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Investigan si la juez Rosell, candidata de Podemos, favoreció a un empresario

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Investigan si la juez Rosell, candidata de Podemos, favoreció a un empresario

Investigan si la juez Rosell, candidata de Podemos, favoreció a un empresario

La Fiscalía ha abierto una investigación para aclarar si la candidata de Podemos Victoria Rosell favoreció como juez al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en la causa en la que le investigaba por un presunto fraude a Hacienda por negocios de su pareja, el periodista Carlos Sosa.

En esa instrucción, se indaga si Ramírez defraudó durante años más de 20 millones de euros a la Seguridad Social y a Hacienda pagando como si fueran dietas (que no tributan) las horas extras que realizaban los vigilantes de Seguridad Integral Canaria, una de sus empresas más importantes, que tiene entre sus clientes al Metro de Madrid y a varios organismos oficiales en la capital y en las islas.

La fiscal, Evangelina Ríos, ya había manifestado durante la tramitación del caso sus discrepancias con la actuación de la juez Rosell, contra la que presentó una queja a principios de año ante el Consejo General del Poder Judicial para acusarla de retrasar la instrucción, que fue archivada el pasado mes de septiembre.

Según publican hoy los diarios "La Provincia", "Canarias 7" y "El Mundo", la misma fiscal ha abierto ahora unas diligencias para aclarar si la juez Rosell -que está en excendencia desde hace mes y medio- siguió al frente del caso mientras su pareja, Carlos Sosa, editor del diario digital Canariasahora.com negociaba alquilar a Miguel Ángel Ramírez a una licencia de radio en FM.

El presidente y accionista mayoritario de la UD Las Palmas necesitaba una frecuencia para que la emisora oficial del club siguiera en el aire, después de que el Gobierno de Canarias le advirtiese formalmente de que carecía de autorización para continuar ocupando con sus programas el punto 93.8 del dial.

Ls UD Las Palmas llegó hace un mes a un acuerdo con la empresa de Sosa que le permite utilizar su licencia a cambio del pago de 100.000 euros en la firma del contrato (el pasado 28 de octubre), 1.500 mensuales hasta 2027 y 50.000 más al término de ese plazo.

La fiscal quiere averiguar si Rosell siguió tramitando el caso contra Ramírez mientras su pareja negociaba con el empresario ese contrato, si legalmente tendría que haberse apartado de la causa y si su conducta como instructora estuvo o no condicionada por ello.

Rosell, que era titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, solicitó al CGPJ su excedencia el pasado 15 de octubre y le fue concedida una semana más tarde, el 22.

El pasado domingo, durante un mitin con Juan Carlos Monedero en la capital grancanaria, criticó en su intervención la dependencia de la Fiscalía y de los vocales del CGPJ de los nombramientos que realiza el Gobierno, en un argumento que terminó así: "Veremos si algún compañero o compañera no me tiene alguna guardada por haber dado este paso" (en referencia a su candidatura).

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