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Generalitat ordenó seguir con el 9N a una empresa que temía incumplir la ley

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La Generalitat gastó 1,9 millones de euros en el 9N, según el conseller de Economía

La Generalitat gastó 1,9 millones de euros en el 9N, según el conseller de Economía

La Generalitat ordenó seguir adelante con sus trabajos a una empresa contratada para la gestión del 9N, después de que ésta le preguntara si el encargo quedaba afectado por la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional (TC) y le recordara su "compromiso" con la legalidad.

Así se desprende de la documentación, a que ha tenido acceso Efe, que los contratistas y la propia Generalitat han remitido, a instancias de la Fiscalía, al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga al presidente en funciones, Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la consellera Irene Rigau por la celebración de la consulta del 9N.

El TSJC centra su investigación sobre el 9N en averiguar si la Generalitat mantuvo los preparativos sobre la votación una vez que el Tribunal Constitucional había suspendido la consulta, por si ello pudo constituir un delito de desobediencia.

A raíz la última documentación remitida al alto tribunal catalán, la Fiscalía ha pedido al TSJC que ordene nuevas diligencias para aclarar cómo el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI) proporcionó las plataformas informáticas para la votación del 9N y si se usaron ficheros públicos con datos personales.

Entre la nueva documentación aportada al TSJC figura una carta que el director gerente de T-Systems, la empresa a la que la Generalitat contrató la instalación de programas informáticos para la consulta, remitió al director gerente del CTTI, Jordi Escalé, para saber si su encargo se había visto afectado por la suspensión del 9N acordada por el Tribunal Constitucional (TC).

La carta fue enviada el 4 de noviembre de 2014, el mismo día que el TC suspendió la consulta al admitir a trámite el recurso del Gobierno.

En la misiva, T-Systems precisaba los tres puntos del encargo que creía que podían verse afectados tras la suspensión: la web de registro, presentación y publicación de resultados, el apoyo técnico durante la recogida de resultados y el apoyo de guardia sobre las infraestructuras del centro de procesamiento de datos ante posibles incidencias técnicas.

En el caso de que estos trabajos quedaran afectados por la decisión del TC, el responsable de T-Systems solicitaba a la Generalitat instrucciones "detalladas" respecto a cómo tenían que proceder a partir de entonces.

"Rogamos vuestra rápida respuesta, ya que este es un asunto sensible para nuestra organización, comprometida con el cumplimiento estricto de la legalidad y a la vez con una excelente prestación de servicios", remarcaba la carta.

El 7 de noviembre, tan sólo dos días antes de la consulta, el director gerente del CTTI respondió a T-Systems con una misiva de ocho líneas en la que afirmaba que el presidente del Centro de Telecomunicaciones había recabado la opinión de los servicios jurídicos de la Generalitat, que concluían que "ninguna de las actividades" del encargo "resultan explícitamente afectadas" por la resolución del Constitucional.

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