Gipuzkoa defiende la amnistía y los indultos en su plan de convivencia

La Diputación de Gipuzkoa, que gobierna Bildu, ha incluido la posibilidad de recurrir a “leyes de amnistía” y a “indultos” dentro del principio de “justicia transicional” que inspira su Plan de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Convivencia.

El plan ha sido presentado hoy en una rueda de prensa por el diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, y por la directora de Derechos Humanos, Marina Bidasoro, aunque el documento completo, de 53 páginas, ha sido dado a conocer posteriormente a través de la página web de la institución foral.

En él se concreta qué medidas podrían ser utilizables en Euskadi bajo el principio de “justicia transicional”, que está “formada por un conjunto de mecanismos jurídicos y políticos que tienen que responder a un equilibrio buscado y acordado entre las necesidades de paz y las de justicia”.

Estos mecanismos judiciales son, según la Diputación, “leyes de amnistía e indulto, investigación, procesos judiciales y sentencias penales”, mientras que los instrumentos políticos y sociales serían “las indemnizaciones, reconocimientos morales y los homenajes” a las víctimas.

En la presentación, preguntado sobre qué aplicación tendría el principio de justicia transicional en el País Vasco, Martín Garitano no se ha referido a estos instrumentos legales, sino que ha asegurado que se trataba de aplicar la justicia “con sensatez”.

La Diputación entiende que se debe avanzar en los procesos de reconciliación, garantizando los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad, a la justicia y a la reparación“, al tiempo que ha abogado por ”evitar en lo posible la impunidad, proveer de justicia a las víctimas y responsabilizar a los culpables“.

El Plan critica la “asimetría” con la que, a su juicio, se ha tratado desde el ámbito público a las víctimas de la violencia, ya que mientras los afectados de ETA han sido objeto de medidas de reconocimiento desde que se aprobó la primera ley de solidaridad en 1999, las “injusticias” padecidas por las víctimas de “la violencia llevada a cabo por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado o grupos de extrema derecha” no ha sido tenida en cuenta.

El texto reprocha al Gobierno Vasco que no haya sabido “corregir esa asimetría”, ya que en la legislación que ha promovido existe una “preocupante carencia”, referida a “los casos de torturas”.

El Plan de Convivencia de la Diputación denuncia que prácticamente el 100 % de las denuncias de malos tratos son archivadas, critica la doctrina Parot y aboga por la “sensibilización social” y la “denuncia pública” de la “situación penitenciaria” de los presos y de la “legislación antiterrorista”.

La institución foral considera que la “legislación asimétrica” ha provocado que “a distintas víctimas les correspondan distintos derechos”, tras lo que resalta que “las políticas y la normativa penitenciaria de excepción en vigor violan constantemente los derechos de las personas en prisión”.