIG?

Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el 12 de diciembre de 2006 el acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el cual, tras la Opinión Consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en Mayo de 2007, fue ratificado posteriormente por el Congreso de la República el 1 de Agosto de 2007.

Fue así como se creó la CICIG como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones de Guatemala, tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos.

Ello, mediante el apoyo a la investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos, así como mediante otras acciones dentro de su mandato, destinadas a fortalecer a las instituciones del sector Justicia para que puedan continuar enfrentando a estos grupos ilegales en el futuro.

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