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El Gobierno canario anuncia un recurso de inconstitucionalidad contra la Lomce

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El Gobierno canario anuncia un recurso de inconstitucionalidad contra la Lomce

El Gobierno canario anuncia un recurso de inconstitucionalidad contra la Lomce

El Gobierno de Canarias presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) aprobada hoy en el Congreso, porque invade competencias autonómicas, ha anunciado el consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, José Miguel Pérez.

En un comunicado, el también vicepresidente del Gobierno canario dice que la Lomce es el triunfo de la "sinrazón del Partido Popular porque elimina el principio de la Educación como servicio público", y considera que el paso del proyecto de ley por el Congreso y el Senado ha servido para "empeorar con creces" el texto inicial.

A juicio de José Miguel Pérez (PSOE), esta ley forma parte de una política de "retroceso constitucional" y es un "ajuste de cuentas que el PP está haciendo a lo que fue en su día el pacto constitucional, eliminando buena parte de los avances que ha tenido nuestro país en los últimos treinta años".

El consejero asegura que el Gobierno canario tiene claro lo que hay que hacer con la Lomce "mientras dure, ya que no nos resignamos al triunfo de la sinrazón y vamos a actuar para evitar sus efectos perniciosos, pero siempre con la Ley en la mano y teniendo en cuenta el sentir general de la comunidad educativa".

El Gobierno de Canarias, indica su consejero de Educación, tratará de evitar los efectos que puedan ser irreversibles y preservar la equidad como valor esencial.

La Consejería ha trasladado a toda la sociedad canaria su disposición para realizar una implantación "inteligente y consensuada de la Lomce que evite daños irreversibles para el alumnado, las familias y el profesorado".

Afirma que es posible adoptar medidas concretas que preserven el carácter de servicio público esencial de la Educación, que es posible prolongar el derecho a la educación obligatoria del alumnado que no supere la revalida de la ESO, que se pueden mantener la atención a las necesidades educativas a lo largo de la etapa secundaria obligatoria.

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